Nacional
El IMSS exhorta a combatir la corrupción y a evitar problemas legales
insta a denunciar actos de corrupción de servidores públicos o personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario
El IMSS exhorta a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública faltas administrativas o actos de corrupción tanto de servidores públicos como de personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario, así que insta a la ciudadanía a recurrir al “Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas”, SIDEC, para denunciar tanto faltas administrativas como actos de corrupción de servidores públicos o de cualquier persona física o moral que guarde algún vínculo con el desempeño público.
El SIDEC es el sistema creado para registrar, captar, administrar, atender e investigar cualquier denuncia en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De este modo, mediante el SIDEC puede denunciarse a cualquier servidor público que, por sí mismo o mediante terceros, incurra en el delito de cohecho al solicitar dinero o cualquier otro beneficio para registrar fraudulentamente un aumento de semanas cotizadas o de salario base de cotización infringiendo la Ley del Seguro Social o los procedimientos correspondientes.
Es importante destacar que la persona que dé o prometa a un servidor público dinero o cualquier otro beneficio para que éste viole la Ley del Seguro Social o dichos procedimientos también incurre en el delito de cohecho.
Igualmente, que —según el artículo 314 de la propia Ley— se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener o propiciar la obtención de los seguros, prestaciones y servicios previstos en la Ley del Seguro Social sin gozar del carácter de derechohabiente, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.
Al respecto, es importante señalar que el IMSS cuenta con facultades para, en cualquier momento, verificar la consistencia de datos personales y registros afiliatorios con el fin de validar su legalidad. De este modo, el Instituto puede regularizar registros y, de ser el caso, corregir cualquier alteración o modificación de la cuantía de prestaciones económicas.
En este contexto, por conducto de sus órganos de operación administrativa desconcentrada y subdelegaciones, el IMSS reforzará una campaña de difusión sobre el deber y compromiso social de todo servidor del propio Instituto de desempeñar su cargo conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables y en apego a los principios de honradez e integridad, así como la investigación y sanción tanto de faltas administrativas como de actos de corrupción.
Para obtener más información acerca de lo antes señalado, puedes contactar el IMSS llamando al 800 623 23 23 opción 5, luego nuevamente 5, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O en las páginas web que aparecen en pantalla*.
Deneck Inzunza.
Estados
La “Ministra del Pueblo” sigue en pie: Tribunal da la razón a Lenia Batres en disputa por registrar la marca
La ministra Lenia Batres sumó una victoria clave en medio del escenario político-electoral: un tribunal federal le dio la razón en la disputa por registrar la marca “Ministra del Pueblo”.

El Tribunal Federal de Justicia Administrativa anuló la negativa del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), que había rechazado el registro al considerar que el nombre podía generar confusión de cara a la elección judicial.
Batres impugnó la decisión y obtuvo un fallo unánime a su favor, al determinarse que la autoridad actuó de forma ilegal y sin justificar adecuadamente su resolución.
Con este revés, la ministra podrá continuar el trámite para formalizar el uso del distintivo que ha utilizado como parte de su identidad pública y política rumbo a los comicios.
Aunque el registro aún no es automático, el fallo elimina el principal obstáculo legal y fortalece su posicionamiento en un proceso donde la imagen… también juega.
Estados
Pemex admite megafuga en el Golfo… y ya hay consecuencias
Tras semanas de negarlo, Petróleos Mexicanos (Pemex) finalmente reconoció que la mancha de hidrocarburo que contaminó el Golfo de México sí provino de sus instalaciones… y el escándalo ya cobró sus primeras cabezas.

El Gobierno federal confirmó que la fuga se originó en un oleoducto cercano a la plataforma Abkatún, en la zona de Cantarell, entre el 4 y el 17 de febrero, provocando afectaciones en costas de varios estados del país.
Como consecuencia directa, tres altos funcionarios de la petrolera fueron cesados mientras avanzan las investigaciones sobre posibles responsabilidades y omisiones.
El caso no solo exhibe fallas técnicas, sino también un problema mayor: durante semanas, áreas operativas habrían negado la existencia de la fuga, retrasando la respuesta ante el impacto ambiental.
Hoy, con el reconocimiento oficial, el foco está en el daño ecológico y en una pregunta clave: ¿fue un accidente… o un encubrimiento?
Ciudad
“Eran un riesgo”: Exalcaldesa justifica sacrificio de 10 mil perros y abre un intenso debate nacional.
Una nueva controversia sacude a la política mexicana: la hoy senadora Mariela Gutiérrez Escalante reconoció que durante su gestión como alcaldesa de Tecámac fueron sacrificados cerca de 10 mil perros en situación de calle.



El tema estalló tras la difusión de un video en redes sociales, donde la exfuncionaria defiende las decisiones tomadas, asegurando que se actuó conforme a la ley y bajo protocolos establecidos.
Sin embargo, su justificación encendió aún más el debate: afirmó que muchos de los animales representaban un riesgo, ya que —según dijo— habían agredido o “violentado” a personas, argumento que utilizó para respaldar las acciones de su administración.
La cifra y las declaraciones provocaron reacciones inmediatas de activistas y organizaciones defensoras de animales, mientras que autoridades del Estado de México ya abrieron una investigación para determinar si hubo responsabilidades legales por posible maltrato animal.
El caso ha reavivado una discusión de fondo: ¿hasta dónde puede llegar una política pública en nombre de la seguridad… cuando se trata de vidas animales?.
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