México
El Senado definirá esta semana si la nueva ley contra la extorsión puede convertirse en el punto de partida para recuperar la seguridad del país
El Senado de la República se prepara para dar un paso clave en la lucha contra el flagelo de la extorsión en México: esta semana está previsto que vote una ley que busca endurecer las garantías legales para investigar, perseguir y sancionar este delito que afecta a miles de ciudadanos y comercios en todo el país. 
El borrador de la llamada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión contempla modificaciones profundas en varios instrumentos jurídicos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  Entre los cambios destacados figuran el aumento de las penas para los extorsionadores, la creación de unidades especializadas y la sanción a servidores públicos que sean omisos o coludidos en estos ilícitos. 


El contexto no puede ser más urgente: según cifras oficiales y reportes periodísticos, la extorsión sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto a nivel nacional, afectando desde pequeñas tiendas hasta transportistas y empleados. Ante ello, el proyecto de ley tiene como objetivo homogeneizar las sanciones y acciones en las 32 entidades federativas, evitando las graves disparidades actuales que dificultan la persecución eficiente por parte de las autoridades. 
Ahora bien, la aprobación de la ley será sólo el primer paso. Su eficacia dependerá de tres retos fundamentales: que se cuente con recursos suficientes para operar las fiscalías especializadas; que se garantice el cumplimiento real de las penas establecidas; y que se combata de raíz la corrupción y complicidad que permiten que la extorsión florezca sin control. La ley puede marcar un antes y un después si va acompañada de voluntad política y operativa.
Fiscalia
Diputados eligen a Aureliano Hernández como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación
La Cámara de Diputados designó a Aureliano Hernández Palacios Cardel como nuevo titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el órgano encargado de fiscalizar el uso de los recursos públicos en México. El funcionario ocupará el cargo durante ocho años, de 2026 a 2034, tras recibir 472 votos a favor en el pleno de San Lázaro.



Hernández Palacios sustituirá a David Colmenares, cuyo periodo concluye el próximo 15 de marzo, marcando el inicio de una nueva etapa en el principal organismo de fiscalización del país.
El nuevo auditor ya tenía experiencia dentro de la propia institución, donde se desempeñaba como auditor especial del Gasto Federalizado, encargado de revisar el uso de recursos federales en estados y municipios.
Su nombramiento también ha llamado la atención en el ámbito político, ya que es considerado cercano al actual auditor saliente y además es hijo de Fernando Aureliano Hernández Palacios Mirón, quien fue secretario particular de la presidenta Claudia Sheinbaum cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Con esta designación, el nuevo titular tendrá la responsabilidad de vigilar el manejo del dinero público federal y detectar posibles irregularidades en el gasto gubernamental durante los próximos años.
México
El precio de la gasolina seguirá con tope de 24 pesos en México
En medio de la incertidumbre internacional por el aumento en los precios del petróleo, el Gobierno de México y empresarios gasolineros acordaron renovar el convenio que establece un precio máximo de 24 pesos por litro para la gasolina regular (Magna) en el país.



El acuerdo se concretó este 11 de marzo durante una reunión en Palacio Nacional, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum con representantes de empresas que operan estaciones de servicio en México. El objetivo es evitar incrementos abruptos en el combustible más utilizado por los automovilistas.
De acuerdo con el sector gasolinero, el convenio se extenderá por seis meses más, periodo en el que se buscará mantener estable el costo del litro de gasolina regular, pese a la volatilidad del mercado energético internacional.
Autoridades federales señalaron que esta medida forma parte de una estrategia para proteger la economía de las familias mexicanas, especialmente en un contexto donde los precios del petróleo han mostrado presiones al alza por tensiones internacionales.
Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina regular ronda los 23.5 pesos por litro, por lo que el nuevo acuerdo busca mantener el combustible por debajo del límite de 24 pesos durante los próximos meses.
Internet
Más de 452 millones para propaganda en internet: Así invierten los partidos políticos en campañas digitales.
Entre 2023 y 2025, los partidos políticos en México reportaron al menos 452 millones de pesos en contratos para propaganda en internet y redes sociales, de acuerdo con registros de transparencia y solicitudes de información. Sin embargo, especialistas advierten que el destino exacto de gran parte de ese dinero sigue sin estar claro.



Los datos revelan que casi la mitad del gasto se concentró en cuatro empresas dedicadas a estrategias digitales, creación de contenido y manejo de campañas en plataformas como Facebook, Instagram o YouTube. Entre ellas destacan Nauka Comunicación Estratégica, AMX Contenido, Creación y Difusión de Contenido Web (Badabun) y Element Media, firmas que han recibido contratos millonarios por parte de partidos políticos.
El monto reportado incluso podría ser mayor. El Instituto Nacional Electoral (INE) registró que solo en 2024 los partidos gastaron más de 466 millones de pesos en propaganda en redes sociales, pero en muchos casos no se puede conocer con precisión cómo se distribuyó ese dinero.
Expertos en comunicación política advierten que la publicidad digital, el uso de influencers y las estrategias en redes sociales permiten mover recursos que son más difíciles de rastrear, lo que abre la puerta a opacidad e incluso a la difusión de desinformación durante procesos electorales.
Ante este escenario, analistas señalan que los vacíos legales y la falta de coordinación entre instituciones complican la fiscalización del gasto político en internet, un terreno que cada vez pesa más en las campañas electorales en México.
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