Guanajuato, Gto.– El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó reformas a la Ley de Movilidad estatal mediante las cuales se obliga a los conductores y tripulantes de motocicletas a portar, en la parte trasera del casco, una calcomanía reflejante con el número de placa del vehículo.

La medida, aprobada en sesión plenaria, establece que el adhesivo será entregado por la autoridad fiscal competente, es decir, el Servicio de Administración Tributaria del Estado de Guanajuato (SATEG), en el momento en que se realice el registro de la motocicleta. El engomado deberá colocarse de forma visible en el casco protector, y su uso será obligatorio para toda persona que circule en motocicleta en territorio guanajuatense.

Durante la discusión del dictamen, el diputado Alejandro Arias Ávila expresó que el objetivo de esta reforma es mejorar los mecanismos de control e identificación de motocicletas, vehículos que han sido utilizados de manera creciente por la delincuencia organizada para cometer actos ilícitos y escapar con facilidad. En ese sentido, la medida busca cerrar espacios a la impunidad y facilitar el trabajo de las autoridades.

La reforma apunta a que el uso de instrumentos simples, como un adhesivo reflejante, puede tener un gran impacto en la seguridad pública. La presencia del número de placa en el casco permitirá que cámaras de vigilancia y tecnologías como las implementadas en los C4 y C5 puedan rastrear más eficazmente a quienes cometan delitos y huyan a bordo de estos vehículos.

Además, esta disposición facilitará acciones de control por parte de las corporaciones de seguridad y tránsito, permitiendo vincular de manera más ágil al conductor con el vehículo, así como verificar la legalidad de la unidad. También se espera que la medida contribuya en casos de accidentes, al permitir la identificación rápida de los involucrados, lo cual beneficiará tanto a los cuerpos de emergencia como a aseguradoras y autoridades.

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La reforma forma promete una estrategia más amplia para contener la violencia que afecta a la entidad, en particular ante el uso de motocicletas en crímenes de alto impacto.

Guanajuato, Gto.- La gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo, participó en el arranque oficial de los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar, una estrategia nacional impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para detonar el crecimiento regional y la equidad en el país.

Durante su intervención en la conferencia matutina “Las mañaneras del pueblo”, la mandataria estatal reconoció el enfoque de desarrollo territorial del nuevo gobierno federal y destacó la inclusión del puerto seco de Celaya en esta iniciativa, lo cual dijo que posicionará a Guanajuato como un nodo logístico estratégico a nivel nacional e internacional.

“La incorporación de la puerta logística del Bajío a los Polos del Bienestar representa una gran oportunidad para el pueblo de Guanajuato. Este proyecto transformará a Celaya y a toda la región Laja-Bajío en uno de los principales centros logísticos del país y del continente”, afirmó García Muñoz Ledo.

Explicó que el puerto seco será una infraestructura clave para el almacenamiento, consolidación y distribución de mercancías, aprovechando las conexiones ferroviarias y carreteras, sin necesidad de estar cerca del mar.

“Se trata de una plataforma logística moderna que traerá beneficios importantes para México y para nuestra región”, concluyó.

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Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.