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Proponen en el Congreso de Guanajuato hasta seis años de prisión y multas superiores a los $200,000 por ‘Terapias de Conversión’

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Guanajuato, Gto. – En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa para prohibir la corrección de la Orientación Sexual y la Identidad de Género (ECOSIG), conocidas como “terapias de conversión”.

La propuesta busca establecer severas penas de prisión, que podrían alcanzar hasta los seis años y multas significativas, superando los $200,000 pesos para quienes realicen, impartan, obliguen o financien estas prácticas.

La iniciativa, impulsada por la diputada Reyes Carmona, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, busca armonizar el Código Penal y la Ley de Salud del Estado de Guanajuato con la legislación federal, reconociendo que la dignidad humana es un derecho fundamental que otorga a cada individuo la libertad y autonomía para elegir su proyecto de vida.

La diputada Reyes Carmona enfatizó que la comunidad LGBTI+ es uno de los grupos sociales más vulnerables a la discriminación, que se manifiesta en malos tratos, exclusión, agresiones físicas y sexuales, y violaciones, atentando contra la dignidad y los derechos humanos.

A pesar de que la Organización Mundial de la Salud declaró en 1990 que la homosexualidad no es una enfermedad, muchas personas LGBTI+ son obligadas a someterse a “sermones, terapias o tratamientos” con el fin de “reorientar” su preferencia sexual, prácticas que carecen de sustento médico o científico. La falta de denuncia por parte de las víctimas, debido al temor al rechazo social o la vergüenza, ha llevado a la impunidad de estas acciones.

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La reforma propuesta al Código Penal del Estado de Guanajuato busca adicionar el Capítulo VIII, denominado “Delitos contra la Orientación Sexual o la Identidad de Género de las Personas”.

El nuevo Artículo establece una pena de dos a seis años de prisión y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), Lo que representa multas que oscilan entre $108,570.00 y $217,140.00.

Esta sanción se aplicará a quien “realice, imparta, aplique, obligue o financie cualquier tipo de tratamiento, terapia, servicio o práctica que obstaculice, restrinja, impida, menoscabe, anule o suprima la orientación sexual, identidad o expresión de género de una persona”.

Las penas se agravarán al doble en los siguientes supuestos:

En los casos de subordinación o uso de función pública, además de las sanciones mencionadas, se impondrá la destitución e inhabilitación para desempeñar el cargo o comisión pública o similar, hasta por un tiempo igual a la pena impuesta.

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En el caso de que el padre, madre o tutor de la víctima incurran en estas conductas, se les aplicarán sanciones de amonestación o apercibimiento a consideración del juez. La iniciativa señala que bastará la presentación de una denuncia para iniciar la investigación de los hechos.

Adicionalmente, los profesionales, técnicos o auxiliares de la salud que realicen, impartan, apliquen, obliguen o financien tratamientos o prácticas para anular la orientación sexual, identidad o expresión de género, serán sancionados, además,, serán suspendidos en el ejercicio profesional de uno a tres años.

La diputada Miriam Reyes Carmona sostuvo que estas prácticas vulneran derechos fundamentales como la igualdad y no discriminación, el libre desarrollo de la personalidad, el derecho a la identidad, el derecho a la salud, la protección de la familia y la vida privada, el derecho a no ser detenido arbitrariamente y el derecho a no ser sometido a torturas o tratos crueles, inhumanos o degradantes.

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Navarro, el Verdadero Instigador: Denuncia a Diputados para Desviar su Responsabilidad en los Actos del 13 de Septiembre

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Alejandro Navarro Saldaña, exalcalde de la capital guanajuatense, volvió a escena no para rendir cuentas, sino para intentar victimizarse y desviar la atención de su posible responsabilidad en los hechos violentos ocurridos el pasado 13 de septiembre. En una última aparición en el programa Poder y Pueblo, transmitido por el Canal 28 —una televisora que, durante años, funcionó como su tribuna personal disfrazada de “intercambio comercial”—, Navarro anunció denuncias contra los diputados de Morena, Hades Aguilar y David Martínez Mendizábal, bajo el pretexto de haber sido señalado públicamente por su participación en la organización de grupos de choque.

Pero lo que Navarro no dice, y que cada vez resulta más evidente, es que las acusaciones que hoy lo incomodan no nacen del aire: hay testimonios, imágenes y un contexto político claro que apuntan a que, como actor relevante del PAN en Guanajuato, tuvo un rol directo o indirecto en la desestabilización de movilizaciones ciudadanas legítimas. El diputado David Martínez no hizo más que decir lo que muchos ya piensan: que Navarro debe enfrentar las consecuencias legales si se confirma que estuvo detrás de esos grupos violentos. Hades Aguilar, por su parte, ha defendido el derecho a la crítica y el deber legislativo de denunciar posibles actos de represión política, por lo que las denuncias interpuestas por Navarro lucen como un intento desesperado de censura y revancha personal.

Lejos de asumir responsabilidades, Navarro intenta lavarse las manos, se deslinda del Canal 28 como si no hubiera usado sus cámaras como altavoz político, y ataca a sus propios correligionarios por no seguirle el juego. Mientras exige disculpas por haber sido “ofendido”, evade explicar por qué ciudadanos, activistas y ahora legisladores lo señalan como protagonista de un modelo político basado en el control, la intimidación y el uso de medios públicos para intereses privados. Si alguien tiene cuentas pendientes con la justicia y con la sociedad guanajuatense, es Navarro, no quienes se atreven a denunciarlo.

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Ricardo Ferro Baeza asume la coordinación de Morena en el Congreso de Guanajuato

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Guanajuato, Gto., 19 de agosto de 2025.– El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado oficializó este martes la designación de Ricardo Ferro Baeza como su nuevo coordinador, cargo que ejercerá durante un año y que fue validado tras el oficio entregado al Poder Legislativo.

La determinación, avalada por la mayoría de las y los integrantes de la bancada, marca un nuevo episodio en la dinámica interna de Morena, donde distintas corrientes internas midieron fuerzas en la definición de la coordinación. Pese a que hubo otras aspiraciones, el acuerdo se inclinó en favor de Ferro Baeza, legislador identificado con el grupo político cercano a la senadora Malú Mícher, al senador Emmanuel Reyes y al diputado ya hora ex coordinador, David Martínez Mendizábal.

La designación de Ferro no estuvo exenta de tensiones. Entre quienes también buscaron la posición se encontraban María Eugenia García Oliveros, quien se abstuvo de votar al considerar que era momento de dar paso a un liderazgo femenino; Abraham Ramos Sotomayor, identificado con la excandidata a la gubernatura Alma Alcaraz; y Plásida Calzada Velázquez, primera diputada indígena en el Congreso local, relacionada políticamente con la ex senadora Antares Vázquez. Sin embargo, ninguno logró consolidar el respaldo mayoritario.

La bancada morenista solicitó la acreditación de la nueva coordinación con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, precisando que el nombramiento tendrá vigencia del 25 de agosto de 2025 al 25 de agosto de 2026. El oficio, firmado por las y los legisladores, refrendó la decisión y se entregó puntualmente a la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Asimismo, Morena, a travez de Ricardo Ferro, asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, espacio que el PAN había controlado durante los últimos 24 años. No obstante, Acción Nacional mantiene el voto ponderado gracias a los 16 diputados que integran su bancada y al apoyo de la legisladora perredista María del Pilar Gómez, quien llegó al Congreso por la vía de la coalición electoral con el panismo.

Con este nuevo equilibrio, la coordinación de Ricardo Ferro será determinante para marcar el rumbo de Morena en el Congreso local. Su papel no solo se concentrará en articular las iniciativas de la bancada, sino también en negociar frente a un PAN que, pese a haber perdido la mayoría, conserva la fuerza necesaria para influir en las decisiones legislativas.

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El reto para Morena será transformar su peso numérico en capacidad de conducción política frente a una oposición con experiencia en el control del Legislativo.

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Guanajuato reduce homicidios dolosos pero sigue entre los estados con mayor incidencia

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Guanajuato logró descender hasta el tercer sitio a nivel nacional en el registro de homicidios dolosos durante el mes de julio de 2025, al reportar 155 asesinatos, equivalentes al 7.7% del total de carpetas de investigación en el país. Durante ese mes, fue superado únicamente por Chihuahua, que registró 182 homicidios (9%), y Sinaloa con 170 casos (8.4%).

De acuerdo con el reporte de la autoridad federal, el estado alcanzó una reducción del 60.7% en homicidios dolosos entre febrero y julio de este año. En los primeros meses de 2025, hasta febrero, Guanajuato mantuvo una tendencia al alza en este delito; sin embargo, tras la detención de generadores de violencia realizada por el gabinete de seguridad en marzo, los homicidios disminuyeron considerablemente, pasando de un promedio diario de 12.71 en febrero a 5 en julio, el último mes analizado.

A pesar de esta reducción durante el periodo específico, tomando en cuenta los primeros siete meses del año, Guanajuato se ubica en primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, con el 11.9% del total de casos, seguido por Chihuahua y Sinaloa, ambos con el 7.2%.

En un contexto más amplio, la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado una reducción histórica del 25.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso durante los primeros diez meses de gobierno, cifras que representan un récord en comparación con julio de 2015.

Este descenso significativo en Guanajuato es resultado de una estrategia integral de seguridad conocida como CONFIA, que en 310 días de operación ha permitido la detención de 44 generadores de violencia, el aseguramiento de armas, drogas e hidrocarburos, y la desarticulación de células criminales. Además, esta estrategia se ha enfocado en construir casos sólidos de investigación para prevenir el delito, no solo reaccionar ante él.

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Durante este tiempo, se evitó que más de 220 millones de pesos llegaran al crimen organizado, divididos en 66.1 millones de mercancía asegurada, 49.8 millones por pagos evitados de extorsión, 45.5 millones en hidrocarburos asegurados y 59.7 millones en drogas incautadas.

La coordinación histórica entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y las corporaciones municipales ha sido fundamental para que Guanajuato dejara de ocupar el primer lugar nacional en homicidios dolosos y se colocara en tercer sitio en cifras absolutas y octavo lugar en tasa por cada 100 mil habitantes al mes de julio.

A nivel nacional, la incidencia de homicidios dolosos ha disminuido un 25.3% en los primeros diez meses de la administración federal, evidenciando un esfuerzo generalizado para reducir la violencia en el país.

No obstante, la persistencia de Guanajuato como uno de los estados con mayor número de homicidios dolosos en el acumulado anual indica que, aunque hay avances importantes, el problema de la violencia sigue siendo un desafío que requiere atención y seguimiento continuo.

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