El anuncio del Ayuntamiento de Guanajuato capital sobre el llamado “Gran Ofertón”, que reduce multas de tránsito a 340 pesos hasta el 30 de noviembre, generó fuertes críticas entre ciudadanos y especialistas. Aunque el gobierno municipal lo presenta como un beneficio para “regularizarse”, diversos sectores consideran que esta estrategia no es más que una medida recaudatoria disfrazada de apoyo, pues no atiende el origen real de las infracciones ni los problemas estructurales en la gestión de tránsito.

Para críticos del esquema, el descuento masivo no resuelve el desorden vial ni la falta de claridad en los criterios con los que la autoridad aplica y cobra las multas. Señalan que si el municipio puede reducir infracciones de forma generalizada, entonces se evidencia que las sanciones están infladas desde el inicio y que el sistema se ha convertido en un mecanismo de ingresos, no en una herramienta de ordenamiento. “Un descuento así solo confirma que las multas no son proporcionales ni justas”, opinan ciudadanos afectados.

Además, usuarios señalan que el ayuntamiento debería concentrarse en mejorar la señalización, modernizar los procesos de inspección y capacitar a elementos de tránsito, en lugar de promover campañas que solo buscan que la gente pague rápido. Denuncian que, mientras se invita a “aprovechar ofertas”, persisten problemas graves como malos operativos, criterios discrecionales al infraccionar y falta de seguimiento a verdaderas conductas de riesgo, como transporte público pirata.

La contranarrativa es clara: más que un beneficio, el “Gran Ofertón” refleja la incapacidad del gobierno municipal para administrar el tránsito sin recurrir a políticas de recaudación disfrazadas de promociones. Para los ciudadanos, la verdadera solución no está en descontar multas, sino en evitar que se generen por errores operativos, criterios inconsistentes y una gestión que necesita vigilancia y transparencia urgente.

El sistema de transporte público de Guanajuato capital atraviesa una de sus peores etapas, de acuerdo con usuarios y operadores que reportan un incremento notable de unidades sin concesión y otras que circulan sin número económico, lo que provoca que sean confundidas con transporte pirata. La falta de claridad y supervisión, señalan, ha generado incertidumbre entre los pasajeros y un servicio cada vez más irregular.

A esta problemática se suma el caso de unidades que, pese a estar registradas, operan en condiciones cuestionadas por los propios choferes. Dos camiones fueron señalados por encontrarse fuera de servicio: el GU-0024 y otra unidad que cubre la ruta hacia El Manantial. Usuarios aseguran que ambas pertenecen a un prestanombre vinculado a un exalcalde, situación que, afirman, debería ser revisada por la autoridad para determinar su condición legal y operativa.

Además, pasajeros han reportado la presencia de operadores que actúan de manera prepotente, especialmente en la unidad que cubre la zona de El Manantial. De acuerdo con testimonios, un chofer al que identifican únicamente por un apodo es señalado por actitudes groseras, comportamiento conflictivo con otros operadores y prácticas como robarse el pasaje. Usuarios consideran que este tipo de conductas agravan la percepción de desorden y falta de control dentro del sistema.

Exigen revisar la situación legal de las unidades sin concesión, transparentar el padrón oficial y sancionar a quienes incurran en prácticas indebidas. La ciudadanía insiste en que el transporte público necesita una reestructuración profunda para recuperar orden, seguridad y un servicio digno para la capital del estado.

Vecinos de la Calle Arroyo Verde, al sur de la capital, denunciaron nuevamente los fuertes olores que emanan del Centro de Control Animal (CECA), donde se incineran cuerpos de animales sacrificados. Aseguran que la situación se ha vuelto insostenible y exigen la reubicación inmediata del crematorio municipal.

De acuerdo con los residentes, las quemas se habían suspendido tras quejas previas, pero se reanudarion sin aviso, provocando molestias y preocupación por posibles afectaciones a la salud.

El crematorio opera dentro de una zona habitada, pese a que la NOM-087-ECOL-SSA1 establece que las instalaciones destinadas a residuos biológico-infecciosos deben ubicarse lejos de viviendas, escuelas y hospitales.

Los colonos piden que el municipio cumpla con la normativa ambiental y traslade el crematorio a un área abierta y segura.

Hasta el momento, las autoridades no han emitido respuesta oficial a las denuncias.

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