El gobierno federal busca dar un giro contundente en el combate a la violencia contra las mujeres: una nueva iniciativa plantea homologar el delito de feminicidio en todo el país y aumentar las penas hasta 70 años de prisión.

La propuesta, presentada por autoridades federales, pretende que toda muerte violenta de una mujer sea investigada desde el inicio como feminicidio, con protocolos obligatorios y perspectiva de género, evitando omisiones o fallas en las investigaciones.

Además de endurecer las sanciones —que irían de 40 a 70 años de cárcel—, la iniciativa busca unificar criterios en todas las entidades, ya que actualmente existen diferencias en cómo se tipifica y castiga este delito.

El proyecto también contempla agravantes específicas, castigos para la tentativa y medidas más estrictas como la pérdida de derechos del agresor, en un intento por cerrar espacios a la impunidad.

La reforma será enviada al Congreso, donde se discutirá en medio de una realidad alarmante: la violencia feminicida sigue siendo una de las crisis más urgentes del país.

Con esta iniciativa, el gobierno busca mandar un mensaje claro: el feminicidio no solo será castigado con mayor severidad, sino investigado sin margen de error desde el primer momento.

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Durante la réplica en el análisis del informe de la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo, la diputada Hades Berenice Aguilar Castillo lanzó fuertes críticas hacia los titulares de seguridad y gobierno, al señalar que las respuestas ofrecidas fueron insuficientes y carentes de claridad ante los cuestionamientos planteados por su bancada.

La legisladora cuestionó la falta de profundidad en la información presentada y advirtió que no se puede minimizar la exigencia ciudadana con respuestas ambiguas. Subrayó que la sociedad espera resultados concretos y no discursos, insistiendo en que las autoridades deben responder con seriedad ante problemáticas que afectan directamente a la población.

Entre los temas más sensibles, Aguilar retomó el caso de un joven fallecido en un operativo policial en San Miguel de Allende, señalando la ausencia de sanciones contra los responsables y la falta de justicia para la familia. Asimismo, exigió acciones reales contra elementos señalados por abusos, mayor transparencia en cifras de personas desaparecidas y resultados efectivos que vayan más allá de estadísticas oficiales.

Luego de varios días de angustia e incertidumbre, los siete electricistas reportados como desaparecidos en San Luis Potosí fueron localizados con vida, confirmaron autoridades estatales.

Los trabajadores, originarios del municipio de Cárdenas, habían perdido contacto con sus familias desde el pasado 21 de marzo, cuando regresaban de realizar labores en Matehuala. Su desaparición encendió la alarma entre familiares, quienes incluso denunciaron una posible privación ilegal de la libertad.

Tras la activación de fichas de búsqueda y operativos, finalmente fueron encontrados y trasladados ante el Ministerio Público para su identificación y revisión médica, sin que hasta el momento se hayan detallado las circunstancias de su desaparición.

El caso generó presión social y movilizaciones, mientras colectivos y familiares exigían su localización con vida, lo que finalmente ocurrió en medio de un operativo coordinado entre autoridades.

Aunque el desenlace trajo alivio, el episodio deja abiertas preguntas: ¿qué ocurrió durante los días en que estuvieron desaparecidos?

Por ahora, la investigación continúa, mientras sus familias celebran un regreso que, por momentos, parecía incierto.

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