El PAN salió en defensa de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California, y exigió al Poder Judicial que enfrente su proceso con libertad y bajo un procedimiento imparcial. El dirigente nacional panista, Jorge Romero, acusó que las instituciones están siendo utilizadas para perseguir a integrantes de la oposición y aseguró que no existen elementos suficientes para mantener al exmandatario en un penal de máxima seguridad.

Ruffo fue detenido el pasado 16 de julio en Ensenada y la Fiscalía General de la República lo señala por su presunta participación en una red de contrabando de hidrocarburos. Posteriormente, una jueza federal lo vinculó a proceso junto con otros siete empresarios y agentes aduanales, por el presunto ingreso ilegal de más de 2 mil 137 millones de litros de combustible y un supuesto daño superior a 166 millones de pesos al erario.

El caso provocó también el pronunciamiento de 16 exgobernadores panistas y del expresidente Vicente Fox, quienes calificaron a Ruffo como un supuesto preso político y cuestionaron la actuación del Poder Judicial. Fox incluso pidió que el exgobernador pueda enfrentar el proceso bajo prisión domiciliaria, al señalar que la legislación contempla esta posibilidad para personas mayores de 70 años.

Mientras el PAN denuncia una presunta persecución política, la FGR sostiene sus acusaciones contra Ruffo por el caso de huachicol fiscal. Ahora el proceso continuará en tribunales, donde deberá determinarse si existen pruebas suficientes para acreditar la responsabilidad del exgobernador y de los demás imputados. Por ahora, Ruffo mantiene la presunción de inocencia y será la autoridad judicial la que determine su responsabilidad.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó la detención de Ernesto Ruffo Appel, exgobernador de Baja California y una de las figuras históricas del Partido Acción Nacional (PAN), por su presunta participación en una investigación relacionada con contrabando de combustible y delincuencia organizada. La captura se realizó en Ensenada, como parte de un operativo federal.

De acuerdo con las autoridades, la investigación está vinculada con una empresa fundada por el exmandatario, la cual presuntamente habría participado en una red de importación ilegal de gasolina y diésel. El caso cobró relevancia tras el aseguramiento, en 2025, de más de 15 millones de litros de combustible, considerado uno de los decomisos más grandes registrados en el país.

Ruffo Appel fue el primer gobernador de oposición en derrotar al PRI en una elección estatal, al ganar la gubernatura de Baja California en 1989. En meses anteriores había rechazado cualquier participación en actividades ilícitas y aseguró que las operaciones de la empresa se realizaban conforme a la ley.

Ahora será un juez quien determine su situación jurídica conforme avance el proceso. Mientras tanto, la FGR señaló que esta investigación continúa abierta y que podrían ejecutarse más órdenes de aprehensión contra otros presuntos involucrados en la misma red de contrabando de combustible.

La regidora de Morena en Tecate, María de Jesús Quijada, fue víctima de un ataque armado cuando viajaba junto a su esposo, Jesús Pereida Ruiz, su hija y uno de sus escoltas rumbo a la ceremonia de graduación de la menor. El atentado ocurrió en el fraccionamiento Hacienda y dejó como saldo el fallecimiento de su esposo, mientras que la funcionaria, su hija y el escolta resultaron heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, un grupo de hombres armados interceptó el vehículo de la familia y abrió fuego en repetidas ocasiones. Tras la agresión, los presuntos responsables escaparon y posteriormente incendiaron el automóvil que utilizaron para huir. Hasta el momento no se han reportado personas detenidas.

María de Jesús Quijada recibió impactos de bala y fue trasladada de emergencia a un hospital en Estados Unidos para recibir atención médica especializada. Su padre informó que la regidora se encuentra fuera de peligro, al igual que su hija de 15 años, quien también resultó lesionada durante el ataque.

El atentado provocó una fuerte movilización de corporaciones de seguridad e inició una investigación por parte de la Fiscalía de Baja California para esclarecer el móvil de la agresión e identificar a los responsables. El caso se suma a otros hechos de violencia registrados recientemente en la entidad y ha generado preocupación por la seguridad de los servidores públicos.