Guanajuato, Gto.— La herida está abierta y a la vista de todos. Una nueva cicatriz ha sido marcada sobre los cerros que enmarcan la capital del estado. Esta vez, el daño se ubica en el Cerro de Sirena, entre el Cerro del Meco y el cauce del Río de Piletas, donde maquinaria pesada irrumpió sin pudor en una zona alta, removiendo tierra como si el paisaje natural fuera un simple estorbo en el camino hacia el cemento y la urbanización.

El trazo es claro: un camino ha comenzado a abrirse paso donde no debería. No hay lógica ambiental ni necesidad social que justifique esta remoción de tierra, salvo la posibilidad, cada vez más evidente, de que se intente pavimentar una ruta que sirva como antesala para futuras construcciones. Una ruta que, de no detenerse a tiempo, podría convertirse en otra vía hacia el deterioro irreversible del entorno natural.

Este “arañazo” no es un hecho aislado. Es solo el capítulo más reciente de una serie de agresiones ambientales que vienen acumulándose en los cerros de Guanajuato, bajo la mirada tibia, o quizá cómplice de las autoridades municipales. El silencio institucional frente a estos actos resulta, cuando menos, alarmante. Cuando más, profundamente preocupante.

Mientras la maquinaria avanza tierra adentro, la flora y fauna de la zona retroceden sin defensa. Especies nativas huyen, la tierra se fractura, y los ecosistemas quedan irremediablemente fragmentados. Lo que se pierde no es solo verde: se pierde historia, se pierde identidad, se pierde futuro.

Y en medio de todo esto, el municipio sigue sin contar con una brújula legal y ambiental. El Programa Municipal de Desarrollo Urbano y de Ordenamiento Ecológico Territorial —instrumento básico para controlar el crecimiento de la ciudad— sigue sin actualizarse por más de 10 años. Aunque en marzo el Ayuntamiento aprobó su remisión al Instituto de Planeación del Estado de Guanajuato (Iplaneg), desde entonces no se sabe nada. Ni avances, ni retrocesos. Solo silencio.

Ese vacío normativo ha sido aprovechado, según sospechan ciudadanos y especialistas, por desarrolladores que ven en la falta de regulación una oportunidad de negocio. ¿El resultado? Un avance acelerado de construcciones privadas en zonas donde antes solo existía vegetación y vida silvestre.

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En Guanajuato capital, los cerros ya no son refugio de los olvidados. Las zonas altas, que alguna vez acogieron viviendas humildes de quienes no tenían más opción que construir sobre las pendientes, hoy se transforman en codiciados espacios para fraccionamientos de lujo. Un fenómeno que no sólo encarece el suelo, sino que también margina a quienes antes lo habitaron.

La pregunta no es nueva, pero sigue vigente: ¿quién autoriza estas obras?, ¿quién permite el paso de maquinaria pesada por zonas ecológicas?, ¿quién se beneficia de este nuevo rostro urbano? Y sobre todo: ¿quién cuida a Guanajuato de quienes solo ven en sus cerros una oportunidad de negocio?

No bastan los discursos ni las buenas intenciones. Se requieren acciones firmes, inspecciones reales, sanciones ejemplares. Guanajuato no necesita más promesas: necesita defensores del territorio.

Por ahora, el “arañazo” sigue ahí. Testigo mudo de un modelo de crecimiento que parece no tener freno. Una herida más en el cuerpo de una ciudad que, si no se defiende pronto, podría despertar un día sin reconocer su propio rostro en el espejo de sus cerros.

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