La crisis ambiental ya llegó a las carreteras.

Pescadores del norte de Veracruz bloquearon accesos clave como el puente de Tuxpan y la autopista Tuxpan–Tampico, en protesta por las afectaciones del derrame de hidrocarburo atribuido a Petróleos Mexicanos.

Los inconformes aseguran que la contaminación alcanzó playas, zonas de pesca y la laguna de Tamiahua, golpeando directamente su principal fuente de ingresos en plena temporada alta.

Además, denuncian que los apoyos federales de 15 mil pesos solo llegarán a una parte de los afectados, dejando fuera a decenas de cooperativas y comunidades que también resienten el impacto.

La protesta escaló rápidamente, generando caos vial, largas filas y afectaciones en uno de los corredores más importantes del norte del estado.

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El derrame, que se originó desde marzo en el Golfo de México, sigue provocando tensión social, pérdidas económicas y reclamos por una respuesta que, aseguran, ha sido tardía e insuficiente.

Hoy, el mensaje desde Veracruz es claro: el daño ambiental ya se convirtió en conflicto social.

En medio de la polémica por una investigación federal, la presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de Marcelo Ebrard y confirmó que seguirá al frente de la Secretaría de Economía.

La mandataria aseguró que el ex canciller “está haciendo un excelente trabajo” y destacó su papel en las negociaciones comerciales con Estados Unidos y en la revisión del T-MEC, pese a la indagatoria abierta por la estancia de su hijo en la residencia oficial de la embajada de México en Londres entre 2021 y 2022.

La investigación fue abierta por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tras diversas denuncias y solicitudes ciudadanas para determinar si hubo alguna violación a normas o uso indebido de recursos públicos. Ebrard ha negado irregularidades y sostiene que no se utilizó dinero del erario.

Pese al escándalo, Sheinbaum dejó claro que no contempla removerlo del cargo, enviando un mensaje de respaldo político en un momento clave para la economía del país.

La decisión ha generado reacciones encontradas: para algunos es confianza en su trabajo; para otros, una señal de blindaje político.

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En México, el Día del Niño debería ser una fecha de alegría, pero para muchas familias se ha convertido en una presión económica. En escuelas de preescolar y primaria, padres denuncian que las celebraciones implican “cooperaciones voluntarias” que en realidad se sienten obligatorias: pagos para convivios, regalos o actividades, muchas veces avisados con poco tiempo y bajo la idea de que, si no se coopera, los niños mejor no asistan.

Esta práctica termina marcando diferencias entre los estudiantes. Mientras algunos participan en festejos completos, otros quedan fuera por no poder pagar. Lo que debería ser una celebración incluyente se convierte en un reflejo de desigualdad, donde la participación depende del ingreso familiar y no del derecho a disfrutar la infancia.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, más del 36% de la población en México vive en situación de pobreza, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía señala que gran parte del ingreso de los hogares se destina a cubrir necesidades básicas como alimentación, transporte y servicios. En ese contexto, gastos extra como festividades escolares pueden representar una carga difícil de sostener, especialmente para familias numerosas o de bajos recursos.

Aunque las autoridades educativas han reiterado que las cuotas son voluntarias, en la práctica muchas escuelas continúan solicitándolas como si fueran obligatorias. Así, el Día del Niño corre el riesgo de perder su sentido original y convertirse en una celebración excluyente, donde la pregunta ya no es cómo festejar, sino quién puede hacerlo.