La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) emitió una alerta dirigida a Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Michoacán, Estado de México y Querétaro, tras el robo de cinco cilindros con gas cloro propiedad de la Comisión Estatal de Aguas de Querétaro (CEA).

El hurto se registró en la Unidad de Rebombeo de la comunidad de Viborillas, en el municipio de Colón, donde los tanques se encontraban en resguardo. De acuerdo con las autoridades, los cilindros son de color gris con capacidad de 68 kilogramos cada uno. Dos estaban casi vacíos y tres contenían gas cloro al 90 % de su capacidad.

El gas cloro es una sustancia de color amarillo cenizo, altamente tóxica y corrosiva. Su inhalación puede provocar tos, lagrimeo, náuseas, dificultad para respirar, edema pulmonar e incluso la muerte en exposiciones severas. El contacto directo genera quemaduras en piel y ojos, además de daños dentales y riesgo de bronquitis crónica por exposición prolongada.

Protección Civil pidió a la ciudadanía no manipular los cilindros en caso de localizarlos y reportar de inmediato al 911.

Este no es el primer robo de gas cloro en Querétaro. En enero de 2025, un cilindro con 20 % de contenido fue sustraído en circunstancias similares, lo que también activó una alerta en seis entidades. Expertos señalan que la recurrencia de estos casos revela fallas de seguridad en el resguardo de sustancias peligrosas utilizadas en plantas de potabilización de agua.

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De acuerdo con la CNPC, los cilindros con gas cloro son considerados de alto riesgo por su potencial de provocar emergencias químicas en caso de fuga o manipulación indebida.

Irapuato, Gto. – La Fiscalía General del Estado de Guanajuato logró sentencia condenatoria contra Víctor Hugo “N” y Abraham Isaí “N” al ser encontrados responsables del delito de desaparición cometida por particulares, relacionado con hechos ocurridos en abril de 2023 en la ciudad de Irapuato.

Tras la exposición de pruebas por parte del Ministerio Público, el tribunal dictó una pena de 39 años y 22 días de prisión para Abraham Isaí “N”, conocido como “El Burro”. En el caso de Víctor Hugo “N”, alias “El Kalimba”, la sanción fue mayor, con 47 años y 7 meses de cárcel, debido a que enfrentaba también responsabilidad por otro delito. Ambos deberán cubrir el pago correspondiente por concepto de reparación del daño en favor de los familiares de la víctima.

De acuerdo con la investigación, el 30 de abril de 2023, entre la medianoche y la una de la madrugada, la víctima se encontraba en un domicilio del fraccionamiento Expo Fresas, en Irapuato, cuando fue interceptada por los acusados, quienes la obligaron a salir del inmueble. Posteriormente la condujeron hacia las vías del tren ubicadas detrás del fraccionamiento. Desde ese momento se perdió rastro de la persona. Un mes después, el 30 de mayo de 2023, su cuerpo fue localizado en un domicilio de la colonia Vía II, en el municipio de Silao.

Mediante trabajo de investigación científica, análisis de inteligencia y un proceso de litigación sólido, la Fiscalía acreditó la responsabilidad de los acusados ante el juez.

La Guardia Nacional, creada en 2019 con la promesa de devolver la paz al país, se ha convertido en un cuerpo señalado una y otra vez por abusos, violencia y hasta ejecuciones extrajudiciales en el estado.

El reciente caso en Juventino Rosas, ocurrido el martes 19 del año en curso, donde un menor perdió la vida presuntamente tras disparos de elementos de la corporación, no es un hecho aislado, sino parte de un historial manchado de sangre que exhibe a la institución como un actor más de la violencia que dice combatir.

Los antecedentes son contundentes: de allanamientos ilegales y saqueos en Yuriria, balaceras contra migrantes en Silao, agresiones a universitarios en Irapuato y la masacre en León que dejó a dos bebés entre las víctimas; se le suman incidentes donde agentes de la Guardia han actuado con total impunidad, como riñas fuera de estadios, abusos contra periodistas, atropellos a colectivos de búsqueda e incluso intimidaciones a simpatizantes de partidos políticos.

Lo alarmante es que Guanajuato concentra una de las mayores presencias de la Guardia Nacional en el país, con más de 24 mil elementos desplegados en los últimos años. Sin embargo, la militarización no ha reducido la violencia, pues el estado sigue encabezando las cifras nacionales de homicidios dolosos y extorsiones. Mientras más guardias llegan, más crece la desconfianza ciudadana hacia ellos.

Colectivos como “Hasta Encontrarte” y organizaciones civiles han denunciado que la Guardia opera bajo una lógica de ocupación militar, sin protocolos claros de derechos humanos ni mecanismos efectivos de rendición de cuentas. La población, que alguna vez vio en ellos una esperanza de seguridad, ahora los percibe como una amenaza más.

El caso de Juventino Rosas, donde un niño fue alcanzado por las balas, representa un punto de quiebre: ¿cuántas muertes más se necesitan para reconocer que la Guardia Nacional en Guanajuato se ha transformado en un factor de riesgo? La impunidad que cubre sus acciones erosiona no solo la confianza en las instituciones, sino la idea misma de seguridad en un estado ya marcado por la violencia criminal.

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