En el Congreso del Estado de Guanajuato, la Comisión de Desarrollo Urbano y Obra Pública dio trámite a dos propuestas impulsadas por legisladores de Morena enfocadas en el acceso y la gestión del agua. Durante la sesión de este 16 de abril, ambas iniciativas fueron formalmente radicadas y se estableció la ruta de análisis que seguirán en las próximas semanas.

Una de las propuestas, presentada por el diputado David Martínez Mendizábal, plantea modificaciones al Código Territorial estatal y a la Ley de Gobierno Municipal. El objetivo es garantizar que el servicio de agua se brinde sin distinciones y bajo criterios de igualdad, especialmente en contextos de escasez, donde el acceso equitativo se vuelve un tema crítico.

Por su parte, el legislador Ricardo Ferro Baeza propuso reforzar el marco legal para asegurar mayor claridad jurídica, transparencia y orden institucional en los organismos encargados del suministro, drenaje y saneamiento. Ambas iniciativas serán discutidas en mesas de trabajo programadas para el 13 de mayo, con participación de autoridades estatales y asesores, antes de avanzar hacia un posible dictamen.

Un recién nacido de apenas un mes de edad desapareció en Oaxaca, desatando una alerta urgente de búsqueda y una investigación que apunta a un posible caso de trata de personas.

El menor fue visto por última vez el pasado 23 de marzo en la agencia municipal de Donají, en la capital del estado. Sin embargo, fue hasta el 14 de abril cuando familiares dieron aviso a las autoridades, lo que activó una Alerta Amber y un operativo especializado.

De acuerdo con las primeras indagatorias, el caso podría tener un giro alarmante: la madre del bebé presuntamente lo habría entregado a un tercero para saldar una deuda económica, lo que encendió las alarmas por un posible delito de trata.

La Fiscalía de Oaxaca ya desplegó equipos especializados y trabaja bajo una línea de investigación que involucra tanto al entorno familiar como a posibles redes criminales.

Mientras tanto, el llamado a la ciudadanía es claro: cualquier información puede ser clave para encontrar con vida al menor.

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La implementación de la nueva CURP biométrica en México forma parte de una estrategia del gobierno federal para modernizar el sistema de identidad. Este documento incorporará datos sensibles como huellas dactilares, reconocimiento facial, escaneo de iris y firma digital, con el objetivo de crear una identidad única, más segura y difícil de falsificar. El proyecto es impulsado por la Secretaría de Gobernación y busca reducir fraudes, duplicidades y facilitar trámites tanto en el sector público como privado, avanzando hacia un sistema de identificación más digitalizado y centralizado.

A pesar de la preocupación pública, la credencial del Instituto Nacional Electoral no desaparecerá. Su función principal seguirá siendo permitir la participación en procesos electorales y servir como identificación oficial en ese ámbito. Además, el propio INE ha aclarado que no participa en el trámite de la CURP biométrica, lo que deja claro que ambos documentos coexistirán, al menos en el corto y mediano plazo, pero con funciones distintas dentro del sistema institucional del país.

Sin embargo, el verdadero cambio está en el alcance que tendrá la CURP biométrica. Este nuevo documento se perfila como la identificación principal en México, ya que podría volverse necesaria para acceder a servicios clave como salud, educación, trámites bancarios y programas sociales. Esto implica que, aunque hoy no sea obligatoria para todos, existe una tendencia clara hacia su uso generalizado, lo que en la práctica la convertiría en un requisito casi indispensable para la vida cotidiana.

Este escenario ha generado un debate importante. Por un lado, el gobierno argumenta que se trata de una herramienta para mejorar la seguridad, reducir el robo de identidad y simplificar procesos. Por otro, críticos advierten riesgos como la concentración de datos personales en una sola base, posibles vulneraciones a la privacidad y un mayor control estatal sobre la identidad de los ciudadanos. En el fondo, la discusión no es solo técnica, sino política y social: México está pasando de un modelo donde la identificación clave era electoral a uno donde la identidad digital centralizada podría definir el acceso a derechos y servicios.