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Nacional

El IMSS exhorta a combatir la corrupción y a evitar problemas legales

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insta a denunciar actos de corrupción de servidores públicos o personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario

El IMSS exhorta a denunciar ante la Secretaría de la Función Pública faltas administrativas o actos de corrupción tanto de servidores públicos como de personas físicas o morales que, a cambio de dinero, prometen incrementar el número de semanas de cotización o el salario, así que insta a la ciudadanía a recurrir al “Sistema Integral de Denuncias Ciudadanas”, SIDEC, para denunciar tanto faltas administrativas como actos de corrupción de servidores públicos o de cualquier persona física o moral que guarde algún vínculo con el desempeño público.

El SIDEC es el sistema creado para registrar, captar, administrar, atender e investigar cualquier denuncia en el marco de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.

De este modo, mediante el SIDEC puede denunciarse a cualquier servidor público que, por sí mismo o mediante terceros, incurra en el delito de cohecho al solicitar dinero o cualquier otro beneficio para registrar fraudulentamente un aumento de semanas cotizadas o de salario base de cotización infringiendo la Ley del Seguro Social o los procedimientos correspondientes.

Es importante destacar que la persona que dé o prometa a un servidor público dinero o cualquier otro beneficio para que éste viole la Ley del Seguro Social o dichos procedimientos también incurre en el delito de cohecho.

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Igualmente, que —según el artículo 314 de la propia Ley— se reputará como fraude y se sancionará como tal, en los términos del Código Penal Federal, el obtener o propiciar la obtención de los seguros, prestaciones y servicios previstos en la Ley del Seguro Social sin gozar del carácter de derechohabiente, mediante cualquier engaño o aprovechamiento de error, ya sea en virtud de simulación, sustitución de personas o cualquier otro acto.

Al respecto, es importante señalar que el IMSS cuenta con facultades para, en cualquier momento, verificar la consistencia de datos personales y registros afiliatorios con el fin de validar su legalidad. De este modo, el Instituto puede regularizar registros y, de ser el caso, corregir cualquier alteración o modificación de la cuantía de prestaciones económicas.

En este contexto, por conducto de sus órganos de operación administrativa desconcentrada y subdelegaciones, el IMSS reforzará una campaña de difusión sobre el deber y compromiso social de todo servidor del propio Instituto de desempeñar su cargo conforme a las leyes, reglamentos y demás disposiciones aplicables y en apego a los principios de honradez e integridad, así como la investigación y sanción tanto de faltas administrativas como de actos de corrupción. 

Para obtener más información acerca de lo antes señalado, puedes contactar el IMSS llamando al 800 623 23 23 opción 5, luego nuevamente 5, en un horario de lunes a viernes de 9 a 18 horas. O en las páginas web que aparecen en pantalla*.

Deneck Inzunza.

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Ciudad

Empresas del cuñado de AMLO generan dudas por socios relacionados con lavado de dinero en EU.

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Una nueva polémica rodea al círculo cercano del poder en México.
Rodrigo Gutiérrez Müller, cuñado del expresidente Andrés Manuel López Obrador, fue señalado por participar en la creación de empresas financieras junto a socios vinculados con casos de lavado de dinero en Estados Unidos.

De acuerdo con una investigación periodística, entre 2021 se constituyeron firmas como “Envíos del Bienestar” y “Pagos del Bienestar”, en las que aparecen como socios personas que han sido acusadas o incluso han admitido operaciones de lavado por millones de dólares en EU.

El caso ha generado cuestionamientos por los posibles riesgos en el manejo de recursos, aunque hasta ahora no existe una acusación directa contra las empresas en México.

Incluso, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, tras una revisión, no detectó operaciones inusuales ni movimientos sospechosos en dichas compañías.

Aun así, el señalamiento ha encendido el debate público, al tratarse de figuras cercanas al poder y de un tema sensible como el lavado de dinero en el sistema financiero.

Por ahora, no hay procesos legales abiertos en México…
pero la polémica crece y deja una pregunta en el aire:
¿coincidencia empresarial… o un riesgo que aún no se ha detectado?.

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México

Diputado del PT desata indignación en Tabasco tras comparar a mujeres con caballos en evento público de Tabasco

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Un comentario desató la polémica a nivel nacional. El diputado del PT en Tabasco, Martín Palacios Calderón, fue duramente criticado tras comparar a las mujeres con caballos durante un evento público.

La declaración ocurrió en una reunión con asociaciones de charros en el Congreso local, donde el legislador afirmó que “el caballo es como una mujer más”, agregando que hay que cuidarlo, alimentarlo bien y vigilar su salud.

Sus palabras generaron una ola de rechazo en redes sociales, donde usuarios calificaron el comentario como machista y ofensivo, al equiparar a las mujeres con animales.

La polémica creció al punto de que la Junta de Coordinación Política del Congreso de Tabasco se deslindó de las declaraciones, calificándolas como “lamentables y desafortunadas”, y adelantando que el legislador podría ofrecer una disculpa pública.

Hasta el momento, el diputado no ha emitido una postura clara que frene la controversia.

El caso vuelve a poner sobre la mesa un tema sensible: los límites del discurso público… y la responsabilidad de quienes ocupan cargos de poder.

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Justicia

Procesan a 13 militares por ataque a familia en Sinaloa que dejó sin vida a dos menores

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Un caso que sacude al país vuelve a encender el debate sobre el uso de la fuerza militar.
Un juez federal vinculó a proceso a 13 elementos del Ejército por su presunta responsabilidad en un ataque armado contra una familia en Sinaloa.

Los hechos ocurrieron el 6 de mayo de 2025, cuando una familia viajaba en camioneta rumbo a la escuela en la comunidad de La Cieneguilla. Sin previo aviso, un convoy militar abrió fuego contra el vehículo, dejando un saldo trágico: dos niñas, de 7 y 11 años, murieron en el lugar.

Además, otros integrantes de la familia —entre ellos menores— resultaron heridos, lo que llevó a que los militares también enfrenten cargos por tentativa de homicidio.

Aunque en un inicio se habló de un posible enfrentamiento, investigaciones posteriores concluyeron que hubo un uso ilegítimo e injustificado de la fuerza, sin apego a los protocolos establecidos.

La Fiscalía General de la República presentó pruebas suficientes para iniciar el proceso penal, en un caso que ha sido señalado por organizaciones de derechos humanos como un ejemplo grave de abuso.

Hoy, el caso avanza en tribunales…
mientras la exigencia de justicia para la familia sigue creciendo.

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Seguridad

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