Guanajuato, Gto., 19 de agosto de 2025.– El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado oficializó este martes la designación de Ricardo Ferro Baeza como su nuevo coordinador, cargo que ejercerá durante un año y que fue validado tras el oficio entregado al Poder Legislativo.

La determinación, avalada por la mayoría de las y los integrantes de la bancada, marca un nuevo episodio en la dinámica interna de Morena, donde distintas corrientes internas midieron fuerzas en la definición de la coordinación. Pese a que hubo otras aspiraciones, el acuerdo se inclinó en favor de Ferro Baeza, legislador identificado con el grupo político cercano a la senadora Malú Mícher, al senador Emmanuel Reyes y al diputado ya hora ex coordinador, David Martínez Mendizábal.

La designación de Ferro no estuvo exenta de tensiones. Entre quienes también buscaron la posición se encontraban María Eugenia García Oliveros, quien se abstuvo de votar al considerar que era momento de dar paso a un liderazgo femenino; Abraham Ramos Sotomayor, identificado con la excandidata a la gubernatura Alma Alcaraz; y Plásida Calzada Velázquez, primera diputada indígena en el Congreso local, relacionada políticamente con la ex senadora Antares Vázquez. Sin embargo, ninguno logró consolidar el respaldo mayoritario.

La bancada morenista solicitó la acreditación de la nueva coordinación con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, precisando que el nombramiento tendrá vigencia del 25 de agosto de 2025 al 25 de agosto de 2026. El oficio, firmado por las y los legisladores, refrendó la decisión y se entregó puntualmente a la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Asimismo, Morena, a travez de Ricardo Ferro, asumirá la presidencia de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, espacio que el PAN había controlado durante los últimos 24 años. No obstante, Acción Nacional mantiene el voto ponderado gracias a los 16 diputados que integran su bancada y al apoyo de la legisladora perredista María del Pilar Gómez, quien llegó al Congreso por la vía de la coalición electoral con el panismo.

Con este nuevo equilibrio, la coordinación de Ricardo Ferro será determinante para marcar el rumbo de Morena en el Congreso local. Su papel no solo se concentrará en articular las iniciativas de la bancada, sino también en negociar frente a un PAN que, pese a haber perdido la mayoría, conserva la fuerza necesaria para influir en las decisiones legislativas.

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El reto para Morena será transformar su peso numérico en capacidad de conducción política frente a una oposición con experiencia en el control del Legislativo.

Guanajuato logró descender hasta el tercer sitio a nivel nacional en el registro de homicidios dolosos durante el mes de julio de 2025, al reportar 155 asesinatos, equivalentes al 7.7% del total de carpetas de investigación en el país. Durante ese mes, fue superado únicamente por Chihuahua, que registró 182 homicidios (9%), y Sinaloa con 170 casos (8.4%).

De acuerdo con el reporte de la autoridad federal, el estado alcanzó una reducción del 60.7% en homicidios dolosos entre febrero y julio de este año. En los primeros meses de 2025, hasta febrero, Guanajuato mantuvo una tendencia al alza en este delito; sin embargo, tras la detención de generadores de violencia realizada por el gabinete de seguridad en marzo, los homicidios disminuyeron considerablemente, pasando de un promedio diario de 12.71 en febrero a 5 en julio, el último mes analizado.

A pesar de esta reducción durante el periodo específico, tomando en cuenta los primeros siete meses del año, Guanajuato se ubica en primer lugar a nivel nacional en homicidios dolosos, con el 11.9% del total de casos, seguido por Chihuahua y Sinaloa, ambos con el 7.2%.

En un contexto más amplio, la administración federal encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha logrado una reducción histórica del 25.3% en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso durante los primeros diez meses de gobierno, cifras que representan un récord en comparación con julio de 2015.

Este descenso significativo en Guanajuato es resultado de una estrategia integral de seguridad conocida como CONFIA, que en 310 días de operación ha permitido la detención de 44 generadores de violencia, el aseguramiento de armas, drogas e hidrocarburos, y la desarticulación de células criminales. Además, esta estrategia se ha enfocado en construir casos sólidos de investigación para prevenir el delito, no solo reaccionar ante él.

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Durante este tiempo, se evitó que más de 220 millones de pesos llegaran al crimen organizado, divididos en 66.1 millones de mercancía asegurada, 49.8 millones por pagos evitados de extorsión, 45.5 millones en hidrocarburos asegurados y 59.7 millones en drogas incautadas.

La coordinación histórica entre el Ejército Mexicano, Guardia Nacional, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Fiscalía General de la República (FGR), la Fiscalía estatal y las corporaciones municipales ha sido fundamental para que Guanajuato dejara de ocupar el primer lugar nacional en homicidios dolosos y se colocara en tercer sitio en cifras absolutas y octavo lugar en tasa por cada 100 mil habitantes al mes de julio.

A nivel nacional, la incidencia de homicidios dolosos ha disminuido un 25.3% en los primeros diez meses de la administración federal, evidenciando un esfuerzo generalizado para reducir la violencia en el país.

No obstante, la persistencia de Guanajuato como uno de los estados con mayor número de homicidios dolosos en el acumulado anual indica que, aunque hay avances importantes, el problema de la violencia sigue siendo un desafío que requiere atención y seguimiento continuo.

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Guanajuato, Gto.— El diputado David Martínez Mendizábal, integrante del Grupo Parlamentario de Morena, sostuvo que el exalcalde panista Alejandro Navarro Saldaña sí está implicado en la entrega ilegal de permisos que permitieron el desarrollo del fraccionamiento “La Cucursola”, ubicado en la Sierra de Santa Rosa, área considerada vital para la preservación ecológica de la capital del estado.

De acuerdo con el legislador, los intentos recientes de Navarro por deslindarse del caso son contradictorios con los hechos documentados, ya que durante su administración se otorgaron de manera irregular los permisos que hoy sustentan la venta y urbanización de terrenos en dicho fraccionamiento, propiedad del empresario y ex diputado panista, Sergio Ascencio Barba. La actuación del gobierno municipal, encabezado en su momento por Navarro Saldaña, fue clave para que el proyecto avanzara, pese a las afectaciones ambientales y las múltiples irregularidades legales.

El proceso legal contra “La Cucursola” se inició en febrero de 2023, cuando la organización civil Acción Colectiva Socioambiental presentó una denuncia penal contra la empresa Loma de Irapuato S.A.y los exfuncionarios panistas Alejandro Navarro y Juan Carlos Delgado Zárate, quien entonces era Director de Desarrollo Urbano. En abril de ese mismo año, el Grupo Parlamentario de Morena presentó dos exhortos desde tribuna: uno para frenar la venta de terrenos en ese fraccionamiento y otro para exigir que se diera a conocer si el proyecto contaba con los permisos necesarios para su promoción y construcción.

Estas acciones legislativas fueron respaldadas por organizaciones como Acción Colectiva y Movimiento Colibríes, que aportaron pruebas suficientes para que la Fiscalía General de la República realizara un cateo en la zona el pasado 30 de julio, como parte de una investigación formal por delitos contra el medio ambiente y gestión ambiental.

Pese a este contexto, el empresario Ascencio Barba continúa con la venta de lotes en “La Cucursola” utilizando documentación que, según los legisladores y organizaciones denunciantes, es ilegal y fue otorgada durante la administración de Navarro.

El diputado David Martínez Mendizábal advirtió que esta situación no puede quedar impune y que todos los actores que hayan permitido o favorecido el desarrollo en esa zona protegida deben enfrentar las consecuencias legales correspondientes.

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El caso también ha expuesto lo que el legislador considera una red de corrupción en torno al otorgamiento de permisos irregulares, y ha señalado que quien defienda la continuidad del proyecto podría estar actuando en función del delito de ecocidio y tiene intereses personales o económicos ligados directamente al fraccionamiento.