Guanajuato, Gto. 09 de mayo 2025.- A finales de abril, Lizeth Galván Cortéz, secretaría de cultura del estado de Guanajuato, prometió un Plan Estatal que será seguramente controversial cuando se cambien los ejes de la política cultural del estado que, en la era del Instituto Estatal de Cultura, se canalizaba a la promoción de la lectura.

Entendiendo las políticas culturales como las acciones de gobierno encaminadas para influir en sus gobernados, seguramente sorprenderán los cambios radicales que se vislumbran en los supuestos 5 millones de pesos canalizados para que Guanajuato tuviera participación en el Longines Global Champions Tour 2025 de la ciudad de México.

Pues suena bien, al parecer las nuevas atribuciones del Plan Estatal de Cultura implican la cultura monárquica, por ello hay que actuar como reyes o reinas y por lo mismo a sus aficiones, aunque cueste entender si el salto de obstáculo en caballo tenga influencia en quienes difícilmente pagamos el camión colectivo.

El cambio radical va en serio, si a esta hermosa muestra del entendimiento de la cultura del gobierno de la gente se suma que no hay presupuesto para que los autores guanajuatenses puedan ser llevados a la Feria del Libro de Guadalajara, en otro de los escándalos que se concentran en la renta y usufructo de los espacios culturales como el Teatro Juárez…

Eso sí, no se sabe mucho del presupuesto anual, que en este caso rozó el medio millón de millones de pesos y se especula que se está gastando en ampliar la burocracia dorada y sus excentricidades… en fin, cuando se publique el Plan estatal de Cultura se sabrá.

En medio de un país donde informar puede costar la vida y donde defender los derechos humanos muchas veces se paga con amenazas, hostigamiento y silencio forzado, Guanajuato comienza a levantar la voz.

En el Congreso del Estado, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables avanzó en los trabajos de una iniciativa que podría cambiar el destino de cientos de personas que, todos los días, salen a documentar la verdad, a señalar abusos, a buscar justicia, y a exigir respuestas que otros prefieren ocultar.

Se trata de una propuesta de reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Y no es cualquier reforma: esta busca ampliar las medidas preventivas y de protección para quienes hoy ejercen el periodismo o la defensa de los derechos humanos en un entorno cada vez más hostil.

Durante la sesión, las y los legisladores coincidieron en algo fundamental: esta no es solo una reforma de papel. Es una declaración de principios. Un grito colectivo para decir que la dignidad humana no puede ser negociable. Que no habrá democracia plena mientras un periodista tenga miedo de escribir, mientras un defensor dude en alzar la voz por temor a desaparecer.

El Congreso reconoció con claridad lo que muchos prefieren ignorar: que cada nota periodística, cada búsqueda de una persona desaparecida, cada denuncia por tortura o abuso de autoridad, se hace con el corazón en la mano, con la valentía de quienes saben que lo que está en juego no es solo una historia, sino la vida misma.

Porque ejercer el periodismo o defender los derechos humanos en México es un acto de valentía. Detrás de cada investigación hay personas que han convertido la verdad en su causa de vida. Y muchas veces, su compromiso los ha llevado a pagar un precio demasiado alto: la pérdida de su libertad, de su integridad, e incluso, en los casos más desgarradores, de su propia vida.

Por eso, esta reforma no puede quedarse en el archivo legislativo. Es urgente. Necesaria. Vital. Porque busca proteger a quienes hoy documentan lo que otros no quieren ver: a quienes buscan entre fosas y papeles oficiales las pistas de miles de personas desaparecidas; a quienes denuncian el abuso del poder y revelan verdades incómodas.

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La iniciativa también reconoce el papel esencial de los periodistas en la vida democrática. Ellos no solo informan: forman opinión, vigilan al poder, generan debate, y lo más importante, garantizan que la ciudadanía pueda ejercer su derecho a la verdad.

Respaldar esta reforma no es un acto político. Es un acto de justicia. Es apostar por un estado donde la crítica no sea castigada, donde la información fluya libremente y donde nadie tenga que elegir entre decir la verdad o mantenerse con vida.

Hoy Guanajuato tiene la oportunidad de ponerse del lado correcto de la historia. Y ojalá que esta reforma no solo avance, sino que inspire a otros estados a seguir el mismo camino.

Lo que comenzó como un delito local entre brechas rurales y ductos mal vigilados, hoy es un negocio global que pone a México en el centro de un tráfico energético internacional. Y Guanajuato sí, el corazón del Bajío es una pieza clave en esta maquinaria clandestina que mueve millones de dólares y petróleo por continentes.

Un reciente informe de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) ha puesto los reflectores en un esquema cada vez más complejo: el tráfico de combustible robado a Petróleos Mexicanos (Pemex), desde México, pasando por Estados Unidos y llegando hasta India, Japón y regiones de África.

La ruta comienza en tierra firme. Veracruz, Jalisco, Puebla, Hidalgo y Guanajuato, figuran como puntos de extracción donde el huachicol no es solo gasolina: se trata de petróleo crudo agrio y pesado, sustraído directamente de los ductos o incluso de refinerías y pipas completas. En Guanajuato, un estado que ya sufre por la violencia y la corrupción institucional, ahora también se perfora el subsuelo con fines de contrabando global.

Desde ahí, viaja hacia estados fronterizos como Tamaulipas, donde entra en juego el camuflaje. El petróleo se etiqueta falsamente como “aceite usado” o residuos industriales peligrosos, para así cruzar hacia Texas sin ser detectado por controles aduanales. Ya en territorio estadounidense, el crudo se almacena en instalaciones especializadas y se vende a través de empresas fantasma, generando una cadena de complicidades que involucra a importadores “legítimos” en el mercado energético global.

El informe de FinCEN es claro: los cárteles mexicanos han perfeccionado esta operación, moviendo grandes cargamentos en barcos petroleros con destino a mercados en Asia y África. Cada envío puede representar más de cinco millones de dólares en ganancias, y se realizan varios embarques al mes.

El petróleo robado en Guanajuato puede estar hoy en una turbina en la India o moviendo maquinaria pesada en el Congo.Mientras tanto, México no solo pierde combustible: pierde millones de dólares, pierde soberanía energética y pierde control sobre un crimen que ya rebasó las fronteras.

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