En Guanajuato capital y su zona metropolitana como León, los patines eléctricos, scooters, bicimotos y bicicletas cobran fuerza como alternativas ecológicas al transporte convencional.

En León, cerca del 80 % de los habitantes se desplazan en transporte público, bicicleta o caminando. La red de ciclovías en el municipio es la tercera más importante de América Latina. Siendo clave en esta transformación. Sin embargo, la movilidad eléctrica ligera avanza sin un marco legal claro que asegure su integridad y la del medio urbano.

Entre enero y mayo de 2025, el Congreso de Guanajuato presentó una propuesta para reformar la Ley de Movilidad: se pretende clasificar y regular vehículos eléctricos según su velocidad.

Aquellos que superen los 25 km/h serían equiparados a motocicletas, lo que implica casco, registro vehicular, seguros y normas viales específicas. Asimismo, se busca impulsar infraestructura dedicada —como ciclovías y carriles exclusivos— para asegurar el desplazamiento seguro en zonas urbanas.

En Irapuato hay 30 tiendas que comercializan bicimotos, pero el registro oficial no existe.

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En Purísima del Rincón, los scooters son considerados “juguetes”, lo que impide su emplacamiento pese a su uso diario.

Desde el punto de vista ambiental, estos dispositivos representan una oportunidad real, pues se va reduciendo el uso del automóvil, se descongestionar el tráfico, se disminuyen emisiones y son ideales para trayectos cortos y urbanos.

Sin embargo, su eficacia ecológica depende de tres factores clave:

Fuente de electricidad: si la carga proviene de redes basadas en combustibles fósiles, el beneficio disminuye.

Gestión de baterías: su ciclo de vida, reciclaje y disposición afectan su huella ambiental.

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Seguridad y ordenamiento urbano: sin regulación, riesgos como atropellos o colisiones podrían frenar su adopción responsable.

Como lo advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Guanajuato, la regulación debe enfocarse en seguridad y no en recaudación.

Desarrollar infraestructura Adecuar tramos de ciclovía y carriles exclusivos en León, Irapuato y Purísima.

Seguridad obligatoria Casco, reflectantes, sistemas de frenado, y seguros de responsabilidad civil.

Registro y datos Implementar un padrón estatal/muncipal: saber cuántos y dónde circulan.

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Carga y ciclo de vida de baterías Fomentar infraestructura de carga sostenible y sistemas de reciclaje ecológico.

La movilidad eléctrica ligera es una solución prometedora para ciudades verdes. El reto de Guanajuato ahora es transformar el auge en una apuesta real de desarrollo sustentable: donde la movilidad no solo sea limpia, sino también segura, organizada y con visión de futuro.

El transfeminicidio es el asesinato de una persona transfemenina, es decir, una persona asignada como hombre al nacer, pero que se identifica y vive como mujer

Recientemente, en el Congreso del Estado de Guanajuato, integrantes del partido Morena presentaron una iniciativa para reformar el Código Penal y tipificar el transfeminicidio como delito.

La diputada María Eugenia García Oliveros destacó la importancia de comenzar a hablar de este tipo de violencia, que se enmarca dentro de una problemática de odio hacia las identidades de género diversas.

Esta propuesta busca visibilizar y sancionar de forma específica los crímenes motivados por transfobia, pues estos no solo atentan contra la vida, sino también contra la dignidad y el derecho a la identidad.

A diferencia del feminicidio, el transfeminicidio refleja una forma de violencia que combina la misoginia con el desprecio hacia las personas trans, particularmente las mujeres trans.

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Nos guste o no, la diversidad existe. La distinción entre identidades de género no debe ser negada ni ignorada. Aunque no todas las personas estén de acuerdo con estas realidades, el respeto debe ser un principio legal y social.

Una sociedad verdaderamente civilizada y moralmente justa reconoce y protege todas las formas de identidad, sin importar género, orientación, raza o expresión.

La iniciativa plantea que quien cometa este delito podría enfrentar penas de 35 a 70 años de prisión. Se trata de un paso importante hacia la justicia y la protección de una comunidad históricamente marginada.

Las migraciones son un movimiento social debido a que implica la lucha o protesta de personas inmigrantes que son obligadas a dejar su lugar de origen por una calidad de vida mejor. Desplazarse a través de miles de kilómetros a pie no es cosa fácil en muchos aspectos e involucra muchos riesgos si se hace de forma individual. Por esa razón, los inmigrantes optan por viajar en grupos grandes conocidos como caravanas.

Entiéndase por una caravana a un grupo de personas que, a pie o en vehículos, viajan unos tras otros y que, de esa manera, logran protegerse entre sí como un colectivo ante peligros potenciales al cruzar el país, en este caso, México.
¿Cuáles son estos peligros? Son muchos, los más preocupantes son las torturas, robos, secuestros y amenazas por parte del crimen organizado, discriminación, privación de alimentos y agua. Debido a que en el flujo de inmigrantes ha habido un aumento de mujeres que viajan solas o son acompañadas con infantes, se potencializa el riesgo de casos de violación.
Las caravanas fueron el centro de atención de los medios de comunicación a partir del año 2018 donde la primera caravana partió con el objetivo de conseguir el “sueño americano” con su lema “No nos vamos porque queremos: nos expulsa la violencia y la pobreza”. Los inmigrantes, entonces, están en busca de superar los índices bajos de desarrollo humano que hay en su país, la desigualdad, la violencia política y sexual, discriminación de género, entre muchas otras.
Cuando estas personas extranjeras entran a México, el punto de reunión donde se organizan y parten para atravesar el país con el fin de llegar a Estados Unidos es desde Tapachula, Chiapas; zona que ha tenido y sigue teniendo problemas por la saturación de solicitudes de refugiados en la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, conocida como la COMAR. Para que un inmigrante pueda ser atendido por la comisión, puede pasar un lapso de seis meses para que se le agende una cita y, en ese transcurso de tiempo, las personas indocumentadas pueden ser aseguradas y trasladadas a la frontera por el Instituto Nacional de Migración y la Guardia Nacional.
La comisión Nacional de Derechos Humanos remarca en su informe de las caravanas Mexicanas que antes de atender el fenómeno de las caravanas desde un protocolo de contención por parte de la Guardia nacional y el Instituto nacional de migración, debe privilegiarse el derecho de seguridad, integridad personal, situación de derecho a la niñez, el derecho a la unidad familiar, el debido proceso legal y la protección de salud. Después de todo, se tratan de personas obligadas a dejar a sus familias y vida que conocen por la esperanza de conseguir algo mejor, por lo tanto, merecen condiciones dignas en todo momento, respeto y empatía.
Actualmente, debido a las políticas impuestas por Donald Trump con respecto a las personas inmigrantes, muchos de estos han desistido de llegar al país del norte y, en su lugar, quedarse en México para trabajar y establecerse definitivamente.