La Bajada del Tecolote, ubicada en Guanajuato capital, es uno de los caminos más emblemáticos y antiguos de la ciudad. Este sendero empedrado fue durante siglos una de las principales entradas al casco histórico para viajeros que llegaban desde el sureste, pasando por haciendas y cerros hasta conectar con el centro colonial. 

Su relevancia histórica es nacional: el 28 de septiembre de 1810, por esta misma vía descendió el ejército insurgente encabezado por Miguel Hidalgo para iniciar la toma de la Alhóndiga de Granaditas, episodio clave del inicio de la Guerra de Independencia.  La calle conserva aún su trazo antiguo y su empedrado original, lo que indica que su origen data por lo menos de finales del siglo XVIII o inicios del XIX, época en la que se desarrollaron viviendas cercanas y obras vinculadas al crecimiento urbano colonial. 

El arco de piedra que aparece en la imagen forma parte del entorno histórico de la zona conocida como el Puente del Campanero, construido en 1877 para facilitar el paso en la cuesta y conectar con fincas cercanas, por lo que la estructura visible pertenece al siglo XIX.  Sin embargo, pese a su valor patrimonial y a estar catalogada dentro de inmuebles históricos protegidos, vecinos y autoridades han denunciado deterioro, basura y daños urbanos que amenazan su conservación. 

Contexto actual: hoy la Bajada del Tecolote es un sitio turístico y fotográfico, pero también un punto que requiere restauración constante para preservar su legado histórico y cultural, considerado un símbolo visual de la ciudad desde hace décadas, incluso plasmado en arte y billetes antiguos

Lo que podría parecer un caso aislado vuelve a exhibir un problema recurrente. Un puesto de comida callejera instalado frente a La Compañía ha generado inconformidad ciudadana al ocupar parte de la vía pública y bloquear las bancas destinadas al descanso. El área, pensada para el libre tránsito y la convivencia, hoy se ve reducida por una instalación que opera sin un orden claro.

Vecinos y transeúntes señalan que no solo se dificulta el paso peatonal, sino que además se impide que adultos mayores, estudiantes y familias puedan sentarse y utilizar el espacio común. La molestia no es contra el trabajo digno, sino contra la falta de regulación que termina afectando a terceros y deteriorando la imagen urbana.

No es la primera vez que en Guanajuato se saturan espacios públicos por puestos ambulantes. La historia se repite en distintas zonas del centro y colonias tradicionales, donde la ocupación desmedida termina desplazando a la ciudadanía. El reto para la autoridad no es prohibir, sino ordenar. Porque cuando el espacio público se privatiza de facto, la ciudad pierde equilibrio y los ciudadanos pierden su lugar.

Guanajuato, Gto.- Las y los diputados de Morena, junto con una legisladora del Partido del Trabajo, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la autorización de deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos aprobada por el Congreso de Guanajuato al Gobierno de Guanajuato para financiar proyectos municipales.

La impugnación se dirige específicamente contra disposiciones de los decretos 164 y 165 al considerar que permiten endeudamiento sin claridad sobre el destino de los recursos.

Según los promoventes, la solicitud estatal solo incluyó rubros generales como educación, salud, seguridad, movilidad y desarrollo social sin detallar obras concretas, metas medibles ni proyectos ejecutivos, lo que impediría verificar el uso real del dinero público. Además, señalaron que se autorizó realizar “movimientos compensados” entre partidas, mecanismo que, afirman, equivale a un cheque en blanco y debilita el control legislativo sobre el manejo del crédito.

Mientras el máximo tribunal resuelve el caso, las normas impugnadas siguen vigentes y el estado ya lanzó una licitación para contratar tres créditos que podrían pagarse en plazos de hasta 20 años, comprometiendo participaciones federales futuras.

Morena y PT sostienen que, si la Corte les da la razón, se establecerá un precedente para obligar a que cualquier deuda pública se apruebe con reglas claras, destino definido y mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

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