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Oiga sobre este recurso que se tiene en la democracia participativa para sacar del poder a los políticos que traicionan a sus electores.

Herencia del expresidente Andrés Manuel López Obrador, la revocación de mandato, es una figura de consulta ciudadana, con fin de presión sobre los políticos, para demandar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos de campaña olvidados al llegar a ejercer la administración pública.


Por qué, no se vale decir una cosa para engañar a la gente y pedirle su voto y llegar al poder y hacer o seguir haciendo lo que ya apestaba desde hace dos administraciones.
Porque hay quien dijo que era tiempo de mujeres y siguieron los mismos hombres con los que gobernó su esposo, porque se dijo que iba a haber un nuevo comienzo y sólo se cambió el logo, la papelería y el color de una docena de bancas en los paraderos de autobuses.
Por que se prometió movilidad y se le apretó el pescuezo más a los operadores de los autobuses, mientras se aplicó el aumento al precio del boleto para pagar los acuerdos políticos en perjuicio de la castigada economía de los trabajadores capitalinos.
Y por que se están gastando el dinero de los capitalinos en ocurrencias y dadivas que sólo parecen servir para enaltecer la imagen política de el clan que gobierna la ciudad como si fuera un negocio.
El proceso de revocación de mandato es el instrumento de participación solicitado por la ciudadanía para determinar la conclusión anticipada en el desempeño del cargo de la persona titular de la Presidencia de la República, a partir de la pérdida de la confianza.
Lo anterior, de conformidad con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Consulta Popular y Revocación de Mandato, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 2019 y el artículo 55 de la Ley Federal de Revocación de Mandato.

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Gobierno

Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas

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La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.

El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.

De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.

La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.

Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.

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El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.

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Justicia

Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua

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El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.

La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.

La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.

El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.

Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.

Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.

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Ciudad

Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.

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El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.

De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.

El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.

Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.

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Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.

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Seguridad

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