Alejandro Navarro Saldaña, exalcalde de Guanajuato Capital y esposo de la actual presidenta municipal, Samantha Smith, enfrenta una denuncia penal por presunto conflicto de interés, daño ambiental y corrupción. El epicentro del escándalo: una zona ecológicamente protegida arrasada por maquinaria, y negocios familiares que, según la acusación, fueron favorecidos desde el poder público.

Los hechos se remontan a 2020, cuando sin permisos oficiales ni consulta ciudadana, se abrió un camino en una área verde de la ciudad: el cerro de las Eredaderas, dentro del polígono conocido como Quinta Marfil. Más de 2 mil metros cuadrados de vegetación fueron arrasados. A esa herida en el paisaje, activistas y medios locales la bautizaron como “el Arañazo”.

El trazo vial atraviesa terrenos propiedad de Guillermo Smith, suegro del exalcalde y padre de la actual edil, Samantha Smith, lo que evidenció un presunto conflicto de interés. Lejos de ser un simple accidente administrativo, el caso se convirtió en símbolo de algo más profundo: el uso del poder para cimentar proyectos familiares, aún a costa del patrimonio natural de todos.

Fue la activista y exregidora Paloma Robles Lacayo quien, junto con los ciudadanos Fernando Revilla y Julio César Rodríguez, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción, presentó formalmente la denuncia ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. El fiscal Marco Antonio Medina Torres recibió el documento, en el cual se solicita investigar posibles delitos por tráfico de influencias, abuso de poder y daño ambiental.

Pero el conflicto no termina ahí. La denuncia también abarca supuestas irregularidades en la operación del Museo de las Momias, ícono turístico de la ciudad. Según la acusación, durante la administración de Navarro se promovieron alzas en las tarifas del museo municipal que desequilibraron la competencia con otros museos, privados, administrados por la familia política del exalcalde. Una estrategia que, de comprobarse, no solo sería desleal, sino ilegal.

Mientras la sociedad exigía una respuesta firme ante la devastación en Marfil, la Dirección de Medio Ambiente municipal optó por una ruta cuestionable: en lugar de suspender de inmediato la obra, inició un proceso para regularizarla. Fue la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) quien finalmente clausuró el área y detuvo el avance de la urbanización. Un gesto que llegó tarde, pero que salvó lo que aún queda en pie.

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Hoy, los guanajuatenses se preguntan hasta qué punto se han permitido estas prácticas a la sombra del poder. ¿Cuántas veces más los intereses particulares tendrán la fuerza para borrar caminos verdes y reemplazarlos por calles de concreto que conducen al lucro?

La denuncia avanza, pero el juicio ciudadano ya comenzó… Este caso habré la discusión urgente sobre ética pública, corrupción estructural y el valor de nuestras reservas naturales.

Porque cuando el poder sirve para enriquecer a los de siempre, y cuando los cerros son mutilados por intereses privados disfrazados de desarrollo, lo que está en juego no es solo es un futuro o el prestigio de un político. Lo que se juega es la dignidad misma de una ciudad que, en medio de su belleza, aún clama por justicia.

Con apenas cuatro hojas de explicación y sin un desglose técnico del destino final del recurso, el Ayuntamiento de Guanajuato Capital aprobó por mayoría la asignación de 58 millones de pesos a un proyecto de semaforización en ocho puntos de la ciudad. La decisión fue avalada pese a las duras críticas de tres regidores que cuestionaron la falta de transparencia, la desproporción del gasto y la escasa documentación del proyecto.

Bajo el título genérico de “Atención a puntos conflictivos en el municipio de Guanajuato”, el paquete de obras fue presentado como una intervención para mejorar la movilidad peatonal y la seguridad vial. No obstante, su eje central es la instalación de semáforos en diversos cruces de la capital, algunos de los cuales, según vecinos, ni siquiera registran una alta carga vehicular.

Las intersecciones contempladas son:

1. Carretera a Marfil – Vialidad Nueva (Puente de la Piloto)

2. Carretera Libre Guanajuato–Silao – Acceso a Las Teresas

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3. Avenida Santa Fe – Alfredo Dougés

4. Avenida Santa Fe – Avenida Manantial

5. Carretera a Puentecillas – Avenida Manantial

6. Avenida Lucas Alamán – Camino a San José de Cervera

7. Glorieta Juventino Rosas – Silao

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8. Glorieta Marfil – Carretera Guanajuato–Silao

En total, los 58 millones representan el 6% del presupuesto municipal para el año 2025, una cifra que no pasó desapercibida para los regidores de oposición. La regidora de Movimiento Ciudadano, Liliana Preciado Zárate, y los regidores de Morena, Víctor Larios Ulloa y María Fernanda Arellano, votaron en contra al considerar que el gasto es innecesario, injustificado y mal sustentado. Sin embargo, como ya es costumbre, la regidora de Morena, Celia Carolina y Julio Cesar, del mismo partido, dieron su brazo a torcer y votaron a favor.

Uno de los principales cuestionamientos fue la escasa documentación entregada a los integrantes del cabildo: un expediente de cuatro páginas, sin anexos técnicos, diagnósticos, planos o criterios de priorización. No se explicaron con claridad ni el origen de los montos ni el impacto proyectado por cada intervención. Tampoco se aclaró si hubo consulta ciudadana o estudios de movilidad urbana que respaldaran la urgencia o conveniencia del gasto.

Este caso recuerda inevitablemente la polémica inversión en el Nuevo Museo de las Momias, una obra promovida en el segundo trienio del exalcalde Alejandro Navarro, que requirió incluso la contratación de deuda por 70 millones de pesos. Ahora, aunque el discurso del gobierno municipal es distinto, la lógica del gasto público parece repetir patrones: proyectos millonarios, escasa rendición de cuentas y una desconexión con las necesidades básicas de la ciudadanía.

Mientras tanto, muchas colonias de la capital siguen enfrentando carencias más urgentes: problemas de abastecimiento de agua, fallas en la recolección de basura, baches que afectan la movilidad real de los ciudadanos y falta de infraestructura social. A pesar de ello, el gobierno local ha optado por destinar una suma millonaria a un esquema de semáforos sin el soporte técnico necesario y sin detallar públicamente quién ejecutará las obras ni bajo qué criterios se seleccionaron las vialidades.

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La aprobación se dio por mayoría, dejando sin efecto los señalamientos de la oposición y sin mayores cambios al dictamen original. Las obras podrían iniciar en los próximos meses, mientras crecen las dudas sobre la prioridad de este proyecto y el verdadero interés detrás de su impulso.

Guanajuato, Gto. – Desde tempranas horas del día, en la Calle Arroyo Verde, en la zona sur de la capital del estado, el aire se torna casi irrespirable. Lo que flota en el aire es el olor persistente que emana del Centro de Control Animal (CECA), donde se incineran cuerpos de animales previamente sacrificados bajo responsabilidad del municipio.

Habitantes del lugar han denunciado que, a pesar de que durante un tiempo se había pausado esta práctica, recientemente se retomaron las quemas sin previo aviso, provocando fuertes molestias por los olores insoportables y generando preocupación por los posibles efectos contaminantes y sanitarios que esta operación representa para las familias de la zona sur.

El crematorio, actualmente en funcionamiento dentro de un área urbana habitacional y deportiva, es motivo de creciente malestar. La comunidad señala que la quema de restos biológicos está afectando de manera directa la calidad del aire, alterando la vida diaria de las familias y comprometiendo su salud física y emocional.

Desde una perspectiva legal, ambiental y de salud pública, no es recomendable que un crematorio de animales sacrificados o de residuos biológicos se instale en zonas densamente pobladas. En México, la NOM-087-ECOL-SSA1, junto con otras disposiciones ambientales, establece lineamientos muy claros: este tipo de instalaciones deben ubicarse lejos de zonas urbanas, escuelas, hospitales o unidades habitacionales.

Los riesgos de tener un crematorio activo cerca de zonas habitadas son múltiples. La contaminación del aire es una de las principales preocupaciones, pues si el proceso de incineración no se realiza adecuadamente, pueden liberarse partículas tóxicas.

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A ello se suma la generación de olores desagradables, que afectan de manera directa la calidad de vida de las personas. Además, si los animales fueron sacrificados por razones sanitarias, como infecciones o enfermedades zoonóticas, existe el riesgo de que se diseminen patógenos peligrosos.

El problema no se limita únicamente a los hogares colindantes. A pocos metros del CECA se encuentra la Unidad Deportiva Vázquez Nieto, un espacio destinado a la recreación y el ejercicio. En estas condiciones, acudir a hacer actividad física en esta zona se convierte en un riesgo para la salud, debido a la contaminación del aire que afecta directamente a quienes utilizan ese espacio público. La práctica del deporte y la recreación al aire libre se ve severamente limitada por la presencia constante de olores penetrantes.

La comunidad ha insistido en la necesidad de que se detenga esta práctica en la zona urbana y se reubique el crematorio donde no represente un peligro para la salud ni para el bienestar cotidiano de la población. La operación de este centro, sin información pública, sin estudios técnicos visibles y sin una consulta a la ciudadanía, vulnera el derecho a un ambiente sano y a una vida digna.