Guanajuato, Gto. – En una visita breve, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, arribó este sábado 2 de agosto a Guanajuato capital para supervisar personalmente los avances en la construcción de la nueva clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ubicada en la colonia La Yerbabuena, en la zona sur de la ciudad.

El convoy presidencial llegó minutos después de la 1 de la tarde. Desde su camioneta, Sheinbaum salió por la ventana para saludar a las y los guanajuatenses que, entre pancartas la recibieron con entusiasmo. Con un megáfono improvisado, lanzó un mensaje breve pero emotivo: “Los quiero mucho”, dijo entre aplausos y porras.

Al salir se le preguntó cuando quedaría concluido el nuevo hospital del IMSS,  confirmando que será inaugurado en diciembre de este año. La mandataria aseguró también que “Vienen más obras para Guanajuato”, aunque sin precisar cuáles debido al ritmo apresurado de su agenda. No obstante, Sheinbaum prometió regresar a Guanajuato capital con más tiempo, para sostener encuentros más amplios con la ciudadanía.

La presidenta fue acompañada por miembros de su gabinete: Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación; Citlalli Hernández, secretaria de las Mujeres; y Zoé Robledo, director general del IMSS, quien también recorrió el sitio junto a autoridades locales.

Desde temprano, se notó la magnitud del despliegue de seguridad. Calles cerradas, retenes, unidades de emergencia y la vigilancia combinada de policías municipales, estatales y federales daban cuenta de la visita presidencial. Incluso, un helicóptero de las Fuerzas Armadas sobrevoló el perímetro durante varios minutos.

El nuevo hospital del IMSS, cuya construcción, contará con 29 especialidades médicas, 120 camas y una inversión superior a los 1,200 millones de pesos. Se espera que este complejo de salud sea uno de los más modernos de la región.

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Bajo la bandera de la estrategia “México te abraza”, el Gobierno federal ha recibido a cerca de 75 mil 900 connacionales deportados de Estados Unidos desde que Donald Trump asumió su segundo mandato. Sin embargo, el regreso a casa no ha sido del todo digno ni equitativo para miles de migrantes, quienes enfrentan una reintegración atropellada, marcada por limitaciones en infraestructura, empleo y acceso real a derechos humanos.

La Secretaría de Gobernación, a cargo de Rosa Icela Rodríguez, informó que se han habilitado 10 centros de atención en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, con una capacidad conjunta para 25 mil personas simultáneamente. No obstante, el número de deportados supera por mucho esta cifra, lo que ha obligado al gobierno a aplicar medidas improvisadas para cubrir la demanda.

Durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Rodríguez destacó que más de 36 mil migrantes han ingresado a estos centros, mientras que otros 25 mil han sido asistidos de forma externa, con apoyos como alimentos, orientación jurídica y boletos para regresar a sus estados de origen. A partir del 20 de enero, casi 14 mil mexicanos fueron repatriados por vía aérea a través del AIFA, Villahermosa y Tapachula.

Aunque las autoridades insisten en que los servicios se brindan “de manera inmediata”, testimonios en varias entidades fronterizas reportan retrasos, falta de personal capacitado y escasez de recursos, especialmente en localidades que no fueron consideradas prioritarias en esta estrategia.

La Segob presume la participación de 34 dependencias federales y 16 estados para facilitar la reintegración de los deportados a través de programas sociales, laborales y de salud. Sin embargo, expertos en migración señalan que la mayoría de estos apoyos se otorgan de manera temporal, sin un seguimiento estructurado que garantice el arraigo y bienestar de los repatriados.

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En teoría, los migrantes pueden acceder a cinco tipos de seguro del IMSS, obtener su CURP mediante el Renapo y recibir acompañamiento del Instituto Nacional de Migración. Pero en la práctica, muchos migrantes denuncian no tener información clara ni los medios para acceder a esos servicios.

El discurso oficial habla de un México empático y organizado ante la crisis migratoria, pero la realidad en la frontera y en los estados de destino refleja un esfuerzo aún fragmentado, que aunque bien intencionado, no termina por abrazar a todos.

Ciudad de México.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a investigar los contratos millonarios que gobiernos estatales, particularmente en Guanajuato, han firmado con la empresa Seguritech. En esta entidad, administraciones del PAN han destinado más de 12 mil millones de pesos en tres sexenios para la adquisición de tecnología de monitoreo y videovigilancia, sin resultados claros en la mejora de la seguridad.

Durante su conferencia de prensa, Sheinbaum señaló que estas inversiones deben ser revisadas por la Auditoría Superior de la Federación, especialmente cuando se han utilizado recursos federales provenientes del presupuesto público y de fondos destinados a seguridad. También enfatizó la necesidad de evaluar el verdadero impacto de estos contratos en la protección ciudadana.

El tema salió a colación tras la publicación de una investigación periodística que expone cómo estados como Guanajuato y Querétaro han realizado cuantiosas contrataciones con Seguritech, sin que ello se refleje en una disminución de la violencia. En el caso de Guanajuato, incluso se ha vinculado al exgobernador Diego Sinhue Rodríguez con un presunto conflicto de interés relacionado con estos contratos.

Sheinbaum destacó que, aunque los sistemas de videovigilancia pueden ser herramientas útiles para la prevención y persecución del delito, en muchos casos han servido para justificar gastos excesivos sin un sustento técnico adecuado. Subrayó que se ha generado un modelo de negocio alrededor de los llamados C2, C3, C4 y C5, que en realidad no garantizan mejoras sustanciales en materia de seguridad si no van acompañados de estrategias efectivas.

Con la entrada en vigor de la nueva Ley del Sistema Nacional de Seguridad, el Gobierno Federal tendrá mayores facultades para supervisar este tipo de contrataciones y asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera adecuada, sin fines políticos ni lucrativos.

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