Los Ángeles, California. – Guanajuato participa en la feria internacional del libro “Leer es pertenecer: Guanajuato en Los Ángeles 2025”, con una amplia muestra literaria y artística encabezada por el sello Editorial La Rana.

La secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, acompaña a escritoras, escritores, ilustradores y músicos en las distintas actividades de la feria. El evento abrió sus puertas este 25 de septiembre, consolidando la presencia del estado en un foro internacional que conecta identidad, memoria y derechos de los guanajuatenses en el exterior.

Entre las presentaciones editoriales destaca No fue un sueño, de Marla Estrada, obra dirigida a familias que promueve la empatía, la solidaridad y los valores humanos. Asimismo, se llevarán a cabo lecturas de autor y recitales poéticos con voces como Edurne Villanueva, Macaria España, Sara Muñoz, Minerva Reynosa, Aideed Medina y Héctor son of hector, junto con talentos guanajuatenses como David Uriel Martínez Varela y poetas residentes en Los Ángeles.

La programación se complementa con espectáculos musicales y escénicos, entre ellos ChimalmAnimales, que combina composiciones de artistas locales con poesía ilustrada en un montaje participativo para niñas y niños.

En el área editorial, el público encontrará títulos de Ediciones La Rana, el Fondo Editorial Guanajuato y casas independientes, lo que amplía el acceso a la literatura guanajuatense más allá de fronteras.

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A pesar de los recientes hechos de violencia presenciados durante dos manifestaciones en Guanajuato capital y el hallazgo de una fosa clandestina, la alcaldesa Samantha Smith Gutiérrez desestimó las críticas vertidas en el Congreso local por legisladores de Morena y PRI, y respaldó sin reservas a su Secretario de Seguridad, Samuel Ugalde García. Para la edil, las observaciones legislativas tienen un trasfondo político más que un interés genuino por mejorar la seguridad en la ciudad.

Sin embargo, su postura ha generado preocupación entre sectores ciudadanos, académicos y analistas, quienes cuestionan que la presidenta municipal minimice incidentes que evidencian omisiones graves por parte de la Policía Municipal. El hecho de que los elementos de seguridad no hayan intervenido frente a agresiones públicas, bajo el argumento de “no escalar la violencia”, ha sido interpretado como una renuncia tácita a su deber constitucional de proteger a la ciudadanía.

La alcaldesa calificó de “sorpresivos” los señalamientos provenientes incluso de su aliada electoral, la diputada priista Ruth Tiscareño, lo que deja entrever tensiones internas dentro de la coalición PAN-PRI-PRD. Más allá de la sorpresa, lo que se pone en evidencia es una crisis de confianza respecto a la conducción de la seguridad pública, especialmente en un contexto donde los hallazgos de violencia estructural —como fosas clandestinas— continúan creciendo en el estado.

Mientras la mandataria municipal apela a la “lealtad” con su equipo y atribuye las críticas a juegos políticos, la ciudadanía enfrenta un entorno cada vez más complejo y peligroso. En lugar de asumir una postura autocrítica y revisar las fallas operativas de la corporación, Smith insiste en proteger a sus funcionarios, alimentando con ello la percepción de una administración más preocupada por la imagen que por los resultados concretos en materia de seguridad.

La alcaldesa Samantha Smith y Alejandro Navarro no se conforman con el control de hoteles y museos en la capital, ahora pretenden seguir extendiéndose hacia el transporte público.

Bajo el discurso de modernización, el municipio estaría diseñando un esquema que abre espacio al pirataje tolerado y a la entrada de nuevos actores improvisados, mientras los concesionarios tradicionales quedan relegados.

Este intento no sería nuevo. En 2019 el gobierno municipal metió a Flecha Amarilla y a Transportes acna en algunas rutas, pero la experiencia no funcionó: las rutas resultaron poco prácticas y la operación terminó siendo inviable.

Hoy tienen la estrategia: cualquier persona con un camión podría incorporarse a una ruta pagando un permiso, sin importar si cumple con seguro, revista mecánica o condiciones mínimas de seguridad.

El PIMUS, presentado como la gran solución técnica, ha sido cuestionado por sus propias contradicciones. Mientras el director Alejandro Barbarino Sosa asegura que se necesitan 270 unidades, el mismo estudio reconoce que actualmente solo operan 150 y que con más camiones el sistema sería incosteable, pues el índice de pasajeros por kilómetro es apenas de 1.32, uno de los más bajos a nivel nacional. Con ese panorama se argumenta que, lejos de mejorar la movilidad, el plan podría encarecer tarifas y justificar subsidios discrecionales.

Además, el propio PIMUS refleja que más del 85% de los usuarios considera el transporte económico, lo que contradice el discurso municipal de que es un servicio caro y deficiente, ya que en otros municipios si es más caro que en Guanajuato.

El verdadero problema, señalan los estudios, radica en la infraestructura: existen más de 400 paraderos en la ciudad y apenas el 20% tiene techo, mientras que sólo un tercio se encuentra en condiciones aceptables. El deterioro, por tanto, no es atribuible a los concesionarios, sino a la falta de mantenimiento municipal.

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En este contexto, se plantea que la estrategia de los Navarro Smith busca consolidar un monopolio del transporte público, replicando lo que ya ocurre con negocios turísticos y culturales.

El riesgo es que, bajo el argumento de modernizar, el municipio termine imponiendo un modelo de simulación que favorezca intereses privados, mientras los usuarios enfrentan un servicio encarecido, con rutas mal planeadas y un pirataje cada vez más tolerado.