Nacional
El IMSS exhorta a combatir la corrupción y a evitar problemas legales
insta a denunciar actos de corrupción de servidores públicos o personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario
El IMSS exhorta a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública faltas administrativas o actos de corrupción tanto de servidores públicos como de personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario, así que insta a la ciudadanía a recurrir al “Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas”, SIDEC, para denunciar tanto faltas administrativas como actos de corrupción de servidores públicos o de cualquier persona física o moral que guarde algún vínculo con el desempeño público.
El SIDEC es el sistema creado para registrar, captar, administrar, atender e investigar cualquier denuncia en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
De este modo, mediante el SIDEC puede denunciarse a cualquier servidor público que, por sí mismo o mediante terceros, incurra en el delito de cohecho al solicitar dinero o cualquier otro beneficio para registrar fraudulentamente un aumento de semanas cotizadas o de salario base de cotización infringiendo la Ley del Seguro Social o los procedimientos correspondientes.
Es importante destacar que la persona que dé o prometa a un servidor público dinero o cualquier otro beneficio para que éste viole la Ley del Seguro Social o dichos procedimientos también incurre en el delito de cohecho.
Igualmente, que —según el artículo 314 de la propia Ley— se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener o propiciar la obtención de los seguros, prestaciones y servicios previstos en la Ley del Seguro Social sin gozar del carácter de derechohabiente, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.
Al respecto, es importante señalar que el IMSS cuenta con facultades para, en cualquier momento, verificar la consistencia de datos personales y registros afiliatorios con el fin de validar su legalidad. De este modo, el Instituto puede regularizar registros y, de ser el caso, corregir cualquier alteración o modificación de la cuantía de prestaciones económicas.
En este contexto, por conducto de sus órganos de operación administrativa desconcentrada y subdelegaciones, el IMSS reforzará una campaña de difusión sobre el deber y compromiso social de todo servidor del propio Instituto de desempeñar su cargo conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables y en apego a los principios de honradez e integridad, así como la investigación y sanción tanto de faltas administrativas como de actos de corrupción.
Para obtener más información acerca de lo antes señalado, puedes contactar el IMSS llamando al 800 623 23 23 opción 5, luego nuevamente 5, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O en las páginas web que aparecen en pantalla*.
Deneck Inzunza.
Gobierno
Vinculan a proceso a exgobernador de Colima por presunto peculado junto a su exsecretario de Finanzas
La justicia alcanzó a un exmandatario estatal.
El exgobernador priista de Colima, José Ignacio Peralta Sánchez, fue vinculado a proceso junto con quien fuera su secretario de Finanzas, Carlos Noriega García, por los delitos de peculado y uso indebido de atribuciones.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción del estado, las acusaciones derivan de presuntas irregularidades cometidas durante la pasada administración estatal. Aunque ambos enfrentarán el proceso en libertad, el caso ya es considerado histórico en Colima.
La fiscal especializada, Esperanza Ramírez Vela, aseguró que existen más investigaciones abiertas contra los exfuncionarios y advirtió que podrían judicializarse próximamente.
Durante la audiencia, el juez otorgó un plazo de cinco meses para la investigación complementaria, mientras las autoridades continúan revisando posibles daños al erario, cuyo monto todavía no ha sido revelado oficialmente.
El caso vuelve a poner bajo la lupa a exgobernadores acusados de corrupción… y revive el debate sobre si finalmente habrá consecuencias reales para quienes manejaron recursos públicos.
Justicia
Fiscalía General de la República cita a 50 funcionarios por caso de agentes de EU en Chihuahua
El escándalo por la presencia de agentes estadounidenses en México sigue creciendo… y ahora apunta a funcionarios.
La Fiscalía General de la República (FGR) citó a declarar a alrededor de 50 funcionarios y agentes de Chihuahua que participaron en el operativo donde murieron dos agentes de Estados Unidos en abril pasado.
La investigación busca esclarecer si las autoridades locales tenían conocimiento de la participación de extranjeros, así como las condiciones legales en las que se llevó a cabo la operación en la Sierra del Pinal.
El caso ha encendido alertas a nivel nacional, ya que la FGR advirtió que podría tratarse de delitos relacionados con seguridad nacional, lo que elevaría la gravedad del asunto.
Todo surge tras el operativo del pasado 19 de abril, en el que murieron cuatro personas —incluidos dos agentes estadounidenses— luego de acciones contra un narcolaboratorio en Chihuahua, lo que detonó una crisis política y cuestionamientos sobre la soberanía del país.
Ahora, con decenas de funcionarios bajo la lupa, el caso entra en una nueva fase… donde ya no solo se investigan hechos, sino posibles responsabilidades dentro del propio gobierno.
Ciudad
Claudia Sheinbaum asigna protección a Rubén Rocha Moya en medio de presión de EU por extradición.
El caso que ya escala a nivel internacional suma un nuevo capítulo.
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, cuenta con protección de la Guardia Nacional, en medio de la polémica por una solicitud de detención impulsada desde Estados Unidos.
De acuerdo con el gobierno federal, esta medida responde a un análisis de riesgo, ya que cualquier funcionario puede solicitar seguridad si considera que su integridad está en peligro.
El respaldo ocurre mientras autoridades estadounidenses buscan su detención con fines de extradición por presuntos vínculos con el crimen organizado, aunque México ha cuestionado la falta de pruebas y ha señalado que no existe una solicitud formal completa.
Rocha Moya solicitó licencia a su cargo para enfrentar las investigaciones, mientras el caso genera tensión entre ambos países y abre un debate sobre soberanía, justicia y presión internacional.
Por ahora, el mensaje del gobierno mexicano es claro: sin pruebas contundentes, no habrá decisiones precipitadas… pero el conflicto apenas comienza.
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