Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad del Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el propósito de garantizar la gratuidad del servicio de transporte público para las personas adultas mayores.

El diputado Sergio Alejandro Contreras Guerrero, al presentar la propuesta, explicó que la medida busca reconocer la contribución de este sector a la sociedad, además de constituir un acto de justicia social que promueva su inclusión y bienestar.

El legislador señaló que el acceso gratuito al transporte público permitirá que los adultos mayores participen activamente en la vida comunitaria y tengan un acceso más sencillo a servicios de salud, educación y recreación.

Destacó que este grupo de la población enfrenta mayores riesgos sociales debido a su entorno familiar o comunitario, así como dificultades derivadas de su edad, por lo que deben ser considerados beneficiarios prioritarios de políticas públicas.

Contreras Guerrero puntualizó que las personas mayores de 60 años forman parte de los sectores más vulnerables en cuanto a la garantía de derechos humanos, sociales y laborales. Por ello, subrayó que la atención que el gobierno y la sociedad deben brindarles debe ser equiparable a la que se otorga a niños y jóvenes, promoviendo su desarrollo integral y su calidad de vida.

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El diputado explicó que la iniciativa plantea que las personas adultas mayores queden exentas del pago del servicio de transporte público. Agregó que la propuesta busca fomentar la inclusión social mediante la eliminación de barreras económicas, de manera que este sector pueda mantenerse activo, acceder a servicios esenciales y participar en actividades culturales y sociales.

Finalmente, Contreras Guerrero recalcó que garantizar el transporte gratuito a los adultos mayores contribuirá a su bienestar físico y emocional, ayudando a prevenir el aislamiento y fortaleciendo la cohesión comunitaria.

Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del partido MORENA propuso una reforma a la Ley de Bebidas Alcohólicas para el Estado de Guanajuato y sus Municipios, con el propósito de que las comunidades indígenas sean las encargadas de expedir las constancias de factibilidad para la venta de bebidas alcohólicas dentro de su territorio, previa aprobación en asamblea comunitaria.

La iniciativa, presentada por la diputada Plásida Calzada Velázquez, busca retirar esta facultad a los ayuntamientos en los casos que involucren territorios indígenas. Durante su exposición, explicó que, tras revisar los reglamentos municipales sobre alcoholes y servicios en localidades con presencia indígena, se detectaron inconsistencias y prácticas discrecionales.

Puso como ejemplo los municipios de Apaseo el Alto y Salvatierra. En el primero, la expedición de licencias de funcionamiento se deja a criterio de la autoridad municipal, mientras que en el segundo no se precisan las condiciones necesarias para otorgarlas. De igual forma, mencionó que en municipios como Atarjea, Comonfort, San Miguel de Allende y Tierra Blanca, las constancias se otorgan sin criterios uniformes, lo que puede generar controversias y sospechas sobre su legalidad.

La legisladora señaló que tampoco existe una regulación homogénea respecto a la distancia que deben guardar los establecimientos con venta de alcohol frente a escuelas, iglesias, parques, canchas o dependencias públicas. Esta falta de uniformidad, dijo, ha permitido que en varias comunidades indígenas se autoricen locales en lugares inapropiados, afectando la convivencia y el bienestar social.

Calzada Velázquez advirtió que las comunidades indígenas enfrentan un estado de indefensión jurídica, ya que no cuentan con herramientas legales para impugnar las decisiones de los ayuntamientos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, viéndose obligadas a aceptar las consecuencias de actos discrecionales.

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Finalmente, subrayó que el actual esquema vulnera los derechos de los pueblos indígenas, pues mientras estos buscan preservar su armonía y paz social, los municipios continúan otorgando constancias de factibilidad dentro de sus territorios sin su consentimiento. Por ello, insistió en la necesidad de reconocer su autonomía para decidir sobre la instalación y operación de establecimientos con venta de bebidas alcohólicas.

El estado de Guanajuato se posicionó en el tercer lugar a nivel nacional en el número de carpetas de investigación por el delito de extorsión, al registrar 950 casos entre enero y septiembre de 2025, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Solo el Estado de México, con 1,810 denuncias, y la Ciudad de México, con 1,197, superan a la entidad en este delito que continúa afectando principalmente a comerciantes, empresarios y ciudadanos.

De acuerdo con las estadísticas oficiales, mayo fue el mes con mayor incidencia en Guanajuato, al concentrar 130 carpetas de investigación. En comparación con estados vecinos, el panorama es más alarmante, pues la entidad supera ampliamente a Jalisco (337 casos), Querétaro (205), San Luis Potosí (129) y Aguascalientes (71). La cifra refleja una tendencia sostenida al alza y una preocupación creciente por la expansión de este delito en el Bajío.

A nivel nacional, durante septiembre se abrieron 792 nuevas carpetas por extorsión, sumando un total de 8,082 investigaciones en lo que va del año. Autoridades estatales reconocen que el delito continúa siendo uno de los más difíciles de combatir, debido a que muchas víctimas prefieren no denunciar por temor a represalias. Expertos en seguridad advierten que será necesario fortalecer los mecanismos de atención y protección a denunciantes, así como la inteligencia financiera para desarticular las redes delictivas que operan en la región.