Entre las entrañas de esta ciudad patrimonio de la humanidad se extiende una red de túneles que, más allá de ser vías de circulación vehicular, representa la memoria viva de un pueblo que aprendió a volverlo parte de su identidad. Originalmente construidos como canales de desagüe tras las grandes inundaciones del siglo XVIII. En ese entonces el río Guanajuato atravesaba la zona urbana y, durante la temporada de lluvias, solía desbordarse, provocando graves daños materiales y pérdidas humanas. Como respuesta, se realizaron trabajos de canalización y desvío del cauce natural del río.

Con el tiempo, muchas de estas canalizaciones fueron cubiertas, dando paso a una red de túneles subterráneos que, inicialmente, funcionaron como colectores pluviales. A partir del siglo XX, estos espacios fueron adaptados para el tránsito vehicular, convirtiéndose en una parte integral del sistema vial de la ciudad.

Actualmente, los túneles representan una infraestructura funcional, sino también un símbolo de identidad urbana. Su presencia es uno de los elementos que distingue a Guanajuato a nivel nacional e internacional, tanto por su historia como por su valor arquitectónico.
Hoy, sin embargo, estas arterias subterráneas enfrentan una amenaza silenciosa: el abandono institucional.

Durante la temporada de lluvias, los túneles suelen registrar encharcamientos que, al no ser abordados con medidas preventivas contundentes, se vuelven una fuente de peligro constante no solo para los ciudadanos, sino también para el turismo, que es la principal fuente de ingresos para Guanajuato capital. Durante un recorrido realizado por este medio, se constató el abandono en que se encuentran varios tramos. Se observan coladeras sin tapa, mala iluminación —lo cual representa un riesgo letal al no distinguir el suelo irregular— y desagües que descargan directamente sobre el paso vehicular y peatonal.

En uno de los puntos, un hombre relató que acababa de caer en una de esas coladeras sin protección, lo que resalta el nivel de vulnerabilidad de la ciudadanía ante la falta de mantenimiento. A pesar de que estos riesgos han sido denunciados en años anteriores por vecinos y comerciantes, las acciones por parte de Protección Civil se limitan a respuestas reactivas tras los incidentes.

La situación se agrava debido a la antigüedad de la infraestructura y la acumulación de humedad en los muros, que representa riesgos de derrumbes. En muchos tramos, la falta de limpieza de los drenajes contribuye a los encharcamientos y reduce la visibilidad, afectando tanto a automovilistas como a peatones.

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Los túneles, símbolo de la capacidad de adaptación histórica de Guanajuato, hoy exigen atención técnica urgente. De no intervenirse con seriedad, el mismo sistema que salvó a la ciudad de las inundaciones en el pasado podría convertirse en un foco de accidentes y desgracias evitables.

La promoción personal con recursos públicos es un delito

Guanajuato, Gto. – Autoridades han sido señaladas por utilizar recursos públicos con fines de promoción personal, una clara violación al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe explícitamente que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Sin embargo, en distintos niveles de gobierno, se han detectado campañas institucionales que destacan logros, apadrinamientos o mensajes subliminales con el fin de meter en el siguiente periodo de elecciones a personas que, aparentemente, ya están esperando ocupar algún puesto en el gobierno. Esto último también recae en el nepotismo.

Todo esto constituye un uso indebido del presupuesto con el fin de ganar simpatía política o fortalecer una imagen con miras a futuras elecciones. Esto un delito que puede tener consecuencias penales y administrativas.

Si se acredita que hubo intención de influir en la ciudadanía o beneficiar a una persona o partido político, los responsables pueden enfrentar penas de hasta nueve años de prisión y quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.

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Además, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización estatales, puede iniciar procedimientos administrativos por mal uso de recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones y multas.

El pueblo hace un llamado a respetar la legalidad.

“El uso de recursos públicos para posicionar la imagen de un servidor público no solo es ilegal, también es una falta ética que daña la confianza ciudadana”, señala María del Carmen Morales, directora del Observatorio Nacional Anticorrupción.

El respeto al artículo 134 no es una formalidad, sino una garantía para mantener la equidad en la competencia política.

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El 11 de julio de 2025 personal de la fiscalía general del estado (FGE) de Guanajuato ejecutó una orden de cateo en un rancho agrícola del municipio de Dolores Hidalgo.

Allí fueron rescatadas alrededor de 700 personas (hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes) en condiciones de vulnerabilidad y explotación laboral.

Las personas rescatadas provenían principalmente de los estados de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz, regiones con altos índices de pobreza y migración.

La FGE ha iniciado una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral.

Además, durante la intervención se detectó a una persona en posesión de narcóticos, lo que abrió una investigación adicional por delitos contra la salud.

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Participaron múltiples cuerpos: Guardia Nacional, Fuerzas de Seguridad Pública estatal y Policía Municipal, Unidad k9, Protección Civil Roja, Bomberos,DIF Estatal y Municipal,  Procuraduría Estatal de Derechos Humanos de Niñas, Niños y Adolescentes.

Las personas rescatadas han recibido atención médica, psicológica y legal, mediante un protocolo de asistencia integral coordinado por diversas instancias estatales y municipales.

En 2024, las autoridades federales registraron 615 víctimas de trata de personas en todo México.

Organizaciones advirtieron que esta cifra es menor a la real debido al subregistro del delito.

Este operativo expone una red de explotación laboral masiva en el centro del país, con víctimas en situación de vulnerabilidad.

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Las prioridades de la investigación incluyen:

1.Determinar responsabilidades legales y posibles detenidos entre los operadores del rancho.

2.Identificar si hubo enganches fraudulentos o engaños para captar víctimas.

3.Garantizar que todas las víctimas accedan a protección plena especialmente los niños y adolescentes.

4.Profundizar en el vínculo con el hallazgo de narcóticos durante el cateo lo que podría revelar redes criminales más amplias.

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 Este rescate destaca la complejidad del fenómeno de la trata en México: redes organizadas que se aprovechan de la pobreza y fragilidad social para someter a personas a condiciones de semiesclavitud. El seguimiento de la fiscalía será clave tanto para sancionar a los responsables como para prevenir casos similares.