Durante el sexenio de Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, el gobierno estatal entregó más de 307 millones de pesos al Grupo Pachuca a través de 59 convenios publicitarios firmados por distintas dependencias, además de donativos directos.

Los recursos se destinaron a espacios publicitarios en el Estadio León, publicaciones digitales, uso de imagen de jugadores e incluso asistencia a entrenamientos del Club León y propiedad del grupo. Con ese monto, el Estado pudo haber construido escuelas, clínicas o alrededor de mil viviendas de interés social.

Entre 2019 y 2024, al menos 14 dependencias incluidas CODE, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de Educación y EDUCAFÍN, firmaron contratos millonarios para colocar publicidad gubernamental en estadios y plataformas digitales.

Un ejemplo es el contrato DGCE/2208/2019, por el que se pagaron 3.6 millones de pesos por 30 publicaciones en redes, espectaculares y visitas a entrenamientos. Otro, de la Secretaría de Turismo, ascendió a 3.8 millones e incluyó vallas y materiales audiovisuales. Incluso se ampliaron convenios para promocionar al estado en el Estadio Hidalgo y en el estadio del Real Oviedo, en España.

Además de los contratos publicitarios, el gobierno estatal financió eventos del Grupo Pachuca, como la ceremonia del Salón de la Fama del Futbol, con un gasto de 25 millones de pesos en diciembre de 2024. Meses antes, Turismo había firmado un acuerdo por 7.2 millones de pesos para promover a Guanajuato en uniformes y vallas del Real Oviedo. El último desembolso se realizó en agosto de 2024: 75 millones de pesos autorizados a petición de Jesús Martínez Murguía para “proyectos deportivos”, aprobados en menos de dos semanas.

A esta relación se sumó un préstamo de 230 millones de pesos otorgado a Fieracapital Inmobiliaria, filial de Grupo Pachuca, para la compra del Estadio León tras perder un litigio. Este apoyo económico, formalizado como crédito con garantía hipotecaria, cerró un periodo de fuertes beneficios estatales al grupo deportivo. En contraste, esos 307 millones de pesos pudieron destinarse a obras prioritarias: un hospital comunitario, 12 escuelas nuevas, más de 150 calles pavimentadas o mil viviendas de interés social.

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Guanajuato Capital enfrenta una creciente ola de llamadas telefónicas provenientes de otros países, principalmente Estados Unidos, Reino Unido y algunas naciones europeas que pretenden engañar a los usuarios con mensajes de empleo fácil, clonación de voz o cargos elevados por hablar con números internacionales.

Aunque aún no hay cifras oficiales que muestren cuántos guanajuatenses han sido afectados directamente, las autoridades han confirmado múltiples reportes ciudadanos en los últimos meses y han emitido alertas sobre estas prácticas fraudulentas.

Estas llamadas, conocidas también como “wangiri” o “llamadas fantasma”, funcionan de la siguiente manera: suena el teléfono, a veces una sola vez o se cuelga casi de inmediato. El objetivo es que la persona devuelva la llamada, creyendo que es urgente o legítima. Al hacerlo, puede incurrir en cargos internacionales muy elevados o exponer datos personales, bancarios o incluso permitir la grabación de su voz para suplantación de identidad.

En Guanajuato, se han reportado llamadas sospechosas con prefijo +44 (Reino Unido) invitando a ofertas de empleo, capacitaciones o “seguros” que requieren un pago por adelantado como condición para acceder. Expertos en ciberseguridad advierten que estos fraudes usan tecnologías automatizadas, bots y grabaciones para simular una llamada real, lo que dificulta distinguir entre lo legítimo y lo falso.

¿Por qué ocurre esto? Las estafas telefónicas se han multiplicado por varias razones:

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• Los delincuentes aprovechan que muchas personas contestan números desconocidos por curiosidad o miedo a perder algo importante.
• El desconocimiento sobre los costos reales de devolver llamadas internacionales.
• La credulidad ante promesas de trabajos fáciles o ganancias rápidas.
• La limitación de regulación o bloqueo técnico en algunos casos para detener llamadas internacionales fraudulentas.

Ante esta situación, las recomendaciones son claras: no contestar llamadas de números desconocidos, especialmente si son internacionales; no devolver llamadas con prefijos extranjeros de los que no tienes certeza; nunca proporcionar datos personales o financieros por teléfono si no estás seguro de con quién hablas; y reportar estas llamadas a las autoridades correspondientes.

Telefonías y agencias de seguridad federal están reforzando sus alertas y trabajando en bloqueos, pero la prevención ciudadana es clave.

Además, conviene revisar tu factura telefónica para detectar cargos inesperados. Si descubriste algo raro como un cobro alto por una llamada internacional que no realizaste, comunícate con tu proveedor de servicios; muchas empresas tienen políticas para disputas de cargos desconocidos.

El problema no es solo económico. Las llamadas fraudulentas erosionan la confianza de las personas al usar su teléfono, generan estrés, miedo y confusión. Lo que puede parecer una molestia común está convirtiéndose en un riesgo concreto para la seguridad financiera y la privacidad de quienes viven en Guanajuato.

Si te ha pasado a ti o a alguien que conoces, no lo ignores: comparte la información, alerta en tu comunidad y mantente vigilante. No contestar podría ser lo más seguro.

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Guanajuato, Gto. – Convocada por las Comisiones Unidas de Hacienda y Fiscalización y de Gobernación y Puntos Constitucionales, se llevó a cabo una mesa de trabajo para analizar la iniciativa de reforma a la Ley de Hacienda estatal, presentada por la gobernadora de Guanajuato con el propósito de fortalecer la confianza ciudadana en la gestión pública.

La propuesta establece que los recursos derivados de la recaudación del impuesto sobre nóminas se distribuyan de la siguiente manera:

• 0.2% para proyectos de inversión con fines de desarrollo social y humano.
• 0.1% para proyectos de inversión en fortalecimiento de la seguridad pública.

Vicente Vázquez Bustos, de la Consejería Jurídica, explicó que la iniciativa es viable, pues no crea ni incrementa impuestos y mantiene el espíritu original de corresponsabilidad social. Subrayó que los recursos se destinarán a la prevención de la violencia y al fortalecimiento comunitario.

El sector empresarial, representado por los consejos coordinadores de León, Salamanca y Celaya, respaldó la reforma al considerarla un modelo innovador y solidario que canaliza el 0.3% de la tasa del impuesto a beneficio directo de la sociedad.

Asimismo, Ana Belén Mercado Calderón, presidenta de la Coordinadora Estatal de Organizaciones de la Sociedad Civil (COSOC), informó que más de 100 asociaciones revisaron la propuesta. Señalaron la necesidad de precisar la redacción de los artículos, garantizar transparencia y asegurar que los recursos lleguen a quienes más lo necesitan.

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