Un reciente estudio de la organización México Evalúa reveló que en la última década los casos de personas desaparecidas y no localizadas aumentaron un 213 %, pasando de 4 114 en 2015 a 12 872 en 2025. El informe, titulado Violencia en México, 2015-2025, señala que esta tendencia al alza estaría vinculada con la violencia estructural y la actividad del crimen organizado.

Sin embargo, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó ese incremento, argumentando que los datos se basan en la plataforma nacional de registro de desapariciones, la cual “tiene muchos problemas e inconsistencias”, como omisiones en nombres, fechas o direcciones, que pueden distorsionar la realidad.

Sheinbaum aseguró que no se trata de ocultar información, sino de medir el fenómeno “en su justo término” y adelantó que este mismo mes el Gobierno federal presentará un informe actualizado y transparente sobre la situación real de las personas desaparecidas en el país, con cifras claras de cuántos casos tienen carpeta de investigación y cuántas víctimas ya fueron localizadas.

La discrepancia entre cifras oficiales y las de organizaciones civiles reaviva el debate sobre cómo se mide uno de los problemas más sensibles de México, donde familias siguen buscando respuestas y cifras confiables.

En Concordia, Sinaloa, autoridades han identificado ya los cuerpos de 3 de los 10 mineros que fueron privados de su libertad el 23 de enero mientras trabajaban en un campamento de la minera canadiense Vizsla Silver.

Los restos fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en medio de una intensa búsqueda que mantienen fuerzas federales y estatales desde hace días.

Entre los identificados están Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos familiares ya han sido notificados.

La compañía minera y autoridades han expresado su devastación por el hallazgo y reiteran que no darán por concluida la búsqueda, con el objetivo de localizar con vida a los 7 trabajadores que siguen desaparecidos.

Organizaciones del sector minero han pedido justicia efectiva y acciones contundentes para esclarecer este caso que ha sacudido a la región.

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Este suceso pone de manifiesto la v1olenc1a y el riesgo que enfrentan comunidades enteras en zonas donde actúan grupos delictivos, y deja una pregunta dolorosa: ¿cómo proteger a quienes trabajan y viven en estas regiones?

Apaseo el Grande, Gto.– Autoridades estatales y corporaciones de seguridad lograron recuperar un tractocamión con mercancía robada, cuyo valor supera los 2.4 millones de pesos, como resultado de un operativo coordinado entre Guanajuato y el estado de Jalisco.

El aseguramiento se derivó de un reporte recibido en el Sistema Estatal C5i de Jalisco, en el que se informó sobre el robo con violencia de un tractocamión con semirremolque que transportaba productos de higiene y artículos para la salud. El atraco ocurrió sobre la carretera federal 15 México–Nogales, a la altura del municipio de La Barca.

Tras el aviso, se activaron mecanismos de intercambio de información entre los centros de monitoreo de ambas entidades, además de la colaboración con el sistema de rastreo satelital de la empresa afectada. Estas acciones permitieron estimar la ubicación del vehículo y desplegar un operativo de búsqueda en territorio guanajuatense.

Elementos de seguridad estatal localizaron el semirremolque en el interior de un motel situado en la zona industrial poniente de Apaseo el Grande, donde se procedió a su aseguramiento y verificación en bases de datos oficiales, confirmándose el reporte de robo.

La carga recuperada consistía en aproximadamente 12 toneladas de productos de higiene, salud y artículos de consumo básico. Tanto el vehículo como la mercancía quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, delegación Celaya, instancia encargada de continuar con las investigaciones correspondientes.

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