Guanajuato
En Guanajuato capital asaltan a joven estudiante casi frente a elementos de la policía y estos no hacen nada.
La situación de inseguridad en Guanajuato capital sigue siendo alarmante, y parece que las autoridades locales han perdido el rumbo en cuanto a una estrategia efectiva para combatir el crimen en las calles de la ciudad. Uno de los problemas más graves es el incremento de robos y asaltos en los callejones de la capital, que se han vuelto cada vez más frecuentes y violentos, afectando tanto a guanajuatenses como a turistas que visitan la ciudad. Pese a las promesas de seguridad, la estrategia del “Operativo Descuelgue” ha demostrado ser insuficiente y falaz, dejando a los ciudadanos a merced de la delincuencia.
Este operativo, que se supone tiene como objetivo recorrer los barrios y callejones para prevenir la comisión de delitos o faltas administrativas, se ha convertido en una mera acción de rutina sin resultados tangibles. Si bien los efectivos de seguridad patrullan las zonas más problemáticas, su presencia es ineficaz frente al fenómeno del robo. La violencia en las calles es cada vez más evidente, y los asaltos ocurren en las penumbras de los laberintos de callejones, de tal forma que muchos de ellos nunca llegan a ser conocidos públicamente o mediáticamente, a pesar de la brutalidad con la que se ejecutan.
Un caso reciente fue en el callejón Monte Negro, entre el barrio de Pastita y el Cerro de los Leones, un joven fue atacado violentamente tras resistirse a un asalto. Pero lo que realmente agrava la situación es que, este tipo de delitos no se limitan a las zonas más oscuras de la ciudad, sino que se están extendiendo a áreas más céntricas y turísticas, donde se espera mayor presencia de seguridad.
Recientemente, un joven estudiante de la Universidad de Guanajuato fue asaltado en plena zona turística, a pocos metros de la emblemática Alhóndiga de Granaditas y a 3 minutos de la Comisaria de la Policía Municipal. La víctima, que se dirigía a su departamento, fue interceptada por un delincuente armado con un cuchillo, quien la sometió con rapidez sobre el suelo y despojó al estudiante de su teléfono celular, mochila y una laptop.
Lo más indignante ocurrió cuando a tan solo un minuto después del asalto, aparecieron elementos de la Policía Municipal, quienes no tomaron ninguna acción. A pesar de que el joven señaló al delincuente y pidió a los policías que lo persiguieran, los uniformados hicieron caso omiso a la situación, dejando al responsable en total impunidad.
Este episodio refleja la falta de compromiso por parte de las autoridades ante el reclamo de seguridad. Durante el paro estudiantil de 2019, los jóvenes universitarios ya habían manifestado su preocupación por la falta de una respuesta contundente ante la violencia que azota a la ciudad, a lo que tanto el gobierno municipal como la Universidad de Guanajuato se comprometieron a reforzar las medidas de prevención. Sin embargo, los estudiantes siguen siendo víctimas de la delincuencia, sin que las autoridades muestren una verdadera voluntad de combatirla.
El fracaso del “Operativo Descuelgue” y la inacción de la policía ante este tipo de incidentes dejan claro que, a pesar de los esfuerzos publicitarios y los compromisos formales, la seguridad sigue siendo una asignatura pendiente en Guanajuato capital. La impunidad y la indiferencia institucional son el reflejo de una estrategia que nunca ha funcionado y que sigue dejando a los guanajuatenses expuestos a la violencia, a la vez que se demuestra la escasa empatía de quienes deberían velar por su bienestar.
Es hora de que las autoridades locales asuman con seriedad la responsabilidad de proteger a los ciudadanos y que el discurso de seguridad se traduzca en acciones concretas que detengan de una vez por todas la ola de delitos en las calles de nuestra ciudad. La seguridad no puede seguir siendo una promesa vacía; es urgente que los guanajuatenses y las y los estudiantes víctimas vean resultados.
Guanajuato, Gto. – El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal con el fin de tipificar el delito de zooerastia y sancionar la agresión sexual contra animales.
La propuesta define este delito como cualquier acto de naturaleza sexual cometido por una persona en contra de un animal, imponiendo su voluntad sobre un ser vivo que no puede consentir. Durante la exposición de motivos, la diputada Luz Itzel Mendo González advirtió que el maltrato animal es un reflejo de entornos sociales disfuncionales, donde los animales suelen convertirse en víctimas colaterales o herramientas de control en contextos de violencia interpersonal.
La legisladora señaló que la crueldad hacia los animales está históricamente normalizada, pese a sus implicaciones éticas y sociales. Afirmó que tolerar este tipo de agresiones envía un mensaje que legitima la violencia como mecanismo de interacción y perpetúa ciclos que pueden escalar hacia agresiones contra personas.
Mendo González explicó que dentro de los actos violentos usualmente invisibilizados se encuentran los de carácter sexual conocidos como zoofilia, zooerastia o bestialismo, los cuales constituyen una forma de abuso que vulnera la integridad física, emocional y etológica de los animales.
La iniciativa plantea que tipificar de manera explícita esta conducta permitirá cerrar vacíos legales y garantizar una protección más completa a los animales como seres sintientes. Agregó que sancionar estos actos envía un mensaje claro contra la normalización de la violencia y reconoce que la integridad animal es un bien jurídico que debe ser protegido.
La reforma propone penas de uno a cuatro años de prisión y de sesenta a trescientos días multa para quien induzca la penetración de un animal hacia una persona o introduzca en un animal, por vía vaginal o anal, el miembro viril, otra parte del cuerpo, objetos o instrumentos sexuales. También sanciona la posesión, venta, distribución, exhibición o difusión de material pornográfico que involucre animales.
Además, se contempla aumentar las penas hasta en una mitad cuando el acto sexual sea videograbado, fotografiado o registrado por cualquier medio y luego difundido.
Guanajuato mantiene solo tres casos documentados de sarampión en los últimos meses, informó el secretario de Salud, Gabriel Cortés Alcalá, quien aseguró que el estado está preparado para enfrentar un eventual incremento de contagios. Para ello, se reforzó la vigilancia epidemiológica en municipios fronterizos y se focalizaron brigadas de vacunación en zonas con menores coberturas.
El objetivo es recuperar y alcanzar una cobertura del 95 por ciento con la vacuna SRP en niñas y niños de 1 a 9 años, además de completar esquemas en la población de 10 a 39 años con la vacuna SR.
Entre enero y octubre, la Secretaría de Salud ha aplicado 56 mil 971 dosis a menores de un año, 59 mil 872 a niños de 18 meses y 89 mil dosis a menores de seis años, cifras que superan el 95 por ciento de cobertura.
Cortés Alcalá recordó que la campaña estatal inició en abril, adelantándose seis meses a la estrategia nacional. Señaló que los tres casos confirmados se registraron en Acámbaro y en la ciudad de León.
La búsqueda intencionada de casos continúa mediante los Centros de Salud de la Gente, para identificar oportunamente a pacientes con síntomas y aplicar cercos sanitarios que eviten nuevos contagios. Actualmente, todas las unidades médicas cuentan con disponibilidad de la vacuna triple viral, con un inventario de 138 mil dosis.
El secretario agregó que se trabaja también en la recuperación de coberturas correspondientes al periodo 2021-2023, cuando el biológico tuvo disponibilidad limitada a nivel nacional. Como parte de estas acciones, se aplican dosis adicionales al personal de salud, así como una dosis única al personal de guarderías y del sector educativo que tiene entre 20 y 39 años.
Además, se mantiene colaboración con escuelas de medicina y enfermería para realizar jornadas de vacunación que permitan ampliar coberturas y reducir oportunidades perdidas.
Guanajuato, Gto.– La Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales realizó una mesa de trabajo para analizar dos iniciativas de reforma a la Constitución local que buscan reconocer a los animales como seres sintientes, garantizar un trato digno e incorporar la tutela del bienestar animal.
La diputada Miriam Reyes Carmona señaló que la propuesta surge de una problemática que no puede ignorarse, ya que el maltrato y la crueldad animal han sido normalizados durante años. Añadió que donde existe violencia hacia los animales suele haber también violencia infantil y maltrato hacia las mujeres, por lo que consideró irresponsable no atender esta situación.
Durante la reunión se coincidió en la necesidad de unificar en un solo párrafo la prohibición del maltrato animal y establecer que tanto el Estado como los municipios deben asegurar su protección, cuidado, conservación y un trato adecuado. El objetivo es que la reforma contemple las facultades de los distintos órdenes de gobierno, acorde con la naturaleza de una ley general.
Se mencionó que la protección animal y el cuidado del medio ambiente ya forman parte de los contenidos educativos y que, en términos generales, las propuestas son viables.
La diputada María Isabel Ortiz Mantilla subrayó la relevancia de estas iniciativas, al considerar fundamental promover desde la infancia y en la sociedad el respeto y cuidado hacia los seres sintientes. Señaló que esto debe incorporarse en todos los niveles educativos y en la educación no formal, además de servir como base para fortalecer otros ordenamientos jurídicos que contribuyan a erradicar la violencia y fomentar la empatía hacia los animales.
El legislador Juan Carlos Romero Hicks indicó que ha abordado este tema en diversas ocasiones y coincidió en que es necesario definir con claridad las atribuciones para una correcta armonización normativa, dado que la Ley General en materia educativa tiene competencia sobre los contenidos. Recordó que el Congreso de la Unión no ha avanzado desde la expedición de la Ley General en la materia, el pasado 30 de mayo, por lo que consideró pertinente valorar si se debe avanzar localmente con el riesgo de ajustes posteriores o esperar, sugiriendo establecer comunicación con las cámaras federales para conocer el estado del proceso y los tiempos previstos.
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