Guanajuato es un paraje pintoresco, lleno de historia, color y belleza arquitectónica. Su hermosura nos llena de orgullo, y por ello extendemos la invitación a todo aquel que desee admirarla. Sin embargo, la ciudad enfrenta una crisis silenciosa: el centro histórico se vuelve cada día más ruidoso y caótico, agravado por la falta de estacionamiento.

Las familias que tradicionalmente habitaban en el corazón de la ciudad han comenzado a desplazarse hacia las orillas. El arraigo se desvanece, y con ello, el sentido de pertenencia. Las viviendas del centro, ahora deshabitadas, son puestas en manos de inmobiliarias que las rentan a través de plataformas digitales. El fenómeno de la gentrificación avanza sin freno.

En Guanajuato capital, la deslealtad comercial comienza a debilitar la economía local. La ocupación hotelera, uno de los pilares turísticos de la ciudad, ha registrado una baja significativa. Durante la reciente temporada vacacional alta, la ocupación en municipios como Dolores Hidalgo, León y San Miguel de Allende apenas superó el 30%, afectando directamente al empleo formal. No obstante, estas cifras no son del todo precisas: muchos hoteleros no están registrados oficialmente en el padrón del sector.

La situación es especialmente preocupante en la capital del estado, donde el turismo ha sido durante décadas una de las principales fuentes de ingreso. La derrama económica que solía mantener a flote a numerosos negocios hoy se desvanece. Los empresarios del sector hotelero compiten entre sí ofreciendo mayores comisiones a los guías turísticos, lo que genera un mercado distorsionado en el que prevalece quien ofrece más, no necesariamente quien ofrece mejor.

Esta competencia desleal ha derivado en una peligrosa dinámica: los guías, certificados o no, recomiendan hoteles en función de las comisiones que reciben, sin que importe la calidad del servicio. La ausencia de regulación permite que operen sin control, incluso cuando algunos de ellos pagan impuestos y asisten a capacitaciones.

¿Y la policía turística? ¿Quién regula realmente? De acuerdo con una investigación del Sistema de Noticias de TV Guanajuato, no existe hasta el momento un mecanismo claro que supervise las comisiones recibidas por promotores turísticos.

Esta falta de control repercute directamente en la experiencia del visitante. Cuando el servicio recomendado no cumple con las expectativas, los turistas optan por plataformas digitales para rentar casas o habitaciones, reforzando así el ciclo de gentrificación. Las familias continúan dejando el centro, y las inmobiliarias capitalizan esta transformación, mientras la ciudad pierde identidad y se abarata.

Aunque existen algunas regulaciones estatales sobre las plataformas de hospedaje, estas resultan insuficientes. El turismo en Guanajuato se está concentrando en manos de unos pocos.

Una fuente cercana al sector hotelero confirma que no existe actualmente ningún tipo de apoyo económico municipal destinado a la remodelación o construcción de nuevos espacios. El sector, clave para la economía local, parece navegar a la deriva.

El Rastro Municipal de Guanajuato es un lugar fundamental para la comunidad, ya que proporciona un espacio seguro y controlado para el sacrificio y procesamiento de carne. Sin embargo, se han recibido reportes ciudadanos que indican que el rastro no está cumpliendo con los estándares de calidad y seguridad alimentaria.

Los ciudadanos han reportado que los animales que se sacrifican en el rastro sufren mucho, que el lugar huele muy mal y que hay poco control de sanidad. Además, nos mencionaron que los refrigeradores donde se guarda la carne no están funcionando correctamente. A pesar de que se ha pedido ayuda a la administración actual, no han tomado medidas para abordar estos problemas.

Respetar el reglamento del Rastro Municipal es fundamental para garantizar la calidad y seguridad de la carne que se produce y comercializa en la región. Algunas de las razones por las que es importante respetar el reglamento incluyen:

• Seguridad Alimentaria: Garantizar que la carne sea segura para el consumo humano y reducir el riesgo de enfermedades transmitidas por alimentos.
• Calidad de la Carne: Garantizar que la carne sea de alta calidad y libre de enfermedades.
• Confianza del Consumidor: Generar confianza en los consumidores y proteger la reputación del rastro.
• Prevención de Enfermedades: Prevenir la propagación de enfermedades entre los animales y los humanos.
• Cumplimiento de la Normativa: Cumplir con la normativa y evitar sanciones o multas.
• Protección del Medio Ambiente: Proteger el medio ambiente y prevenir la contaminación.

Es fundamental que se tomen medidas para abordar los problemas reportados y garantizar que el Rastro Municipal de Guanajuato cumpla con los estándares de calidad y seguridad alimentaria. La salud pública y la confianza de los consumidores están en juego. Es hora de tomar acción y garantizar que el rastro sea un lugar seguro y saludable para la comunidad.

Alma Alcaraz Hernández, delegada de Programas para el Desarrollo del Bienestar, informó que por primera vez en la historia, más de 90 comunidades indígenas de Guanajuato recibirán recursos federales de manera directa, sin intermediarios.

La funcionaria federal durante una asamblea informativa destacó que esto no es un favor, sino un acto de justicia largamente esperado. Añadió que el compromiso es garantizar que estos recursos lleguen a donde realmente se necesitan para mejorar la calidad de vida de las comunidades. También mencionó la importancia del nuevo mecanismo de financiamiento directo para garantizar que los recursos sean aplicados de manera eficiente y transparente.

El objetivo de la asamblea fue informar a los representantes indígenas sobre su acceso directo a los recursos federales del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social para Pueblos Indígenas y Afromexicanos (FAISPIAM). A través de este esquema, se busca que las comunidades participen activamente en la toma de decisiones sobre su propio desarrollo.

En el encuentro participaron 70 representantes y autoridades indígenas, así como 135 asistentes de diversas comunidades. Durante las sesiones informativas, se explicó la reciente reforma constitucional que reconoce a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio. Asimismo, se detalló el mecanismo mediante el cual los municipios deberán destinar el 10% del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) a estos pueblos, garantizando su correcta aplicación.

Las dudas y preocupaciones de las comunidades fueron escuchadas, destacando la necesidad de transparencia en la asignación de los recursos y la importancia de que los gobiernos municipales cumplan con su obligación de dirigir los fondos a proyectos que combatan la pobreza y la marginación.

“Este es un paso histórico para la justicia social en nuestras comunidades indígenas. No vamos a permitir que se les siga relegando, hoy tienen en sus manos la posibilidad de decidir sobre su propio futuro”, concluyó Alma Alcaraz.