El anuncio de que la momia presentada en Zacatecas era en realidad una réplica de resina hecha con tecnología 3D ha destapado más cuestionamientos que aplausos. Samantha Smith confirmó que no se trató de un cuerpo original, sino de una de las 10 figuras que conformarán una colección cuyo costo ascendió a 1 millón 300 mil pesos de recursos públicos, provenientes del Consejo del Fondo para la Promoción Turística (COFOTUR).

Aunque Smith defendió el proyecto asegurando que “todo el tiempo tuvo una placa que decía réplica”, la polémica se desató cuando la propia alcaldesa presumió en redes sociales que había llevado una momia “del Museo”, omitiendo mostrar de manera clara la leyenda que revelaba la naturaleza de la pieza.

Lo que se presume como un esfuerzo por posicionar a Guanajuato en la agenda mediática nacional terminó exhibiendo la falta de transparencia en el uso y manejo de recursos públicos, pues no se han detallado los procesos de contratación, proveedores ni justificación del gasto. Para diversos sectores críticos, este anuncio parece más una estrategia de distracción para desviar la atención del escándalo que rodea al funcionario Ludovico Mata, señalado por portar un reloj Rolex valuado en 250 mil pesos.

Smith defendió la inversión señalando que con estas reproducciones digitales se “supera la limitante” de no poder trasladar los cuerpos áridos originales y que existen “innumerables solicitudes” para que las momias viajen por México y el mundo. Sin embargo, el trasfondo del caso no ha pasado inadvertido: un proyecto millonario sin claridad en su ejecución, opacidad en los contratos y la sombra de un lujo exhibido por un funcionario público que golpea la credibilidad del gobierno municipal.

Apaseo el Alto, Gto. — Martín López Camacho, expresidente municipal de Apaseo el Alto y exdiputado local en la pasada legislatura, comunicó formalmente su decisión de separarse del Partido Acción Nacional (PAN), organización política en la que militó durante varios años y a la que representó en diversos cargos tanto de elección como de designación.

La notificación fue dirigida a Aldo Iván Márquez Becerra, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN en Guanajuato, y en ella el exlegislador expuso que, después de un periodo de reflexión tras concluir su último encargo, tomó la determinación de no continuar como miembro activo del partido.

En su carta, López Camacho hizo un repaso de su paso por Acción Nacional, asegurando que su participación estuvo guiada por principios como el bien común, la dignidad de la persona, la solidaridad y la subsidiaridad. Destacó que su compromiso con el PAN siempre fue desde una postura de entrega y responsabilidad, y que la experiencia adquirida en las distintas responsabilidades que asumió le permitió crecer como ciudadano y como político.

Recordó que formó parte de una etapa del partido que se distinguía por su carácter democrático, tanto en los procesos internos como en el ejercicio del poder público, y valoró haber contribuido a la construcción de soluciones junto a la ciudadanía, sin perder la esencia partidista.

También planteó una postura crítica sobre el momento actual, al señalar que, con el paso de los años, desarrolló una actitud abierta a la autocrítica y a la necesidad de escuchar lo que la sociedad espera de sus representantes. Reconoció que no siempre se han tomado las mejores decisiones y asumió responsabilidad por los errores cometidos, empezando por los propios.

Aunque no dejó claro si se incorporará a otro proyecto político, la carta refleja un alejamiento consciente de la actual línea del PAN y la búsqueda de nuevos caminos para continuar su participación en la vida pública.

Advertisement

La promoción personal con recursos públicos es un delito

Guanajuato, Gto. – Autoridades han sido señaladas por utilizar recursos públicos con fines de promoción personal, una clara violación al Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual prohíbe explícitamente que la propaganda gubernamental incluya nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Sin embargo, en distintos niveles de gobierno, se han detectado campañas institucionales que destacan logros, apadrinamientos o mensajes subliminales con el fin de meter en el siguiente periodo de elecciones a personas que, aparentemente, ya están esperando ocupar algún puesto en el gobierno. Esto último también recae en el nepotismo.

Todo esto constituye un uso indebido del presupuesto con el fin de ganar simpatía política o fortalecer una imagen con miras a futuras elecciones. Esto un delito que puede tener consecuencias penales y administrativas.

Si se acredita que hubo intención de influir en la ciudadanía o beneficiar a una persona o partido político, los responsables pueden enfrentar penas de hasta nueve años de prisión y quedar inhabilitados para ocupar cargos públicos.

Advertisement

Además, la Auditoría Superior de la Federación y los órganos de fiscalización estatales, puede iniciar procedimientos administrativos por mal uso de recursos públicos, lo que podría derivar en sanciones y multas.

El pueblo hace un llamado a respetar la legalidad.

“El uso de recursos públicos para posicionar la imagen de un servidor público no solo es ilegal, también es una falta ética que daña la confianza ciudadana”, señala María del Carmen Morales, directora del Observatorio Nacional Anticorrupción.

El respeto al artículo 134 no es una formalidad, sino una garantía para mantener la equidad en la competencia política.

Advertisement