El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este lunes una dura advertencia hacia México al asegurar que “no está contento” con los resultados en el combate al narcotráfico y que no descarta autorizar ataques directos contra los cárteles en territorio mexicano.

Durante una rueda de prensa en la Casa Blanca, el mandatario afirmó que, aunque no confirma que vaya a hacerlo, “estaría orgulloso” de aprobar acciones militares si fuera necesario para frenar el tráfico de drogas hacia su país.

Trump señaló que mantiene comunicación con el gobierno de México y afirmó que las autoridades mexicanas “saben” cuál es su postura en materia de seguridad bilateral. Sus declaraciones marcan un giro significativo después de meses en los que había elogiado a la presidenta Claudia Sheinbaum por su cooperación en la lucha contra el narcotráfico. En esta ocasión, el mandatario subrayó que no está satisfecho con los resultados y que el flujo de drogas ha causado cientos de miles de muertes en Estados Unidos.

Las declaraciones se dieron en el contexto de la operación estadounidense “Lanza del Sur”, una estrategia militar contra el narcotráfico que ha tensado particularmente la relación con Venezuela. Desde septiembre, fuerzas estadounidenses han destruido lanchas en el Caribe y Pacífico, matando a más de 70 personas que el gobierno de Trump califica como “narcoterroristas”, elevando las críticas por presuntas ejecuciones extrajudiciales en la región.

En la misma conferencia, Trump reiteró que tampoco descarta una intervención militar en Venezuela y que está dispuesto a dialogar con el presidente Nicolás Maduro. “No descarto nada, simplemente tenemos que encargarnos de Venezuela”, afirmó, dejando abierta la posibilidad de nuevas acciones en América Latina mientras crece la tensión diplomática con varios países del continente.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, llamó este lunes a mantener la calma y no responder a actos violentos, luego de los enfrentamientos registrados durante la marcha de la Generación Z el pasado sábado en la Ciudad de México.

Desde su conferencia mañanera, la mandataria lamentó la presencia de un “grupo muy violento” que, aseguró, buscó confrontar a la Policía capitalina y generar imágenes de represión. “La violencia no lleva a nada; no vamos a caer en la provocación”, afirmó.

Sheinbaum informó que solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México investigar a los grupos responsables de los ataques e incluso cuestionó si estos actos pudieron haber sido incentivados por intereses externos. “Es muy importante saber quiénes son estos grupos. ¿Por qué esta violencia? ¿Están pagados?”, señaló.

La presidenta precisó que la mayoría de los elementos de la SSC que estuvieron en el operativo eran mujeres y que solo portaban escudos, por lo que los ataques fueron directamente dirigidos hacia ellas.

La mandataria también destacó que, pese a la convocatoria nacional de la marcha, la movilización del sábado no logró llenar el Zócalo como lo hicieron otros movimientos en años recientes, como la Marea Rosa en 2023. Incluso subrayó que al día siguiente, durante la ceremonia en la que se declaró el danzón como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México, la Plaza de la Constitución reunió a más asistentes. Para Sheinbaum, la mayoría de los jóvenes continúa respaldando el proyecto de la Cuarta Transformación.

Finalmente, reiteró su llamado a rechazar cualquier forma de violencia, tanto desde la protesta como desde las fuerzas de seguridad. Afirmó que, si algún elemento policiaco incurrió en un uso indebido de la fuerza, la Secretaría de Seguridad Ciudadana deberá investigarlo y sancionarlo conforme a sus protocolos. “Seguiremos construyendo la paz con justicia; para eso fuimos elegidos”, enfatizó, al asegurar que “a la transformación no la detiene nadie”.

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El Senado de la República se prepara para dar un paso clave en la lucha contra el flagelo de la extorsión en México: esta semana está previsto que vote una ley que busca endurecer las garantías legales para investigar, perseguir y sancionar este delito que afecta a miles de ciudadanos y comercios en todo el país. 

El borrador de la llamada Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión contempla modificaciones profundas en varios instrumentos jurídicos, entre ellos el Código Penal Federal, el Código Nacional de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.  Entre los cambios destacados figuran el aumento de las penas para los extorsionadores, la creación de unidades especializadas y la sanción a servidores públicos que sean omisos o coludidos en estos ilícitos. 

El contexto no puede ser más urgente: según cifras oficiales y reportes periodísticos, la extorsión sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto a nivel nacional, afectando desde pequeñas tiendas hasta transportistas y empleados. Ante ello, el proyecto de ley tiene como objetivo homogeneizar las sanciones y acciones en las 32 entidades federativas, evitando las graves disparidades actuales que dificultan la persecución eficiente por parte de las autoridades. 

Ahora bien, la aprobación de la ley será sólo el primer paso. Su eficacia dependerá de tres retos fundamentales: que se cuente con recursos suficientes para operar las fiscalías especializadas; que se garantice el cumplimiento real de las penas establecidas; y que se combata de raíz la corrupción y complicidad que permiten que la extorsión florezca sin control. La ley puede marcar un antes y un después si va acompañada de voluntad política y operativa.