Un reporte ciudadano denunció presuntas irregularidades cometidas por elementos de Tránsito pertenecientes al grupo que encabeza Julio García, quienes habrían realizado un operativo el pasado sábado 22 de noviembre debajo de El Grill, donde señalan acostumbran a realizar este tipo de prácticas. Se observa a García presente durante las acciones, de acuerdo con lo referido.

Según el reporte, los agentes detuvieron a varios motociclistas sin solicitarles documentos y procedieron directamente a levantar multas y retirar las unidades. Los ciudadanos aseguran que los jóvenes conductores no tuvieron oportunidad de mostrar licencia, tarjeta de circulación o seguro, lo que consideran un procedimiento irregular y arbitrario.

Piden a las autoridades ya no municipales si no estatales o federales o ya al mismo congreso del estado, supervisar estrictamente el actuar del grupo operativo, pues afirman que este tipo de intervenciones frecuentes bajo el Grill, glorieta unesco y varios puntos de la ciudad, generan desconfianza, posibles abusos y afectaciones a quienes cumplen con los requisitos para circular. Exigen que los operativos se realicen con transparencia y conforme a la ley

La reciente convocatoria para concesiones de transporte público en la capital ha generado inconformidad entre consesionarios y permisionarios, quienes consideran que las nuevas reglas dejan fuera a casi todos los interesados al exigir solvencia económica que pocos pueden cumplir. Señalan que la alcaldesa pide requisitos que no corresponden a la realidad del sector, como demostrar la capacidad para adquirir unidades que superan los dos millones de pesos, una cifra que —aseguran— resulta imposible de cubrir para la mayoría de quienes hoy operan el servicio.

La propia convocatoria impediría la participación de personas del ayuntamiento que no son conocidos del transporte local, como el Regidor Angel Araujo quien tiene 2 peceras para el Lomas del Padre, y como el presta nombre Lalo Soto el cual tiene 2 rutas para el Manantial, Pueblito y Rocha con el camión Gu-0024 y la pecera Gu-00, así como unidades “piratas” que continúan circulando sin regulación formal. Aseguran que, bajo los filtros actuales, tampoco sería admitida una parte de los permisionarios que prestan el servicio, lo que deja prácticamente a una sola empresa con la solvencia requerida por la administración municipal, (Flecha Amarilla).

Transportistas consideran que exigir camiones nuevos o híbridos, sumado a un modelo financiero tan elevado, no apunta a mejorar la movilidad, sino a reducir la competencia. Señalan que los costos operativos, las calles deterioradas y un posible pasaje de 10 pesos representan un escenario insostenible para cualquier operador fuera del único grupo económico que podría cumplir con los requisitos (Flecha Amarilla). Para ellos, establecer tarifas tan bajas dañaría aún más el mantenimiento de las unidades, mientras que este sector depende de tarifas más altas —de 20 o 25 pesos— para sostener sus rutas.

Además, cuestionan que las reglas “para modernizar el transporte” no tomen en cuenta las condiciones reales del trabajo diario, ni los ingresos de quienes han operado durante años sin apoyos municipales durante estos 2 ultimos gobiernos municipales. Aseguran que, si la intención fuera mejorar el servicio, el gobierno debería abrir alternativas accesibles, incentivar la regularización de unidades y garantizar mejoras en la infraestructura antes de imponer lineamientos que parecen diseñados para que solo un participante tenga posibilidades reales de ganar.

Finalmente, transportistas advirtieron que la convocatoria podría profundizar la desigualdad en el servicio y dejar sin sustento a decenas de familias que dependen de la operación del transporte urbano y suburbano. Así como los concesionarios llevan sustento a su hogar también los choferes tienen familia que mantener y se quedarían sin empleo muchos. Consideran que es un proceso verdaderamente transparente debe incluir a todos los concesionarios y permisionarios y evitar criterios que, en lugar de avanzar hacia la movilidad digna, terminen concentrando el transporte público en pocas manos.

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La reciente aprobación de las bases para la licitación de 99 rutas del transporte público en Guanajuato capital encendió alarmas entre concesionarios locales, quienes advierten que los requisitos establecidos por la Comisión Técnica están diseñados para dejarlos fuera del proceso. Durante una reunión sostenida este jueves, transportistas señalaron que la convocatoria exige certificaciones de calidad que prácticamente ninguna empresa del estado posee, salvo una flecha amarilla y que imponen un capital contable imposible de cumplir para cualquier operador tradicional del municipio.

De acuerdo con los concesionarios, el proyecto solicita un capital contable de dos millones de pesos por unidad, lo que implica que quien desee participar con una sola ruta debe demostrar ese monto, y quien aspire a operar varias unidades necesitaría de tener millones de pesos. “Ningún concesionario local puede cubrirlo”, advirtieron, señalando que ni siquiera ciudades grandes como León cuentan con capitales contables tan elevados. Aseguran que este diseño no solo excluye al transporte municipal, sino que favorece directamente a grandes corporaciones que sí pueden cumplir esos estándares.

Los transportistas también denunciaron que las autoridades no ofrecen apertura al diálogo. Aunque se insistió en revisar las modificaciones del anexo técnico para analizarlas al día siguiente, la Comisión Técnica declaró concluidos sus trabajos, dejando a los concesionarios solos ante un proceso que consideran injusto y dirigido. “Nos dijeron que nos descartarán en las mesas de revisión y hasta ahí”, lamentaron, acusando que las decisiones se toman sin incluir a la ciudadanía, ni a los usuarios que hoy sí están conformes con el servicio local.

Otro de los señalamientos críticos es que el PIMUS, documento base del proyecto de movilidad, ni siquiera cumple con los requisitos de Banobras para obtener financiamiento federal, lo que provocará que cualquier empresa que gane la licitación deba operar con recursos propios. Eso disparará inevitablemente la tarifa técnica, que el propio estudio no contempla. Los concesionarios advirtieron que el costo podría elevarse a 20, 25 o incluso 30 pesos, situación que obligaría a las familias a abandonar el transporte público y buscar alternativas como motocicletas o vehículos propios, provocando aún menos usuarios y tarifas cada vez más altas.

Ante este panorama, operadores locales temen que el objetivo real de la convocatoria sea retirarles el servicio, colocándolos en desventaja frente a una empresa estatal con capacidad económica superior. “La convocatoria está hecha para que no participemos”, señalaron, alertando que, de mantenerse los requisitos, el municipio terminará entregando el transporte a un solo actor con condiciones de monopolio, alejando a quienes han prestado el servicio durante décadas y dejando a la ciudadanía sin posibilidad real de opinar o decidir, ya que solo le preguntan a cierta gente y no a toda la gente, sobre un cambio que impactará directamente en su bolsillo.

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