Las colectivas feministas que promovieron amparos por la comisión legislativa del Congreso de Guanajuato en la despenalización del aborto, recibieron una respuesta que no solo evade la justicia, sino que perpetúa la violencia estructural: el Poder Legislativo desestimó sus argumentos por no estar embarazadas… y comparó el aborto con el delito de narcomenudeo.

La respuesta jurídica emitida por la Dirección Jurídica del Congreso, encabezada por Antonia Guillermina Valdovino Guzmán, lejos de atender con seriedad el reclamo legítimo, ridiculiza la exigencia e incurre en una narrativa discriminatoria, como lo señalaron Verónica Cruz Sánchez, Directora del Centro Las Libres y Patricia López Romero, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.

La gobernadora Libia Denisse García Muñoz Ledo también fue señalada por deslindarse del proceso, a pesar de que desde su Consejería Jurídica se reconoce que es el Congreso quien debe legislar conforme a los tratados internacionales. Sin embargo, no presentó argumentos sólidos para justificar la inacción del Ejecutivo en la promoción de estas reformas.

Mientras tanto, el Congreso, en voz del panista Jorge Espadas Galván, reconoció en entrevista que sí incurrieron en omisión al archivar el dictamen de despenalización: “Omitimos legislar, sí… En el caso concreto del Código Penal no legislamos, se archivó un dictamen”, afirmó.

El uso de analogías ofensivas como la comparación entre aborto y narcomenudeo fue duramente criticado por la activista Nayeli Tello, de la Red de Acompañantes de León, quien calificó la respuesta como “brutal, discriminatoria y absurda”. El abogado Ernesto Barajas, director de Defensa Queer y asesor legal del caso de Chicas Biless, subrayó que la postura del Congreso no sólo incumple con los parámetros jurídicos, sino que también criminaliza a quienes defienden derechos humanos.

En el caso de la demanda interpuesta por mujeres acompañadas por la bancada de Morena, encabezada por la diputada Hades Aguilar, el Congreso aún no ha enviado el informe requerido por el Juzgado Segundo de Distrito, lo que obligará a diferir la audiencia programada para este 18 de julio. Esta falta de respuesta es considerada por las colectivas como una estrategia dilatoria y de encubrimiento institucional.

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A este contexto se suma la solicitud de Alerta de Género por Agravio Comparado interpuesta por la organización Chicas Biless, que fue rechazada por la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, encabezada por Ingrid Gómez Saracibar, bajo el argumento de que no se habían subsanado los requisitos. Durante la reunión estuvieron presentes la diputada de Movimiento Ciudadano, Sandra Pedroza, y Lucía Verdín, directora de Chicas Biless.

Mientras tanto, la Secretaría de la Mujer Guanajuatense, dirigida por Itzel Balderas Hernández, no ha emitido ningún pronunciamiento sobre el proceso judicial, a pesar de su reciente transformación de instituto a secretaría bajo la administración de Libia García.

Frente a un Congreso que ignora resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y a un Ejecutivo que se desentiende, Guanajuato continúa rezagado en el reconocimiento pleno de los derechos sexuales y reproductivos.

El 11 de julio de 2025 personal de la fiscalía general del estado (FGE) de Guanajuato ejecutó una orden de cateo en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.

Allí fueron rescatadas alrededor de 700 personas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes) en condiciones de vulnerabilidad y explotación laboral.

Las personas rescatadas provenían principalmente de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, regiones con altos índices de pobreza y migración.

La FGE ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Además, durante la intervención se detectó a una persona en posesión de narcóticos, lo que abrió una investigación adicional por delitos contra la salud.

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Participaron múltiples cuerpos: Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal, Unidad k9, Protección Civil Roja, Bomberos,DIF Estatal y Municipal,  Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las personas rescatadas han recibido atención médica, psicológica y legal, mediante un protocolo de asistencia integral coordinado por diversas instancias estatales y municipales.

En 2024, las autoridades federales registraron 615 víctimas de trata de personas en todo México.

Organizaciones advirtieron que esta cifra es menor a la real debido al subregistro del delito.

Este operativo expone una red de explotación laboral masiva en el centro del país, con víctimas en situación de vulnerabilidad.

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Las prioridades de la investigación incluyen:

1.Determinar responsabilidades legales y posibles detenidos entre los operadores del rancho.

2.Identificar si hubo enganches fraudulentos o engaños para captar víctimas.

3.Garantizar que todas las víctimas accedan a protección plena especialmente los niños y adolescentes.

4.Profundizar en el vínculo con el hallazgo de narcóticos durante el cateo lo que podría revelar redes criminales más amplias.

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 Este rescate destaca la complejidad del fenómeno de la trata en México: redes organizadas que se aprovechan de la pobreza y fragilidad social para someter a personas a condiciones de semiesclavitud. El seguimiento de la fiscalía será clave tanto para sancionar a los responsables como para prevenir casos similares.

La Feria de Silao 2025 ya enfrenta fuertes cuestionamientos sobre su planeación, el uso de recursos públicos y la legalidad del proceso de adquisición del terreno donde se llevará a cabo el evento. La polémica escaló esta semana al Congreso del Estado, donde el diputado local Ernesto Millán Soberanes expuso en la Diputación Permanente una serie de irregularidades detectadas en torno al proyecto ferial, que este año representa una inversión de 77 millones de pesos.

El legislador señaló que, aunque Silao merece una feria digna y de calidad, el proceso de organización de la edición 2025 inició con serias dudas. En primer lugar, Millán Soberanes detalló que el pasado 6 de enero el Ayuntamiento aprobó el nuevo reglamento de la feria, conformó el comité organizador y avaló la compra del terreno donde se instalarán las nuevas instalaciones.

Dicho terreno, de 48 mil 838 metros cuadrados (casi cinco hectáreas), fue adquirido por un monto total de 80 millones de pesos. El valor por metro cuadrado ascendió a mil 639 pesos, de acuerdo con el avalúo oficial fechado también el 6 de junio, mismo día en que el Comité de Adquisiciones, presidido por la alcaldesa Melani Murillo Chávez, autorizó la compra. La coincidencia entre la fecha del avalúo y su aprobación generó suspicacias, al igual que la celeridad del proceso y la falta de transparencia en su desarrollo.

Uno de los puntos que más llamó la atención es que el avalúo fue realizado por el ingeniero J. Guadalupe Hinojosa Navarro, quien también figura como integrante de uno de los cinco equipos técnicos que estuvieron trabajando en la conformación del terreno ferial. Esta situación fue interpretada por el diputado como un posible conflicto de interés que debería ser investigado a fondo.

Además, Millán comparó el costo del predio con otras ofertas del mercado: por ejemplo, un terreno de 45 mil metros cuadrados dentro del Puerto Interior se encuentra disponible en 36 millones de pesos, es decir, más del doble de superficie por menos de la mitad del costo del terreno adquirido por el Ayuntamiento. Esta diferencia fue calificada como alarmante, dado el potencial logístico y comercial que representa una ubicación como el Puerto Interior.

Pero la inversión no termina ahí. La presidenta municipal declaró que, además de los 80 millones del terreno, se destinarán otros 30 millones de pesos a la organización de la feria, a pesar de que las instalaciones actualmente carecen de servicios básicos como agua potable y energía eléctrica. A esto se suman 17 millones más, lo que eleva el presupuesto total para este año a 77 millones de pesos.

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De acuerdo con lo informado, los trabajos de adecuación del predio comenzaron sin contar con un proyecto ejecutivo concluido, lo cual podría derivar en más sobrecostos y deficiencias estructurales. Según el diputado Millán, estos recursos podrían haberse destinado a prioridades más urgentes para el municipio, como el mejoramiento de calles, la dotación de servicios públicos o la atención a comunidades marginadas.