En el Fraccionamiento Independencia, también conocido como “Civitas”, ubicado en la zona sur de la capital del estado, ya avanzan los trabajos para instalar una gasolinera justo frente a una gasera existente, a menos de dos metros de la zona habitacional y a escasas cuadras de una escuela primaria. La noticia ha preocupado los habitantes, quienes denuncian riesgos graves para su integridad y acusan una evidente omisión por parte del gobierno municipal.

Aunque la instalación y operación de gasolineras en Guanajuato, como en el resto del país, está regulada por una serie de normativas estrictas, entre ellas el Reglamento de Zonificación, Uso y Destino del Suelo, así como reglamentos para establecimientos comerciales, vecinos señalan que en este caso las autoridades locales habrían autorizado el cambio de uso de suelo sin considerar los riesgos ambientales, de seguridad y salud que implica ubicar una estación de servicio tan cerca de viviendas, una escuela y un pozo de agua potable recién inaugurado.

El proceso para establecer una gasolinera no es menor. Requiere una licencia de factibilidad de uso de suelo, que debe estar alineada con parámetros de seguridad que impiden su instalación cerca de zonas habitacionales, hospitales o escuelas. Además, existen disposiciones sobre distancias mínimas con otras estaciones de servicio y con vías de comunicación. Sin embargo, en este caso, los trabajos comenzaron sin que la comunidad fuera notificada previamente ni consultada, y sin que se observara presencia de Protección Civil para realizar una evaluación de riesgos como lo exigen las normas.

Vecinas y vecinos de Civitas afirman que el predio ya fue cercado y que incluso una malla ciclónica bloqueó un paso de servidumbre que usaban familias para acceder a la calle Miguel Domínguez, situación que además ha afectado la movilidad y el tránsito peatonal. Denuncian que no se sabe quién otorgó los permisos, ni bajo qué condiciones, y acusan que se trata de una decisión tomada sin considerar el bienestar de la comunidad.

Además de la cercanía con sus viviendas, la gasolinera estaría justo frente a una gasera que, según los propios habitantes, presenta fugas frecuentes de gas, lo que ya representa un riesgo latente. En ese contexto, sumar otra fuente de materiales inflamables incrementa de forma alarmante la posibilidad de una tragedia.

La comunidad está organizada. Desde hace días comenzaron a recabar firmas y a redactar un documento dirigido tanto a la presidencia municipal como al gobierno del estado, solicitando detener la obra y realizar un análisis exhaustivo de los riesgos. También se prepara un segundo escrito que será dirigido a Protección Civil para exigir una evaluación técnica sobre la viabilidad y seguridad del proyecto.

Vecinas y vecinos expresan abiertamente su temor por la vida y la salud de sus familias. Aseguran que la colonia fue primero que cualquier negocio, y que han construido comunidad y seguridad en un entorno que ha crecido con el tiempo, pero que ahora se ve amenazado por decisiones ajenas a su bienestar. En total, serían al menos tres colonias afectadas: Balcones, Independencia y parte de Lomas del Padre, con decenas de familias viviendo una amenaza.

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La indignación crece no solo por la construcción en sí, sino por la falta de transparencia, consulta ciudadana y medidas preventivas por parte de las autoridades municipales. Los vecinos se preparan para acudir incluso a instancias legales si la petición ciudadana es ignorada, con la convicción de no permitir que se les imponga una bomba de tiempo en el corazón de su comunidad.

Salamanca, Gto. — La Fiscalía General de la República (FGR) localizó el pasado 8 de junio una toma clandestina de hidrocarburo al interior del Parque Agro Tecnológico Xonotli, un predio de 970 hectáreas propiedad del Gobierno de Guanajuato. El hallazgo incluye cinco cisternas enterradas y aproximadamente 40 mil litros de combustible robado.

La detección de esta actividad ilícita se dio en una zona considerada de alto riesgo, ubicada en el corredor Salamanca–Villagrán–Santa Cruz de Juventino Rosas, donde ya se habían reportado tomas irregulares en los últimos meses. En febrero de este año se aseguraron 52 mil litros de combustible robado cerca del mismo parque, y en marzo se incautaron más de 80 mil litros adicionales en la comunidad de Mexicanos, en Villagrán.

Tras este último hallazgo, la FGR inició una carpeta de investigación y aseguró una parte del predio. Paulo Bañuelos Rosales, director del parque Xonotli, acudió al Ministerio Público Federal para presentar la documentación que respalda la propiedad estatal de los terrenos involucrados, ya que es el único representante legal del inmueble.

Sobre estos hechos, el secretario de Gobierno, Jorge Jiménez Lona, explicó que fue el propio gobierno estatal quien notificó a las autoridades competentes una vez que se detectó la anomalía. Detalló que el parque, debido a su gran extensión, representa un reto operativo, aunque se han intensificado las medidas de supervisión.

De acuerdo con el funcionario, alrededor de 20 hectáreas del terreno están inmovilizadas como parte del proceso judicial. Sin embargo, el resto del parque continúa funcionando normalmente con cultivos activos de maíz, frijol y sorgo.

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Jiménez Lona enfatizó que el gobierno actuó conforme a derecho al reportar los hechos de inmediato. Añadió que, en todo el estado, se desactivan en promedio dos tomas clandestinas por día, lo que refleja la magnitud del problema y la presión constante sobre las instituciones estatales y federales.

Respecto a la responsabilidad del director del parque, aclaró que no se le puede atribuir omisión, ya que, tan pronto como tuvo conocimiento del hecho, presentó la denuncia correspondiente. Por el momento, no hay personas detenidas.

El secretario también informó que se están instalando sistemas de monitoreo para vigilar de forma más efectiva zonas vulnerables dentro del parque, y reconoció la complejidad del polígono donde se encuentra, por lo que se están reforzando las acciones de vigilancia y control.

En Guanajuato capital y su zona metropolitana como León, los patines eléctricos, scooters, bicimotos y bicicletas cobran fuerza como alternativas ecológicas al transporte convencional.

En León, cerca del 80 % de los habitantes se desplazan en transporte público, bicicleta o caminando. La red de ciclovías en el municipio es la tercera más importante de América Latina. Siendo clave en esta transformación. Sin embargo, la movilidad eléctrica ligera avanza sin un marco legal claro que asegure su integridad y la del medio urbano.

Entre enero y mayo de 2025, el Congreso de Guanajuato presentó una propuesta para reformar la Ley de Movilidad: se pretende clasificar y regular vehículos eléctricos según su velocidad.

Aquellos que superen los 25 km/h serían equiparados a motocicletas, lo que implica casco, registro vehicular, seguros y normas viales específicas. Asimismo, se busca impulsar infraestructura dedicada —como ciclovías y carriles exclusivos— para asegurar el desplazamiento seguro en zonas urbanas.

En Irapuato hay 30 tiendas que comercializan bicimotos, pero el registro oficial no existe.

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En Purísima del Rincón, los scooters son considerados “juguetes”, lo que impide su emplacamiento pese a su uso diario.

Desde el punto de vista ambiental, estos dispositivos representan una oportunidad real, pues se va reduciendo el uso del automóvil, se descongestionar el tráfico, se disminuyen emisiones y son ideales para trayectos cortos y urbanos.

Sin embargo, su eficacia ecológica depende de tres factores clave:

Fuente de electricidad: si la carga proviene de redes basadas en combustibles fósiles, el beneficio disminuye.

Gestión de baterías: su ciclo de vida, reciclaje y disposición afectan su huella ambiental.

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Seguridad y ordenamiento urbano: sin regulación, riesgos como atropellos o colisiones podrían frenar su adopción responsable.

Como lo advirtió la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores en Guanajuato, la regulación debe enfocarse en seguridad y no en recaudación.

Desarrollar infraestructura Adecuar tramos de ciclovía y carriles exclusivos en León, Irapuato y Purísima.

Seguridad obligatoria Casco, reflectantes, sistemas de frenado, y seguros de responsabilidad civil.

Registro y datos Implementar un padrón estatal/muncipal: saber cuántos y dónde circulan.

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Carga y ciclo de vida de baterías Fomentar infraestructura de carga sostenible y sistemas de reciclaje ecológico.

La movilidad eléctrica ligera es una solución prometedora para ciudades verdes. El reto de Guanajuato ahora es transformar el auge en una apuesta real de desarrollo sustentable: donde la movilidad no solo sea limpia, sino también segura, organizada y con visión de futuro.