Guanajuato, Gto., 24 de julio de 2025.– La tarde de este jueves, autoridades municipales clausuraron el centro de rehabilitación “La Oveja de Dios” por carecer de permisos de uso de suelo y de licencia de funcionamiento ambiental, además de detectarse condiciones inadecuadas para la atención de personas.

Aproximadamente a las 14:00 horas, personal de las Direcciones Generales de Desarrollo Urbano, Salud Municipal y Protección Civil Municipal realizaron una visita de inspección al inmueble, con el consentimiento de sus encargados.

Durante la revisión, se entrevistó a la directora del centro, quien informó que albergaban a 21 hombres mayores de edad, de los cuales solo cinco ingresaron por voluntad propia.

Tras constatar la falta de documentación y condiciones adecuadas, las autoridades levantaron un acta circunstanciada, suspendieron las actividades como medida de seguridad y colocaron sellos oficiales de clausura.

Además, por razones de protección e integridad física, las 21 personas fueron trasladadas a las instalaciones de la Comisaría de Policía Municipal Preventiva.

Cabe destacar que algunos de los internos refirieron haber sido víctimas de maltrato físico, amenazas y carencias alimentarias, lo cual fue notificado a las autoridades competentes para el seguimiento correspondiente.

Las autoridades municipales hicieron un llamado a los responsables del centro para regularizar su situación conforme a la normativa vigente y garantizar condiciones dignas y seguras para quienes acudan a recibir atención.

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Durante la sesión de la Diputación Permanente de la LXVI Legislatura del Congreso del Estado de Guanajuato, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco, integrante de la bancada de Movimiento Ciudadano, denunció irregularidades en la forma en que el gobierno municipal de Guanajuato capital destinará 58 millones de pesos para la adquisición e instalación de semáforos.

La legisladora afirmó que esta semana su grupo parlamentario comprobó la asignación arbitraria de los recursos sin contar con documentación que respalde la necesidad o urgencia de la obra. Explicó que solicitó por medio de mecanismos de transparencia los proyectos ejecutivos, estudios técnicos o análisis costo-beneficio que, de acuerdo con declaraciones anteriores de la tesorera municipal y la presidenta municipal, Samantha Smith, justificarían la ejecución del proyecto. Sin embargo, DE ACUERDO CON LA DIPUTADA, la respuesta obtenida, fue que dicha información no existe.

Pedroza Orozco expuso que, pese a la falta de sustento técnico, la obra ya fue licitada y adjudicada. Precisó que la empresa ganadora fue Cemex, que no solo fue la única en concursar, sino que ya acumula más de 600 millones de pesos en contratos con el gobierno del estado y con al menos otros seis municipios.

En su intervención también se refirió a la forma en que se obtendrán los recursos para financiar el proyecto, pues se aprobó una reasignación presupuestal de diversas dependencias municipales. Dicha modificación presupuestal afecta directamente a áreas como la seguridad, la cultura, la procuraduría de niñas, niños y adolescentes, así como el turismo.

La diputada reiteró que sin un proyecto técnico no existe justificación válida para destinar los recursos, y que sin transparencia lo que se configura es un escenario de corrupción. Anunció que continuará señalando esta situación las veces que sea necesario hasta que se esclarezca.

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Entre el 15 de abril y el 1 de julio de 2025, el número total de personas desaparecidas en el estado de Guanajuato registró una ligera disminución, de acuerdo con cifras oficiales disponibles en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) y en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), a través de datos proporcionados por la Fiscalía General del Estado de Guanajuato (FGEG).

Hasta el 15 de abril de 2025, el total acumulado era de 4,855 personas desaparecidas. Esta cifra se componía de 167 casos registrados en el RNPDNO anteriores al 1 de enero de 2012, y 4,688 reportes más recientes registrados por la FGEG.

Para el 1 de julio de 2025, los datos reflejan una reducción a 4,827 personas desaparecidas, lo que representa una disminución de 28 casos en comparación con el corte anterior. En esta actualización, el RNPDNO reportó 175 casos —un incremento de ocho personas respecto al periodo anterior— mientras que la FGEG registró 4,652 personas desaparecidas, 36 casos menos que en abril.

Aunque la variación es menor, las cifras evidencian que la desaparición de personas continúa siendo un tema vigente y preocupante en la entidad. Además, las diferencias entre los registros nacionales y estatales muestran la necesidad de fortalecer los mecanismos de actualización y homologación de datos entre ambas plataformas.

Hasta el momento, algunos colectivos de búsqueda y organizaciones de derechos humanos en Guanajuato han comenzado a solicitar información más precisa sobre los criterios de depuración o actualización de las cifras, sin que se haya emitido una postura oficial detallada sobre estos ajustes.

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Las cifras consultadas son públicas y pueden encontrarse tanto en el portal del RNPDNO como en la Plataforma Nacional de Transparencia, donde la FGEG reporta información periódicamente.

Aunque las cifras oficiales muestran una leve disminución en el número de personas desaparecidas en Guanajuato entre abril y julio de 2025, el fenómeno persiste como una de las principales problemáticas de la entidad. La diferencia entre los registros del RNPDNO y la FGEG, así como la falta de claridad en los criterios de actualización, evidencian la necesidad urgente de mayor transparencia y coordinación entre instituciones. Si bien cualquier reducción es positiva, el incremento constante de casos en años anteriores y la presión de colectivos y organizaciones sociales subrayan que este sigue siendo un tema prioritario que requiere nuevas estrategias, acciones contundentes y un compromiso sostenido por parte de las autoridades.