La noche del 3 de marzo, el líder ganadero Samuel González Rodríguez, de 69 años, fue asesinado a balazos en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, tras ser interceptado por hombres armados cuando salía de un rancho.

De acuerdo con los primeros reportes, el dirigente viajaba en su camioneta cuando los agresores le dieron alcance y abrieron fuego en repetidas ocasiones. Aunque fue trasladado para recibir atención médica, murió a causa de las heridas durante el traslado al hospital.

El crimen ha causado conmoción en el sector agropecuario del estado, ya que apenas el pasado 1 de marzo había rendido protesta para un nuevo periodo al frente de la Asociación Ganadera de Cuauhtémoc, organización que agrupa a productores de la región.

Tras el ataque, elementos de seguridad acordonaron la zona mientras la Fiscalía de Colima abrió una carpeta de investigación por homicidio para esclarecer el caso y dar con los responsables.

Hasta el momento no se reportan personas detenidas.

El asesinato de González Rodríguez vuelve a poner sobre la mesa la preocupación por la violencia que también alcanza a líderes del sector productivo en distintas regiones del país

Advertisement

Las pérdidas de Petróleos Mexicanos por el robo de combustible —conocido como huachicol— aumentaron 14.4 % en 2025, alcanzando 23 mil 491 millones de pesos, según el informe financiero más reciente.

Este monto no solo supera ampliamente al del año anterior (20 mil 529 millones), sino que representa la cifra más alta desde 2018, cuando el desfalco llegó a casi 40 mil millones.

El robo se da principalmente a través de más de 10 500 tomas clandestinas a lo largo del país, donde el combustible es sustraído de forma ilegal.

Expertos advierten que el incremento no solo afecta a la petrolera estatal, sino a las finanzas nacionales —hasta en un 5 % del Producto Interno Bruto— y señalan posibles complicidades internas que facilitan estas pérdidas.

Mientras tanto, las autoridades investigan también modalidades más complejas de huachicol que implican fraude fiscal y contrabando de combustibles, intensificando la presión sobre la industria energética.

Advertisement

En Concordia, Sinaloa, autoridades han identificado ya los cuerpos de 3 de los 10 mineros que fueron privados de su libertad el 23 de enero mientras trabajaban en un campamento de la minera canadiense Vizsla Silver.

Los restos fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en medio de una intensa búsqueda que mantienen fuerzas federales y estatales desde hace días.

Entre los identificados están Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos familiares ya han sido notificados.

La compañía minera y autoridades han expresado su devastación por el hallazgo y reiteran que no darán por concluida la búsqueda, con el objetivo de localizar con vida a los 7 trabajadores que siguen desaparecidos.

Organizaciones del sector minero han pedido justicia efectiva y acciones contundentes para esclarecer este caso que ha sacudido a la región.

Advertisement

Este suceso pone de manifiesto la v1olenc1a y el riesgo que enfrentan comunidades enteras en zonas donde actúan grupos delictivos, y deja una pregunta dolorosa: ¿cómo proteger a quienes trabajan y viven en estas regiones?