Durante la conferencia matutina de esta semana, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el tema de la caseta de cuota en el tramo Guanajuato–Silao, luego de las peticiones ciudadanas para su liberación. La mandataria señaló que, conforme a la ley, en México no puede existir una carretera de cuota sin una alternativa libre que garantice accesibilidad y conectividad para la población.

En ese sentido, explicó que el gobierno federal impulsa el programa de rehabilitación carretera conocido como “Bachetón”, mediante el cual se contempla una inversión de 50 mil millones de pesos durante este año para repavimentar, bachear y mejorar las vías federales sin cuota. Subrayó que este esfuerzo busca precisamente fortalecer las rutas libres y evitar que se incurra en violaciones a la normativa vigente.

Asimismo, la presidenta informó que solicitó al titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, revisar el caso en coordinación con la gobernadora de Guanajuato, Libia Dennise García Muñoz Ledo. Indicó que, al tratarse de una concesión estatal, primero debe existir una concesión federal al estado y posteriormente a particulares, por lo que se analizará la factibilidad jurídica y técnica de retirar la caseta, respondiendo así a las demandas de la ciudadanía

A tres años de su creación, la empresa estatal LitioMx, impulsada durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sigue sin despegar: no tiene proyectos, no ha recibido inversión productiva y no ha generado resultados concretos.

De acuerdo con reportes recientes, el organismo ha operado prácticamente solo para cubrir gastos administrativos, destinando más de 40 millones de pesos principalmente al pago de salarios, sin avances en exploración o explotación del litio.

Aunque el litio fue declarado como un recurso estratégico bajo control del Estado, la realidad es que no se ha invertido en estudios, infraestructura ni desarrollo de yacimientos, lo que mantiene al proyecto estancado.

Incluso, especialistas advierten que lo destinado hasta ahora representa menos del 1% de lo necesario para desarrollar una industria del litio en México, mientras otros países avanzan con inversiones millonarias y asociaciones público-privadas.

Para 2026, el presupuesto asignado ronda los 13.9 millones de pesos, pero nuevamente enfocado en gasto corriente, sin recursos dirigidos a proyectos productivos.

El caso abre cuestionamientos sobre el futuro de LitioMx y el papel de México en el mercado global del llamado “oro blanco”.

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Porque mientras el mundo acelera la carrera por el litio, en México…
el proyecto sigue detenido en el papel.

Una investigación encendió la polémica en el panorama político nacional: una red vinculada al Partido del Trabajo (PT) en Quintana Roo habría manejado más de 65 millones de pesos presuntamente destinados a campañas de la llamada “Cuarta Transformación”.

De acuerdo con el reportaje de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), el dinero provino de Grupo Tecno, una empresa que obtuvo un contrato por 3 mil 800 millones de pesos con la Secretaría de Relaciones Exteriores para la elaboración de pasaportes.

Poco después de recibir ese contrato, la compañía transfirió recursos a al menos 10 empresas señaladas como “fantasma” por el SAT, las cuales estarían ligadas a César Adrián Gamboa Montejo, identificado como operador financiero del PT en la entidad.

Según la investigación, esta red no solo habría servido para dispersar dinero, sino que estaría relacionada con estructuras políticas utilizadas en campañas, incluyendo procesos recientes en Quintana Roo.

El esquema incluye empresas sin infraestructura real, con socios que van desde empleados y choferes hasta personas que aseguran haber sido utilizadas sin su consentimiento, lo que refuerza las sospechas de simulación de operaciones.

Además, se documentó que Grupo Tecno obtuvo contratos con diversas dependencias federales, lo que amplía el alcance del caso y abre cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos.

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Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre posibles sanciones, pero el caso ya coloca bajo la lupa la relación entre contratos gubernamentales, empresas fachada y financiamiento político.

Porque más allá de las cifras, el señalamiento es directo: el dinero público podría haber terminado en la operación electoral.