El senador Gerardo Fernández Noroña encendió el debate al afirmar que quienes forman parte de la llamada Cuarta Transformación no están obligados a llevar una vida austera en lo personal.

El legislador sostuvo que la austeridad debe aplicarse únicamente en el uso de recursos públicos, no en la vida privada de los funcionarios o sus familias.

Sus declaraciones surgen en medio de críticas contra José Ramón López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador, por su estilo de vida y viajes, los cuales —aseguró— están respaldados por ingresos legítimos.

Noroña calificó como “hipócritas” los cuestionamientos hacia integrantes de la 4T por su nivel de vida y señaló que nadie debe sentirse culpable por mejorar su situación económica si es legal.

Sin embargo, dentro del propio movimiento existen lineamientos que llaman a la sobriedad y a evitar lujos, lo que ha reavivado el debate sobre hasta dónde debe llegar la austeridad en la política mexicana.

La polémica está sobre la mesa: ¿Austeridad solo en el gobierno… o también en la vida personal?.

Advertisement

Durante la conferencia matutina de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de la caseta de cuota en el tramo Guanajuato–Silao, luego de las peticiones ciudadanas para su liberación. La mandataria señaló que, conforme a la ley, en México no puede existir una carretera de cuota sin una alternativa libre que garantice accesibilidad y conectividad para la población.

En ese sentido, explicó que el gobierno federal impulsa el programa de rehabilitación carretera conocido como “Bachetón”, mediante el cual se contempla una inversión de 50 mil millones de pesos durante este año para repavimentar, bachear y mejorar las vías federales sin cuota. Subrayó que este esfuerzo busca precisamente fortalecer las rutas libres y evitar que se incurra en violaciones a la normativa vigente.

Asimismo, la presidenta informó que solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, revisar el caso en coordinación con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Indicó que, al tratarse de una concesión estatal, primero debe existir una concesión federal al estado y posteriormente a particulares, por lo que se analizará la factibilidad jurídica y técnica de retirar la caseta, respondiendo así a las demandas de la ciudadanía

A tres años de su creación, la empresa estatal LitioMx, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue sin despegar: no tiene proyectos, no ha recibido inversión productiva y no ha generado resultados concretos.

De acuerdo con reportes recientes, el organismo ha operado prácticamente solo para cubrir gastos administrativos, destinando más de 40 millones de pesos principalmente al pago de salarios, sin avances en exploración o explotación del litio.

Aunque el litio fue declarado como un recurso estratégico bajo control del Estado, la realidad es que no se ha invertido en estudios, infraestructura ni desarrollo de yacimientos, lo que mantiene al proyecto estancado.

Incluso, especialistas advierten que lo destinado hasta ahora representa menos del 1% de lo necesario para desarrollar una industria del litio en México, mientras otros países avanzan con inversiones millonarias y asociaciones público-privadas.

Para 2026, el presupuesto asignado ronda los 13.9 millones de pesos, pero nuevamente enfocado en gasto corriente, sin recursos dirigidos a proyectos productivos.

El caso abre cuestionamientos sobre el futuro de LitioMx y el papel de México en el mercado global del llamado “oro blanco”.

Advertisement

Porque mientras el mundo acelera la carrera por el litio, en México…
el proyecto sigue detenido en el papel.