La alcaldesa Samantha Smith y Alejandro Navarro no se conforman con el control de hoteles y museos en la capital, ahora pretenden seguir extendiéndose hacia el transporte público.

Bajo el discurso de modernización, el municipio estaría diseñando un esquema que abre espacio al pirataje tolerado y a la entrada de nuevos actores improvisados, mientras los concesionarios tradicionales quedan relegados.

Este intento no sería nuevo. En 2019 el gobierno municipal metió a Flecha Amarilla y a Transportes acna en algunas rutas, pero la experiencia no funcionó: las rutas resultaron poco prácticas y la operación terminó siendo inviable.

Hoy tienen la estrategia: cualquier persona con un camión podría incorporarse a una ruta pagando un permiso, sin importar si cumple con seguro, revista mecánica o condiciones mínimas de seguridad.

El PIMUS, presentado como la gran solución técnica, ha sido cuestionado por sus propias contradicciones. Mientras el director Alejandro Barbarino Sosa asegura que se necesitan 270 unidades, el mismo estudio reconoce que actualmente solo operan 150 y que con más camiones el sistema sería incosteable, pues el índice de pasajeros por kilómetro es apenas de 1.32, uno de los más bajos a nivel nacional. Con ese panorama se argumenta que, lejos de mejorar la movilidad, el plan podría encarecer tarifas y justificar subsidios discrecionales.

Además, el propio PIMUS refleja que más del 85% de los usuarios considera el transporte económico, lo que contradice el discurso municipal de que es un servicio caro y deficiente, ya que en otros municipios si es más caro que en Guanajuato.

El verdadero problema, señalan los estudios, radica en la infraestructura: existen más de 400 paraderos en la ciudad y apenas el 20% tiene techo, mientras que sólo un tercio se encuentra en condiciones aceptables. El deterioro, por tanto, no es atribuible a los concesionarios, sino a la falta de mantenimiento municipal.

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En este contexto, se plantea que la estrategia de los Navarro Smith busca consolidar un monopolio del transporte público, replicando lo que ya ocurre con negocios turísticos y culturales.

El riesgo es que, bajo el argumento de modernizar, el municipio termine imponiendo un modelo de simulación que favorezca intereses privados, mientras los usuarios enfrentan un servicio encarecido, con rutas mal planeadas y un pirataje cada vez más tolerado.

Villagrán, Gto., 05 de septiembre de 2025. – Por primera vez en su historia, el municipio de Villagrán celebró el Día de la Mujer Indígena y rindió homenaje a Xiuhtaztzin, gobernante de Tula, con el izamiento de una megabandera en la entrada de los arcos del municipio y un acto cívico en el jardín principal.

El evento incluyó un ritual ancestral de “inicio a los cuatro vientos”, conducido por Manuel Teniente, representante de los pueblos originarios de la comunidad de Suchitlán. Durante la ceremonia, se pidió permiso y se expresó gratitud a la divinidad, reconociendo los avances impulsados en Villagrán bajo la administración de Cinthia Teniente Mendoza, primera mujer presidenta municipal del municipio.

En un momento simbólico, Teniente Mendoza fue coronada con un collar de flores, gesto que reconoció su papel como primera mujer indígena en presidir Villagrán y que reafirma la importancia de la representación indígena en la política local. Además, participó en una danza tradicional, simbolizando su raíz cultural y su compromiso con la comunidad.

Durante su mensaje, la presidenta destacó: “Somos mujeres indígenas. Hoy lo digo con el corazón: quiero que la sociedad respete a los pueblos originarios, comprenda nuestra historia desde otra mirada, no desde el privilegio, sino desde la equidad. Estoy orgullosa de ser indígena.”

Con este acto, Villagrán honra la memoria de las mujeres indígenas, visibilizando su legado y promoviendo una sociedad más justa, digna y equitativa, en la que todas las voces indígenas sean escuchadas y reconocidas.

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La violencia contra los anexos, también conocidos como centros de rehabilitación para adicciones, no ha cesado en Guanajuato desde la masacre de Irapuato, donde un comando asesinó de 26 a 27 personas el 1 de julio de 2020. Aquella noche se abrió una ruta de impunidad que se ha alimentado de la disputa entre una organización delictiva originaria de Jalisco y una organización delictiva local.

El 1 de octubre de 2024 un ataque en un anexo de Salamanca dejó cuatro muertos y cinco heridos. Ese mismo octubre, las autoridades federales admitían un repunte de homicidios en la entidad. En junio de 2025 un incendio en un centro de rehabilitación de San José Iturbide mató a 12 personas, reportes apuntaron a que habrían estado encerradas, síntoma brutal de la precariedad y los abusos que acompañan a muchos establecimientos “clandestinos”.

Las cifras ilustran la magnitud del abandono según la agrupación Centros de Rehabilitación Unidos del Bajío, en 2024 hubo al menos 20 ataques contra anexos en el estado con más de 90 personas asesinadas. Para mayo de 2025, un recuento local sumaba 58 muertes en anexos por ataques, riñas y golpizas.

La explicación oficial recurrente es la “guerra entre cárteles”, pero la responsabilidad pública es indeclinable: sin censo transparente, verificación sanitaria rigurosa, protocolos de protección y rutas de atención a víctima. Los anexos siguen siendo zonas grises donde se mezclan adicción, pobreza y criminalidad, y donde el Estado aparece tarde o no aparece.

Del 2 a 3 de septiembre de 2025 un nuevo ataque en el anexo Alfa Fortaleza A.C. en Dolores Hidalgo dejó tres personas asesinadas y reactivó el temor de familias que, otra vez, sacaron a sus internos para buscar seguridad por su cuenta.

Cinco años después de Irapuato, el mensaje es el mismo: sin regulación efectiva, inspecciones sorpresivas, protección policial focalizada y una política integral de drogas y salud mental, Los anexos en Guanajuato seguirán siendo escenario de luto repetido. Es urgente pasar del discurso a un plan verificable, con metas trimestrales y rendición de cuentas pública.

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