Guanajuato, Gto. – 22 de mayo de 2025. Un predio creció misteriosamente 65 hectáreas en papel y podría estar pisando un camino público histórico. Lo que comenzó como una rectificación aparentemente técnica en una escritura notarial, se convirtió ya en un escándalo que pone en la mira al Notario Público No. 3 de Guanajuato, Andrés Guardado Santoyo, quién fue acusado de haber avalado una ampliación irregular de un terreno rústico en el “Camino los Mexicanos“, que ahora podría costarle su patente notarial.

Todo gira en torno a una modificación realizada el 19 de abril de 2024, donde el predio conocido como “Estancia de Reforma” o “Rancho de Guerra”, pasó de medir 251 hectáreas a 316. El cambio fue promovido por Amado Carrillo Hernández ante la notaría a cargo de Guardado Santoyo. El detalle que encendió las alarmas fue que, el aumento de superficie representa un 25.89% más que el original, algo que rebasa por mucho el límite legal del 15% que permite el Reglamento del Registro Público de la Propiedad para predios rústicos.

Los documentos fueron revisados por el Grupo Parlamentario de MORENA en el Congreso del Estado, y el diputado Ernesto Millán Soberanes ya advirtió las consecuencias: de confirmarse las irregularidades, el notario podría perder su “fiat”, es decir, su autorización oficial para ejercer.

Pero lo que está en juego va más allá de la superficie de un terreno: el caso podría implicar la desaparición de un camino de uso público conocido como “Camino los Mexicanos”. Este sendero, con valor histórico y social, podría haber quedado “tragado” por el nuevo trazo del predio, lo que sugiere una posible maniobra para apoderarse de terreno adicional mediante trámites notariales cuestionables.

La escritura original data de 1974 y fijaba claramente la superficie del terreno. Sin embargo, medio siglo después, esa extensión creció de forma considerable bajo la figura de “rectificación”, lo que levantó sospechas de una posible intención de alterar el dominio de la tierra.

De ser comprobadas las irregularidades, la Ley del Notariado para el Estado de Guanajuato establece con claridad que alterar sustancial y dolosamente un instrumento notarial, o falsificar alguna firma, puede ser motivo suficiente para la revocación de la patente. Así lo señala su artículo 124, fracción VIII.

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Guanajuato, Gto. 12 mayo 2025.- Y es que el abuso de autoridad y la usurpación de funciones siguen sucediendo con normalidad en la capital del estado de Guanajuato durante 6 años que la gobernó Alejandro Navarro, quien nuevamente subió a las redes sociales, un vídeo donde se le puede ver manejando un vehículo de la policía municipal.

El desprestigio de la institución encargada de la seguridad municipal se ahonda, cuando a todos consta como su funcionamiento ha sido envuelta en escándalos que van de las extorsiones a automovilistas, hasta el uso de la violencia desmedida.

Ya desde su gobierno se había hecho mención de cómo vestirse con el uniforme de policía y salir a las calles a patrullar como acostumbraba durante su interminable gobierno se podría calificar como un delito de usurpación de funciones, ya que el encargado de presidir el gobierno es un puesto que poco tiene que ver con el de la seguridad.

Para colmo, últimamente, se ha visto a su hijo, quien preside el DIF de forma supuestamente altruista, vestido con ropas similares a las utilizadas por la policía local, en otro de los capítulos en donde también se ha mencionado la debilidad de esta familia de parecer pertenecer a las fuerzas de seguridad municipales.

Aunque se justifique con cualquier pretexto la legalidad del hecho, sin duda, deja claro el talante de este gobierno que piensa que lo público, como las unidades de policía y cualquier institución o empleado, puede ser utilizada como si fuera de la propiedad privada de quienes gobiernan la capital de Guanajuato como si fuera el rancho de su familia.

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Lo que si, es que la administración municipal panista, envuelta en los escándalos por la especulación inmobiliaria, que técnicamente se encuentra quemando el sur de Guanajuato y poblando las áreas verdes en la Sierra, poco necesita de otro escándalo, en donde se ve a su esposo manejando un automóvil del municipio, o cualquier automóvil, uno de la policía en una muestra de botón más de cómo confunden lo público con lo privado.

En varias comunidades rurales de Guanajuato capital, el reciente incremento en el costo del agua potable ha comenzado a impactar severamente los bolsillos de las familias. Lo alarmante no es sólo el aumento en las tarifas, sino que muchas de estas familias enfrentan cobros excesivos pese a no contar con un suministro constante del vital líquido.

Vecinos de diversas localidades han manifestado su inconformidad, señalando que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) emite recibos con montos desproporcionados. Este fenómeno ocurre incluso en zonas donde el servicio es irregular o, en algunos casos, incompleto. Uno de los casos más evidentes se presenta en la comunidad rural de Mineral de Santa Ana, donde se revela un posible abuso sistemático.

Una habitante de la comunidad comparó su recibo con el de una vivienda en el fraccionamiento residencial San Javier, una zona urbana con casas de tres plantas y varios sanitarios. En dicho domicilio, el monto total fue de 269 pesos, desglosado de la siguiente manera:
• Consumo de agua: 176 pesos
• Drenaje: 35 pesos
• Tratamiento: 31.77 pesos
• IVA: 10.73 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos
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En contraste, la vivienda en Santa Ana, una casa modesta con un solo baño y sin red de drenaje, ya que opera con fosa séptica, recibió un cobro total considerablemente mayor, 382 pesos, a pesar de la precariedad de servicios y condiciones:
• Consumo de agua: 254.95 pesos
• Drenaje: 50 pesos (aun cuando no tienen drenaje público)
• Tratamiento: 45.89 pesos
• IVA: 15.50 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos

Este desglose pone en evidencia una posible práctica abusiva por parte del organismo SIMAPAG, al aplicar tarifas más altas en comunidades rurales que, paradójicamente, no cuentan con infraestructura adecuada. Se cobra por conceptos como tratamiento y drenaje, aunque en muchos casos estos servicios simplemente no existen o no están funcionando.