Guanajuato, Gto., 1 de julio de 2025 – Aunque los jóvenes representan un nicho potencial en el mercado de vivienda, en la capital del estado los sueños de tener casa propia enfrentan costos elevados y requerimientos financieros muy estrictos.

El precio promedio de una casa en Guanajuato capital es de $2.3 millones de pesos, alcanzando hasta los 2.75 millones. Para adquirirla, se necesita un enganche del 10 %–20 % más entre un 3 % y 3.5 % en gastos notariales.

Según criterios bancarios, el pago mensual no debe superar el 30 % del ingreso neto, por ello, para una hipoteca promedio, se exige un sueldo de entre $23,000 y $24 ,000 MXN mensuales. Y con el aumento imparable en precios para 2025… se proyecta un incremento de 5 % en el valor de viviendas, impulsado por inflación y costos de construcción.

Dicha presión encarece aún más el acceso de los jóvenes a una vivienda propia.

El gobierno estatal ha reforzado el programa “Mi Vivienda GTO Contigo Sí”, que otorga subsidios de hasta $100 000 MXN para viviendas nuevas con valor hasta $495 000. Se prevé que aproximadamente 600 personas se beneficiarán en 2023–2025. Sin embargo, una auditoría de la ASEG detectó que el 35 % de estas viviendas están deshabitadas o alquiladas, lo que cuestiona la eficacia real del apoyo.

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Los Jóvenes atrapados entre deuda e ingresos bajos, en donde salario promedio en México, según el IMSS, ronda los $17 462 MXN mensuales, muy por debajo de lo necesario para comprar una casa.

Para adquirir una vivienda de $2.36 M, la mensualidad puede superar los $10–11 000, lo que exige ingresos cercanos a $30 000 MXN, una cifra lejana para quienes apenas superan dos salarios mínimos.

Como estrategia, los jóvenes optan por créditos combinados (Infonavit + banco). Buscan vivienda usada o en municipios cercanos, donde los precios promedian $1.2 a $1.3 M. Ahorran de forma anticipada y limpian su historial crediticio.

No obstante, la percepción general es de frustración: “¿Estamos condenados a ya no conseguir vivienda propia?”, se preguntan en foros.

Existe un desfase entre ingresos y precios: los jóvenes requieren ingresos mínimos de $23 000–30 000 MXN para aspirar a una vivienda media.

Mientas los subsidios estatales alivian costos iniciales, pero su impacto real puede ser limitado por la falta de seguimiento.

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Las soluciones que se visualizan son comprar una vivienda usada, cofinanciamientos y ahorro previo son las vías más accesibles. Aunado a esto, la gentrificación también abona a que los precios de las casas se alcen en la capital.

Un creciente malestar social se está gestando en Guanajuato capital, impulsado por cobros inusuales y excesivos en los recibos de agua potable emitidos por el SIMAPAG (Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato). En las últimas semanas, usuarios de distintas zonas de la ciudad denunciaron aumentos desproporcionados, que en algunos casos han multiplicado hasta por seis el monto habitual de sus facturas.

Uno de los casos más alarmantes llegó a la redacción de TV Guanajuato: un señor de la tercera edad, quien habitualmente pagaba alrededor de 300 pesos por el servicio, recibió un recibo en mayo por más de 2 mil pesos, sin justificación aparente. Su caso no es aislado.

Una usuaria del servicio relató que, de pagar 280 pesos en promedio por mes, el último recibo fue por 1,319 pesos. Al acudir a las oficinas de SIMAPAG en busca de una explicación, le indicaron que probablemente se trataba de una fuga de agua en su domicilio. Sin embargo, tras revisar minuciosamente sus instalaciones, no encontró evidencia alguna de dicha fuga.

Otros testimonios confirman que el fenómeno se extiende en varios puntos de la ciudad. Una vecina de la zona centro denunció que su penúltimo recibo fue de 940 pesos y el más reciente llegó de 1,465 pesos, sin cambios significativos en su consumo o en las condiciones de su vivienda.

La molestia no sólo radica en los montos, sino también en la falta de respuestas claras por parte de la institución. Usuarios afirman que al intentar pedir aclaraciones, sólo reciben justificaciones ambiguas o propuestas de pago que no resuelven el fondo del problema.

Además del consumo de agua, los recibos incluyen aportaciones obligatorias a instituciones como la Cruz Roja, Bomberos Simub y el Centro de Salud de Pozuelos, lo que eleva aún más el total a pagar.

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Frente a esta situación, comienzan a surgir expresiones colectivas de inconformidad, con vecinos que se organizan para exigir transparencia en la facturación y una revisión profunda a las prácticas del sistema operador. El hartazgo es visible en los comentarios que circulan tanto en redes sociales como en espacios comunitarios.

Varios ciudadanos pidieron a medios de comunicación, como TV Guanajuato, que intervengan para visibilizar lo que consideran una injusticia. Algunos incluso han señalado que, si las autoridades no logran controlar estas irregularidades, la ciudadanía quedará a merced de un sistema sin controles ni rendición de cuentas.

Por ahora, el SIMAPAG no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las quejas acumuladas. Pero el tema ha encendido una chispa que marca un punto de quiebre entre la indiferencia y la exigencia colectiva. Prepárense por que se avecina un estallido social!

Guanajuato, Gto. Desde el lunes 19 de mayo, alrededor de 300 trabajadores mineros en Guanajuato Capital mantienen un paro parcial de labores. La protesta surge a raíz de la falta de reparto de utilidades correspondiente al último periodo fiscal y por la ausencia de condiciones mínimas de seguridad en su entorno de trabajo.

El paro de operaciones se documentó en dos minas operadas por la empresa Guanajuato Silver: la mina de Rayas, en la zona de Mellado, y la mina de San Ignacio, ubicada rumbo al Mineral de la Luz. Según los trabajadores, la empresa no ha cubierto el reparto de utilidades, alegando que la producción no alcanzó niveles suficientes para generar montos a repartir. Sin embargo, varios de los mineros aseguran que diariamente se extrae material que es transportado al molino de Cata para su procesamiento, lo que, desde su perspectiva, contradice los argumentos de la empresa.

Hasta el momento, la actividad minera se ha visto parcialmente suspendida. De acuerdo con los testimonios recabados, tres trabajadores ya fueron dados de baja tras manifestarse, hecho que fue interpretado por algunos como posible represalia, aunque la empresa no ha emitido una postura oficial respecto a estos despidos.

Otro de los señalamientos reiterados por los trabajadores es la falta de equipo básico de seguridad, incluyendo uniformes, herramientas y protección personal. Indican que estas carencias dificultan la operación normal dentro de las minas y ponen en riesgo su integridad física.

Los mineros ya acudieron a instancias legales y laborales para presentar denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el reparto de utilidades y condiciones de trabajo. Solicitan que las autoridades correspondientes realicen una revisión financiera a la empresa y verifiquen las condiciones de seguridad bajo las cuales se desarrollan las labores mineras.

Por el momento, el paro continúa de manera indefinida, a la espera de que se establezca un diálogo entre los trabajadores, la empresa y las autoridades. La situación permanece en desarrollo.

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