Guanajuato, Gto., — Luego de ser mencionado en la denuncia penal que presentaron las organizaciones Movimiento Colibríes y Acción Colectiva Socioambiental por presuntos delitos ambientales vinculados al fraccionamiento La Cucursola, el exalcalde de Guanajuato capital, Alejandro Navarro, se pronunció públicamente para negar cualquier relación con la investigación que actualmente lleva a cabo la Fiscalía General de la República (FGR).

En su posicionamiento, hecho a través de redes sociales, el exalcalde intentó desligarse de la denuncia promovida por las organizaciones ambientales, señalando que no ha sido notificado ni está siendo investigado formalmente por la autoridad federal. Además, cuestionó el papel tanto de las organizaciones como de los medios de comunicación que replicaron la información.

Sin embargo, desde Acción Colectiva Socioambiental, su representante Gustavo Lozano respondió con un recuento detallado de los permisos otorgados durante las administraciones de Navarro, los cuales, según el colectivo fueron claves para el avance del fraccionamiento en la zona de la Sierra de Santa Rosa en Guanajuato capital. La organización sostiene que, contrario a las afirmaciones del exfuncionario, existen documentos oficiales que acreditan la emisión de diversas autorizaciones urbanísticas y ambientales durante su gestión.

De acuerdo con esa documentación, el gobierno encabezado por Navarro habría concedido al menos una decena de permisos, incluyendo la licencia de urbanización, autorización de traza vial, uso de suelo, validaciones ambientales y, en 2022, un permiso de venta para decenas de lotes. El colectivo también refutó el argumento de que dichos trámites se originaron antes de su mandato, precisando que los permisos anteriores no fueron suficientes para que el proyecto se concretara y que los avances significativos ocurrieron a partir de 2019, bajo su administración.

Entre los documentos exhibidos por Acción Colectiva destaca una resolución de impacto ambiental expedida en agosto de 2019, la cual fue dirigida al entonces alcalde, lo que según Lozano, demuestra que Navarro fue notificado formalmente sobre dicho trámite y, por lo tanto, tenía conocimiento directo de las decisiones que se tomaron en torno al fraccionamiento.

La organización también apuntó a posibles omisiones de otras autoridades estatales y federales, pero subrayó que en el periodo de Navarro se concentró la mayor parte de las gestiones que permitieron la construcción y venta de terrenos en un área ambientalmente sensible. En ese sentido, señalaron que su responsabilidad no puede soslayarse, ya que era la figura máxima del gobierno municipal cuando se expidieron autorizaciones clave.

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Acción Colectiva insistió en que existen elementos para sostener la denuncia penal presentada ante la FGR, en la que también fue incluido Juan Carlos Delgado Zárate, entonces director de Medio Ambiente y Desarrollo Urbano del municipio. La investigación sigue en curso y, de acuerdo con los colectivos, buscan que se sancione a quienes facilitaron el avance de un desarrollo considerado ambientalmente irregular.

Villagrán, Gto. — Las antiguas instalaciones del SABES, que permanecieron vandalizadas y en desuso durante años, han sido rehabilitadas para convertirse en el espacio provisional donde se impartirá la Licenciatura en Medicina Integral y Salud Comunitaria, como parte del proyecto de la Universidad para el Bienestar “Benito Juárez García”.

Mientras avanzan los trabajos para construir el nuevo campus universitario, se están adecuando los espacios cedidos en comodato por la Universidad de Guanajuato, que ahora albergarán a los primeros 230 estudiantes de esta carrera enfocada en la atención comunitaria. Las acciones de rescate han incluido trabajos de mantenimiento eléctrico, aplicación de pintura, reparación de instalaciones básicas, y adecuaciones que permitirán que los jóvenes accedan a un entorno funcional y seguro.

Durante una visita a este plantel, la presidenta municipal recorrió el inmueble acompañada de funcionariado vinculado al sector educativo, entre ellos personal de la Secretaría de Educación Pública, así como representantes de las Universidades para el Bienestar y del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores del Sur del Estado (ITESS).

Estas instalaciones, que durante años fueron blanco del abandono, ahora están siendo intervenidas con mejoras sustanciales: se han colocado nuevas conexiones eléctricas, drenaje, tomas de agua, pisos, ventanas y se prepara la instalación de una caseta de vigilancia con servicio permanente las 24 horas del día. Esta medida responde a intentos recientes de ingreso no autorizado, lo que ha hecho evidente la necesidad de garantizar seguridad para el alumnado y el personal.

Además del uso provisional de este espacio, ya está en marcha el proceso para levantar desde cero el nuevo campus de la Universidad Benito Juárez en Villagrán. Para este proyecto, se empleará un esquema comunitario de construcción: en lugar de contratar a una empresa constructora, el modelo contempla la integración de dos comités, uno responsable de ejecutar el presupuesto y otro de supervisar su correcta aplicación. Este enfoque busca optimizar recursos y evitar sobrecostos derivados de subcontrataciones.

El proyecto también prioriza la contratación de mano de obra local. Se ha iniciado un proceso de reclutamiento desde la Dirección de Bienestar y Desarrollo Social del municipio para incorporar albañiles, plomeros, electricistas y otros trabajadores de la región que deseen sumarse a la edificación del nuevo campus. A pesar de que no hay una empresa contratista como tal, la obra contará con la supervisión de un residente técnico enviado por la federación, quien estará a cargo de verificar los avances y asegurar que se cumplan los estándares establecidos.

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Villagrán se suma así a los municipios que ya cuentan con planteles del sistema de universidades del bienestar impulsadas por el Gobierno Federal. Además de este nuevo centro educativo, se han fortalecido otras instituciones de nivel superior en la región, como el campus Villagrán del ITESS —extensión del Tecnológico de Salvatierra— y la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato (UVEG).

Mientras la presidenta municipal Samantha Smith presume avances en materia de movilidad, “le urge” lanzar la convocatoria, donde debe “blindarse” de vacíos legales,
supuestamente aproximó que podría lanzarse en no más de un mes y medio y que la primera concesión nueva podrá verse dentro de 6 meses es decir a mediados de enero.

La ciudadanía enfrenta diariamente un sistema de transporte público deficiente, inseguro y cada vez más caro. Aparentemente, los logros anunciados desde la administración municipal no se reflejan en la experiencia real de quienes usan el servicio a diario.

Durante la reciente presentación de avances del Programa Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), Samantha Smith aseguró que se están cumpliendo los compromisos para mejorar el transporte público en Guanajuato. Supuestamente, con nuevas unidades, mejoras en infraestructura vial y de llegar en menos tiempo a cada destino, la ciudad vive una “transformación histórica” en movilidad.

Sin embargo, basta con salir a las calles y abordar cualquier unidad para darse cuenta de que la situación está mucho más allá de ese panorama optimista. Camiones viejos, inseguros, sucios, sin permisos y con fallas mecánicas frecuentes son la norma, no la excepción.

Aunque la administración municipal insiste en que se han destinado recursos a la mejora del transporte, no existen datos públicos verificables que respalden esos resultados. La falta de transparencia en la asignación de concesiones, algunas de ellas, supuestamente ligadas a figuras cercanas al exalcalde Alejandro Navarro también siembra dudas sobre la verdadera intención del programa.

¿Mejoras o maquillaje político?
Aparentemente, lo que se está vendiendo como una transformación es, en realidad, un esfuerzo de relaciones públicas para justificar un modelo que sigue beneficiando a unos pocos y dejando a la mayoría en las mismas condiciones de precariedad.

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La brecha entre el discurso institucional y la vivencia ciudadana es cada vez más evidente. Supuestamente hay avances, sin embargo, la gente sigue esperando literal y metafóricamente un transporte digno, eficiente y verdaderamente sustentable. En un escenario donde las palabras pesan más que los hechos, la confianza ciudadana se erosiona, y el cinismo crece.

Samantha Smith ha declarado en múltiples ocasiones que el transporte público en Guanajuato ha mostrado avances significativos, supuestamente gracias a los planes implementados durante su gestión. Sin embargo, en un recorrido por distintas rutas y zonas de la capital, lo que se vive día a día dista mucho de ese discurso optimista.

Testimonios declaran que aparentemente, los camiones “rehabilitados” continúan con fallas mecánicas, los tiempos de espera siguen siendo excesivos, y aseguran que el servicio no ha mejorado en lo más mínimo. Mientras desde el escritorio se presume eficiencia, en las calles el caos y la desorganización siguen marcando la movilidad urbana.

La narrativa oficial promueve un Guanajuato “moderno y conectado”, pero los testimonios ciudadanos y las condiciones visibles en el transporte revelan una historia muy distinta: promesas infladas, supuestos logros sin sustento y una estrategia que, aparentemente, prioriza la imagen sobre las verdaderas soluciones.

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