El municipio de Taxco, Guerrero, volvió a colocarse en el centro de la violencia luego de que el alcalde Juan Andrés Vega Carranza fuera privado de la libertad mientras intentaba negociar la liberación de su padre, secuestrado días antes.

De acuerdo con autoridades, el edil acudió durante la madrugada a un punto de la ciudad tras ser citado por presuntos delincuentes. Sin embargo, el intento por rescatar a su padre terminó en su propia desaparición.

El padre del alcalde, director de un hospital del IMSS-Bienestar, había sido privado de la libertad desde el sábado, lo que detonó una intensa movilización de fuerzas de seguridad en la región.

Ante la gravedad del caso, más de 500 elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones estatales desplegaron un operativo en Guerrero y estados vecinos para dar con su paradero.

Horas después, autoridades federales confirmaron que tanto el alcalde como su padre fueron localizados con vida tras el operativo.

El caso exhibe nuevamente el nivel de riesgo que enfrentan autoridades locales en zonas marcadas por la presencia del crimen organizado.

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Un caso que sacude al país vuelve a encender el debate sobre el uso de la fuerza militar.
Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en un ataque armado contra una familia en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, cuando una familia viajaba en camioneta rumbo a la escuela en la comunidad de La Cieneguilla. Sin previo aviso, un convoy militar abrió fuego contra el vehículo, dejando un saldo trágico: dos niñas, de 7 y 11 años, murieron en el lugar.

Además, otros integrantes de la familia —entre ellos menores— resultaron heridos, lo que llevó a que los militares también enfrenten cargos por tentativa de homicidio.

Aunque en un inicio se habló de un posible enfrentamiento, investigaciones posteriores concluyeron que hubo un uso ilegítimo e injustificado de la fuerza, sin apego a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para iniciar el proceso penal, en un caso que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo grave de abuso.

Hoy, el caso avanza en tribunales…
mientras la exigencia de justicia para la familia sigue creciendo.

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En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables dio un paso adelante al analizar y dictaminar diversas propuestas enfocadas en la protección de la niñez. Entre los temas más relevantes destacó la iniciativa impulsada por Morena, orientada a reforzar el marco legal contra el trabajo infantil en la entidad.

La propuesta, presentada por la diputada Miriam Reyes Carmona, plantea modificaciones a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes con el objetivo de fortalecer las estrategias de prevención, detección y erradicación de esta problemática. El proyecto busca garantizar mejores condiciones para el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes en Guanajuato, priorizando su bienestar y acceso a una vida digna.

Como parte de las acciones contempladas, se propone la creación de Comités Municipales para la Erradicación del Trabajo Infantil en los 46 municipios del estado, encargados de coordinar políticas y esfuerzos locales. Durante la discusión, el diputado David Martínez Mendizábal reiteró el rechazo absoluto a cualquier forma de explotación infantil, aunque subrayó la necesidad de abordar el fenómeno desde una visión intercultural, especialmente en comunidades jornaleras migrantes, donde el trabajo puede tener distintas interpretaciones sociales y culturales.