Las pérdidas de Petróleos Mexicanos por el robo de combustible —conocido como huachicol— aumentaron 14.4 % en 2025, alcanzando 23 mil 491 millones de pesos, según el informe financiero más reciente.

Este monto no solo supera ampliamente al del año anterior (20 mil 529 millones), sino que representa la cifra más alta desde 2018, cuando el desfalco llegó a casi 40 mil millones.

El robo se da principalmente a través de más de 10 500 tomas clandestinas a lo largo del país, donde el combustible es sustraído de forma ilegal.

Expertos advierten que el incremento no solo afecta a la petrolera estatal, sino a las finanzas nacionales —hasta en un 5 % del Producto Interno Bruto— y señalan posibles complicidades internas que facilitan estas pérdidas.

Mientras tanto, las autoridades investigan también modalidades más complejas de huachicol que implican fraude fiscal y contrabando de combustibles, intensificando la presión sobre la industria energética.

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En Concordia, Sinaloa, autoridades han identificado ya los cuerpos de 3 de los 10 mineros que fueron privados de su libertad el 23 de enero mientras trabajaban en un campamento de la minera canadiense Vizsla Silver.

Los restos fueron encontrados en una fosa clandestina en la comunidad de El Verde, en medio de una intensa búsqueda que mantienen fuerzas federales y estatales desde hace días.

Entre los identificados están Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Ángel Hernández Vélez y José Manuel Castañeda Hernández, cuyos familiares ya han sido notificados.

La compañía minera y autoridades han expresado su devastación por el hallazgo y reiteran que no darán por concluida la búsqueda, con el objetivo de localizar con vida a los 7 trabajadores que siguen desaparecidos.

Organizaciones del sector minero han pedido justicia efectiva y acciones contundentes para esclarecer este caso que ha sacudido a la región.

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Este suceso pone de manifiesto la v1olenc1a y el riesgo que enfrentan comunidades enteras en zonas donde actúan grupos delictivos, y deja una pregunta dolorosa: ¿cómo proteger a quienes trabajan y viven en estas regiones?

El estado de Guanajuato inició el 2026 con un panorama alarmante: al menos seis personas buscadoras permanecen desaparecidas, a lo que se suma el asesinato de por lo menos nueve madres y padres buscadores en los últimos años. Esta realidad exhibe la vulnerabilidad extrema de quienes, ante la ausencia del Estado, se organizan para buscar a sus familiares desaparecidos y terminan convirtiéndose también en víctimas.

Entre los casos de personas buscadoras desaparecidas se encuentran Martha Leticia Gallardo Martínez (abril de 2018), Lorenza Cano Flores (enero de 2024), Luz Alejandra Lara Cárdenas y Óscar Iván Jiménez Torres (noviembre de 2024), Francisco Arias Mendoza (junio de 2025) y José Juan Arias Corona, reportado como desaparecido el 28 de diciembre de 2025. Estos nombres reflejan una constante: la búsqueda de justicia y verdad se paga en Guanajuato con amenazas, desapariciones y muerte.

El caso más reciente es el de José Juan Arias Corona, padre buscador de “Juanito”, un adolescente de 15 años desaparecido desde el 19 de junio de 2025 en Valle de Santiago. José Juan fue visto por última vez la mañana del 28 de diciembre, luego de dejar a su esposa en su trabajo, en la comunidad de Rancho U. Desde entonces no se sabe nada de su paradero, pese a que su desaparición fue reportada de manera oficial.

Este contexto coloca a Guanajuato como uno de los estados más peligrosos para las personas buscadoras. Casos como el de Teresa Magueyal, asesinada en 2023 en Celaya; María del Carmen Vázquez, homicidio en 2022 en Abasolo; y Francisco Javier Barajas Piña, asesinado en 2021 en Salvatierra, evidencian un patrón de violencia sistemática. Organismos como la CIDH han advertido que, en entidades como Guanajuato, Sonora, Jalisco, Tamaulipas y Veracruz, buscar a un desaparecido se ha convertido en una actividad de alto riesgo, ante la omisión, la impunidad y la falta de garantías reales de protección por parte del Estado.