El Congreso del Estado hizo un llamado al gobierno municipal para que atienda el problema de los camiones pirata que circulan en la capital sin permisos ni concesiones, afectando tanto a los usuarios como a los transportistas que cumplen con la ley. La situación se mantiene pese a que ya transcurrió más de un año de la actual administración, tiempo durante el cual el transporte público ha mostrado deficiencias en servicio, seguridad y mantenimiento de unidades.

La diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, presidenta de la Comisión de Movilidad y Transporte del Poder Legislativo, señaló que es urgente revisar las rutas donde operan estas unidades irregulares y tomar medidas concretas para garantizar un servicio de transporte digno y seguro para todos los guanajuatenses. Según la legisladora, la proliferación de camiones pirata genera un desequilibrio en la competencia y pone en riesgo la seguridad de los pasajeros.

Desde el Congreso, la exigencia es clara: las autoridades municipales deben poner orden en el transporte público, sancionar a quienes operan sin concesión y asegurar que los ciudadanos puedan movilizarse con confianza y seguridad. Pedroza Orozco enfatizó que permitir la operación de unidades irregulares daña tanto la economía del transporte legal como la confianza de los usuarios.

Los ciudadanos y usuarios del transporte han expresado su frustración ante la falta de acción, destacando que la combinación de unidades antiguas, rutas ilegales y mal servicio ha convertido el transporte en la capital en un problema cotidiano. Las autoridades municipales tienen ahora el reto de regularizar y mejorar el servicio, mientras el Congreso seguirá dando seguimiento al caso para exigir resultados tangibles.

Guanajuato, Gto.– El grupo parlamentario del Partido Movimiento Ciudadano presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Universidad de Guanajuato a analizar la viabilidad presupuestaria de implementar un sistema de estancias y viviendas universitarias en las ciudades y localidades donde tiene presencia con sedes, divisiones o campus.

El diputado Rodrigo González Zaragoza, promotor de la propuesta, explicó que el acceso a la vivienda en arrendamiento se ha convertido en una condición esencial para la vida estudiantil en Guanajuato, entidad que recibe a miles de universitarios provenientes de distintos municipios y estados.

Señaló que el arrendamiento habitacional es una tendencia creciente y necesaria, pero en la capital del estado la crisis de vivienda se ha agudizado, afectando particularmente a los jóvenes estudiantes, quienes enfrentan dificultades para encontrar espacios accesibles.

El legislador subrayó que muchos propietarios han optado por destinar sus inmuebles a plataformas como Airbnb, lo que ha reducido la oferta de viviendas en renta para estudiantes. Además, mencionó que, de acuerdo con datos de la dependencia estatal Juventudes, el 49% de los jóvenes en Guanajuato enfrentan rechazo al intentar rentar un cuarto.

González Zaragoza destacó que la Universidad de Guanajuato, como institución rectora de la educación superior en el estado, tiene el reto de atender las condiciones materiales que influyen en la vida académica de su comunidad estudiantil.

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Añadió que, según un estudio de La Bancada Naranja, casi la mitad del alumnado destina entre 2 mil 500 y 3 mil 500 pesos mensuales al pago de renta, lo que impacta directamente en su estabilidad económica y limita su capacidad para ejercer otros derechos, como el acceso pleno a una educación superior de calidad.

El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología y Cultura para su estudio y análisis.

Guanajuato, Gto.– La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, integrante del grupo parlamentario de MORENA, presentó un punto de acuerdo en el Congreso del Estado para exhortar a la Contraloría Municipal de Guanajuato a realizar una investigación exhaustiva, objetiva e imparcial sobre presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento capitalino, particularmente en torno a la asignación de concesiones en el Mercado Hidalgo.

El exhorto busca que la Contraloría identifique posibles conflictos de interés, actos de nepotismo y uso indebido de atribuciones, y que, en caso de comprobarse irregularidades, se impongan sanciones administrativas o se promuevan las responsabilidades correspondientes. Además, se solicita la intervención de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato para investigar y, en su caso, perseguir penalmente las conductas señaladas.

Aguilar Castillo expuso que, en mayo de este año, se registraron una serie de irregularidades sistemáticas durante un operativo municipal en el Mercado Hidalgo, en el que participaron varios funcionarios, incluido el entonces director del Departamento de Servicios Jurídicos.

La legisladora también recordó que en 2024 el Ayuntamiento de Guanajuato emitió una convocatoria pública para otorgar títulos de concesión del servicio público de mercados, la cual, según afirmó, presentaba vicios sustanciales que derivaron en graves irregularidades.

Agregó que se han documentado casos donde las concesiones fueron otorgadas a personas con vínculos directos con funcionarios municipales y que la entrega de locales se realizó sin procedimientos administrativos o judiciales que garantizaran el debido proceso, negando a los afectados su derecho de audiencia y defensa.

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Ante estas acciones, varios comerciantes han tenido que recurrir a juicios de amparo para la protección de sus derechos fundamentales, lo que evidencia la posible ilegalidad de las actuaciones municipales, señaló la diputada.

Finalmente, Aguilar Castillo advirtió que el uso de convocatorias públicas para beneficiar a allegados a funcionarios, el nepotismo en el otorgamiento de concesiones y el uso de prestanombres para encubrir intereses personales dañan la confianza ciudadana en las instituciones y vulneran los principios de legalidad y transparencia que deben regir la función pública.