El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, emplazó hoy al grupo Hamás a aceptar un acuerdo de paz para la Franja de Gaza antes del domingo 5 de octubre de 2025 a las 18:00 horas, advirtiendo que, de no hacerlo, “se desatará un infierno, como nadie ha visto antes”.

En una intervención pública, Trump sostuvo que Hamás “ha sido una amenaza despiadada y violenta durante muchos años en Oriente Medio” y responsabilizó al movimiento por la “masacre del 7 de octubre”, en la que, dijo, murieron bebés, mujeres, niños, ancianos y jóvenes.

El mandatario afirmó además que, como represalia por los ataques de 2023, más de 25,000 “soldados” de Hamás han sido abatidos y que la mayoría de los combatientes restantes están rodeados y a la espera de una orden para ser eliminados.

Trump calificó la medida como parte de una estrategia que, según él, busca poner fin al derramamiento de sangre y alcanzar la paz en la región “de una forma u otra” y ofreció a Hamás “una última oportunidad” para aceptar los términos que, aseguró, ya cuentan con el respaldo de Estados Unidos, Israel y otras potencias regionales.

En paralelo, el presidente instó a los civiles palestinos a “abandonar inmediatamente esta zona de potencial muerte futura” y dirigirse a zonas que, aseguró, serán más seguras y donde “serán bien atendidos por quienes esperan ayudar”. Trump también dijo que el acuerdo de paz contempla el perdón de la vida de los combatientes restantes si se rinden y exigió la liberación inmediata de todos los rehenes, incluyendo la devolución de los cuerpos de los fallecidos.

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El 2 de octubre de 1968 es una fecha que permanece grabada con dolor en la memoria histórica de México

Ese día una manifestación pacífica convocada por estudiantes terminó en una de las represiones más sangrientas y crueles que haya conocido nuestro país en tiempos recientes. Jóvenes que solo aspiraban a un futuro mejor, a un México más justo y democrático, fueron acallados con balas.

El gobierno de aquel entonces eligió la violencia como respuesta a la exigencia de libertad, dejando un legado de miedo, injusticia y silencio que lastimó profundamente a generaciones enteras.

Lo terrible de aquella noche no se limita a la pérdida de vidas humanas, aunque esa herida por sí sola sea inconmensurable. El 2 de octubre representa también la negación absoluta de derechos fundamentales como la libertad de expresión, de reunión y de manifestación.

La juventud, que encarnaba la esperanza de cambio, fue tratada como un enemigo interno, como una amenaza al poder, cuando en realidad lo único que pedían era un país más abierto, más justo y más respetuoso de la dignidad humana. El crimen de Tlatelolco no fue únicamente contra los estudiantes, sino contra la sociedad entera, contra el derecho a soñar y construir un mejor mañana.

Lo injusto de este hecho radica en que los responsables de aquella masacre intentaron ocultar la verdad, manipular la información y silenciar a quienes buscaban justicia.

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Las víctimas fueron reducidas a cifras imprecisas, los sobrevivientes perseguidos y estigmatizados, y la memoria de aquel movimiento estudiantil trató de ser borrada de la historia oficial. Sin embargo, el dolor de las familias y la indignación de la sociedad impidieron que ese silencio se consolidara por completo.

Cada año la voz de los que ya no están vuelve a resonar en las calles para recordarnos que la memoria es también una forma de justicia.

El 2 de octubre es, entonces, una advertencia y un llamado. Una advertencia de lo que ocurre cuando el poder político se coloca por encima de la vida y de los derechos de las personas; cuando se ve en la ciudadanía un peligro en lugar de una fuerza legítima para el progreso. Pero también es un llamado a no olvidar, a mantener viva la memoria de quienes fueron injustamente asesinados y a transformar esa herida en una convicción colectiva: nunca más un gobierno puede responder con violencia al derecho del pueblo de expresarse y exigir justicia.

Hoy, a más de medio siglo de aquel acontecimiento, recordamos Tlatelolco con respeto y con dolor, pero también con la responsabilidad de no permitir que hechos semejantes se repitan. El 2 de octubre nos recuerda lo peor del autoritarismo, pero al mismo tiempo, lo mejor de la resistencia y la dignidad humanas.

Que la memoria de quienes cayeron ese día nos acompañe siempre como una brújula moral, para que el derecho a la libertad, la democracia y la justicia no vuelva a ser pisoteado en nuestra tierra.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció una iniciativa que será enviada al Congreso para reformar la Ley General de Aguas y el artículo cuarto constitucional con el objetivo de “ordenar el uso del agua en el país” y devolver este recurso estratégico a la nación.

La propuesta plantea eliminar la posibilidad de vender o transferir títulos de concesión entre particulares. En casos de cambio de uso del suelo (por ejemplo, de agrícola a urbano), el título regresaría automáticamente a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), que emitiría uno nuevo con base en criterios técnicos sobre el volumen requerido.

También se prevén mecanismos más transparentes y simplificados para la gestión del agua, así como sanciones más severas contra prácticas ilegales. Sheinbaum defendió que el recurso deje de considerarse una mercancía y pase a reconocerse plenamente como un derecho humano.

El contexto de la propuesta es crítico: la Conagua ha identificado más de 58 mil irregularidades en concesiones vigentes, muchas relacionadas con usos no autorizados o coordenadas falsas. Las sequías en regiones del centro y norte del país han exacerbado la urgencia de una reforma hídrica que garantice equidad y sustentabilidad.