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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ha comenzado a solicitar la presencia de personas a las que se les hizo entrega de la Tarjeta Rosa para declarar

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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ha comenzado a solicitar la presencia de personas a las que se les hizo entrega de la Tarjeta Rosa para declarar al respecto, tratándose de un delito electoral tipificado en el artículo 350 de la Ley Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales.

Desde finales de abril, varias amas de casa que recibieron su Tarjeta Rosa han sido emplazadas por la Fiscalía del Estado y el Órgano de Combate a la Corrupción para que se presenten a declarar:

“Por medio del presente se le solicita su colaboración para que se haga presente en las oficinas de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, ubicada en Camino a San José de Cervera No. 140, Colonia San José de Cervera, edificio Josefa Ortiz de Domínguez, Guanajuato, Guanajuato, (tal día a tales horas), ello con la finalidad de practicar una diligencia de carácter ministerial, para lo cual deberá presentarse con original y copia de una identificación oficial con fotografía, en calidad de TESTIGO.

Lo anterior en virtud de que derivado de la investigación dentro de la presente carpeta de investigación, resulta necesaria su presencia para la debida integración de la indagatoria”

(Fin de la cita de los dos primeros párrafos, leídos con autorización de la destinataria)

Lo preocupante es que la persona que recibió este emplazamiento pertenece al grupo que es la base de la pirámide de este aparente esquema Ponzi, cuando quienes deberían ser emplazados y como indiciados, son los que están arriba moviendo los hilos de este delito.

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Exige Grupo Parlamentario de Morena comparecencia de Carlos Zamarripa Aguirre.

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En sesión ordinaria del Congreso local de Guanajuato, el Grupo Parlamentario de Morena exigió iniciar los procedimientos necesarios para que el fiscal general del estado, Carlos Zamarripa Aguirre, comparezca ante el pleno legislativo para rendir cuentas sobre su gestión durante el informe de actividades del año 2023.

La diputada Hades Berenice Aguilar Castillo, aseguró de manera contundente que Zamarripa Aguirre “no se va a salvar de comparecer y rendirle cuentas al pueblo”.

Esta afirmación surge tras la recepción del informe anual por parte del presidente del Congreso, José Alfonso Borja Pimentel, en el mes de febrero pasado.

Desde marzo, los legisladores de Morena han insistido en la necesidad de que el fiscal comparezca para explicar diversos aspectos de su gestión.

Sin embargo, esta petición se vio demorada debido a la negativa de los diputados del PAN, quienes argumentaron evitar  faltas durante el proceso electoral en curso.

Hades Aguilar reiteró que Zamarripa se tiene que ir, pero no premiado sino investigado.

La congresista Aguilar Castillo también cuestionó el otorgamiento de una “jugosa pensión” al aún fiscal general, instando a Zamarripa a justificar este beneficio antes de su salida de la Fiscalía local.

La congresista sentenció que en lugar de premiarlo, debería estar sujeto a un escrutinio legal por su presunta responsabilidad en la omisión de acciones frente a los homicidios que han afectado gravemente a todo el estado de Guanajuato.

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Diputados del PRIAN detienen iniciativa clave para mejorar contrataciones públicas en Guanajuato.

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En  sesión legislativa diputados pertenecientes a las fracciones del PRI y PAN en el Congreso del Estado de Guanajuato lograron archivar una iniciativa crucial: la Ley de Contrataciones Públicas para la entidad.

Esta propuesta, impulsada con el objetivo de robustecer los procesos de adquisiciones gubernamentales, tenía como meta principal garantizar condiciones de contratación más favorables y transparentes para el sector público, así como fortalecer los mecanismos de evaluación de proveedores.

El diputado Cuauhtémoc Becerra González, representante de Morena, expresó su descontento ante la decisión de archivar la iniciativa.

Argumentó que dicha ley habría fomentado la competencia en los procesos de licitación, mejorando las condiciones de contratación y asegurando principios fundamentales como la transparencia y la lucha contra la corrupción en las adquisiciones públicas.

Por su parte, la diputada Yulma Rocha Aguilar lamentó la decisión de archivar la iniciativa, subrayando que el sistema de evaluación propuesto habría permitido calificar el desempeño de proveedores, evaluar sus finanzas y experiencia, contribuyendo así a la transparencia y a la erradicación de prácticas corruptas en las decisiones gubernamentales.

La decisión de archivar esta iniciativa ha generado un intenso debate dentro y fuera del Congreso de Guanajuato, destacando las discrepancias ideológicas y políticas sobre el manejo transparente de los recursos públicos y la efectividad de los procesos de contratación gubernamental en el estado.

Esta medida deja en suspenso los esfuerzos por fortalecer la integridad y eficiencia en las contrataciones públicas de Guanajuato, mientras persiste el llamado de diversos sectores de la sociedad civil y organismos de control para reconsiderar y retomar la discusión sobre la iniciativa archivada.

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Exigen desde el Senado de la República anulación de elección en Guanajuato por uso electoral de programas sociales.

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Desde el Senado de la República, Alma Alcaraz Hernández, ex candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, respaldada por destacados legisladores morenistas, ha demandado la anulación de la reciente elección en el estado, basándose en agravios fundamentales.

Alcaraz Hernández destacó que uno de los principales puntos de impugnación se centra en el desvío de más de 4 mil millones de pesos de recursos públicos desde la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESHU) a favor de la candidata del PRIAN, Libia Denisse García Muñoz Ledo.

Este apoyo se canalizó a través del programa social “MujeresGrandeza”, también conocido como “Tarjeta Rosa”, el cual, según la denuncia, fue personalizado para beneficiar a García Muñoz Ledo durante su campaña electoral.

Este uso electoral del programa fue tan evidente que, al inicio de las campañas, se incrementaron los recursos asignados inicialmente  aprobados con mil 500 millones de pesos, estos fondos se aumentaron hasta alcanzar los 4 mil 20 millones de pesos, facilitando así su operación durante el período electoral.

La ex candidata detalló que se distribuyeron hasta 300 mil tarjetas con un valor de hasta 12 mil pesos cada una, recursos que asegura fueron entregados de manera focalizada y con claros criterios electorales.

Las acusaciones apuntan directamente a un uso indebido de fondos públicos para influir en el resultado electoral, generando preocupación por la integridad del proceso democrático en Guanajuato.

Asimismo, evidenció que el tope de campaña que era de 98 millones de pesos fue revazado 50 veces, “es decir, con recursos públicos compraron los votos” sentenció la diputada con licencia. 

El segundo de los agravios, no menos importante fue que el gobierno del estado y el ayuntamiento de León, condicionaron a funcionarios públicos para que a través de un sistema llevaran a 15 personas obligandolas a votar por la candidata del PAN.

Alcaraz Hernández, agregó que otro agravio que se suma fue la violencia que se ejerció contra la gran mayoría de los candidatos de la alianza Morena-PVEM-PT.

Por lo anterior expuesto es que Alma Alcaraz busca la anulación de la pasa elección del 2 de junio, en este sentido, legisladores federales morenistas respaldaron la solicitud, destacando la gravedad de las acusaciones y la necesidad de investigar a fondo estos presuntos abusos.

La situación continúa desarrollándose mientras se espera la respuesta oficial a esta demanda, que podría tener implicaciones significativas en el panorama político de Guanajuato y a nivel nacional.

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