El desvivimiento de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, tras participar en el tradicional “Festival de las Velas” del 1 de noviembre, detonó una ola de indignación que hoy estalla en las calles. Las movilizaciones que lo siguen evidencian un clamor colectivo de justicia y seguridad: habitantes de Uruapan y de la capital estatal marchan bajo consignas como “¡Manzo no falleció, lo desvivió el Estado!”, en desafío abierto a las autoridades.

La población de Michoacán no solo exige explicaciones por el fallecimiento del edil, sino que llama a una revisión urgente de la estrategia de seguridad en una región marcada por la presencia de grupos delictivos que secuestran la gobernabilidad. En la marcha de Morelia, estudiantes, familias y ciudadanos, vestidos de blanco y portando pancartas, recorrieron avenidas para dejar claro que el miedo ya no será excusa.

Mientras tanto, en Uruapan se realizaron homenajes y cortes de circulación por varias asociaciones como signo de luto activo por quien era conocido como el alcalde “del sombrero”. Sin embargo, la movilización no está exenta de tensión.

Aunque muchas marchas han sido pacíficas, en otros puntos se han registrado enfrentamientos, actos de vandalismo y detenciones como ocurrió frente al Palacio de Gobierno en Morelia lo que pone en evidencia la delgada línea entre el legítimo reclamo social y la fractura del orden público.

En este escenario, la viuda del alcalde ha hecho un llamado a mantener la protesta en los cauces de la civilidad, recordando que la lucha de Manzo era pacífica y pidiendo evitar excesos que puedan empañar el mensaje. El reto, ahora, es claro para las autoridades estatales y federales: convertir este clamor popular en acción concreta.

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No basta el luto y la indignación. La ciudadanía exige ver algo tangible: avances en la investigación, resultados en seguridad y certeza de que no se repetirá. Las marchas de estos días no solo memorializan a un alcalde fallecido: encarnan el hartazgo de quienes dicen basta a la inseguridad. Si no hay respuesta, advierten, la protesta podría transformarse en algo más profundo que un acto de duelo.

Los diputados Miriam Reyes Carmona y David Martínez Mendizábal, del grupo parlamentario de MORENA, presentaron un punto de acuerdo para solicitar a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato (ASEG) dar trámite pronto y expedito al proceso de sustanciación y promover las responsabilidades administrativas y denuncias penales que correspondan por las observaciones no solventadas en la cuenta pública 2023 del municipio de Guanajuato.
El acuerdo también plantea que, en un plazo no mayor a 15 días hábiles, la ASEG informe a la Comisión de Hacienda y Fiscalización sobre el avance del procedimiento, incluyendo tipificación preliminar, autoridad competente a la que se remitieron los casos, actuaciones realizadas y pendientes, así como fechas estimadas para la conclusión de las investigaciones.
Martínez Mendizábal recordó que el informe de la cuenta pública reveló que 87 unidades del transporte urbano y suburbano operaron sin concesión vigente o con títulos vencidos, lo que derivó en una recomendación para regularizar estas concesiones. Aunque el municipio informó la creación de una Comisión Técnica Especializada, no se presentaron evidencias de reuniones, acuerdos o avances concretos en el proceso de regularización.
El diputado señaló que estas irregularidades podrían constituir responsabilidades administrativas graves, como abuso de funciones y omisión en la supervisión normativa, así como negligencia en la gestión de títulos y en la recaudación de derechos municipales. Por ello, insistió en que la ASEG debe iniciar el seguimiento, promoviendo sanciones y acciones penales conforme a la ley. El punto de acuerdo fue turnado a la Comisión de Hacienda y Fiscalización para su análisis.

Con el objetivo de garantizar el derecho a la interrupción legal del embarazo y proteger la autonomía reproductiva de las mujeres, diputadas y diputados del grupo parlamentario de MORENA presentaron una iniciativa de reforma constitucional y de modificación a diversas leyes estatales. La propuesta incluye cambios a la Constitución Política local, al Código Penal, a la Ley de Salud, a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a la Ley de Educación y a la Ley de Víctimas del Estado.
Durante la exposición de motivos, la diputada Martha Edith Moreno Valencia subrayó que los derechos reproductivos son esenciales para garantizar que todas las personas puedan decidir sobre su sexualidad y reproducción sin violencia ni discriminación. Recordó que Guanajuato ha mantenido una postura restrictiva en esta materia, pues su marco jurídico reconoce la vida desde la concepción, lo que ha frenado anteriores intentos de despenalizar el aborto. Agregó que la iniciativa busca derogar ese reconocimiento constitucional, por considerarlo inconstitucional y contrario a los derechos de las mujeres.
La propuesta contempla que no haya sanción penal por la interrupción del embarazo durante las primeras 12 semanas de gestación, y que solo se mantenga la clasificación como delito grave en los casos de aborto forzado. Además, plantea reformar la Ley de Salud para que el Estado garantice la prestación de los servicios médicos necesarios para realizar el procedimiento de forma segura y gratuita. En el ámbito educativo, se propone incluir la educación en salud sexual y reproductiva como parte de los programas escolares.
La iniciativa fue turnada a diversas comisiones del Congreso local para su análisis: Gobernación y Puntos Constitucionales, Justicia, Salud, Igualdad de Género, y Educación. Con esta propuesta, MORENA busca alinear la legislación estatal con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en 2023 declaró inconstitucional penalizar el aborto en el país. El debate en Guanajuato, uno de los estados más conservadores, promete ser uno de los más relevantes en la agenda legislativa de este año