En varias comunidades rurales de Guanajuato capital, el reciente incremento en el costo del agua potable ha comenzado a impactar severamente los bolsillos de las familias. Lo alarmante no es sólo el aumento en las tarifas, sino que muchas de estas familias enfrentan cobros excesivos pese a no contar con un suministro constante del vital líquido.

Vecinos de diversas localidades han manifestado su inconformidad, señalando que el Sistema Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato (SIMAPAG) emite recibos con montos desproporcionados. Este fenómeno ocurre incluso en zonas donde el servicio es irregular o, en algunos casos, incompleto. Uno de los casos más evidentes se presenta en la comunidad rural de Mineral de Santa Ana, donde se revela un posible abuso sistemático.

Una habitante de la comunidad comparó su recibo con el de una vivienda en el fraccionamiento residencial San Javier, una zona urbana con casas de tres plantas y varios sanitarios. En dicho domicilio, el monto total fue de 269 pesos, desglosado de la siguiente manera:
• Consumo de agua: 176 pesos
• Drenaje: 35 pesos
• Tratamiento: 31.77 pesos
• IVA: 10.73 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos
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En contraste, la vivienda en Santa Ana, una casa modesta con un solo baño y sin red de drenaje, ya que opera con fosa séptica, recibió un cobro total considerablemente mayor, 382 pesos, a pesar de la precariedad de servicios y condiciones:
• Consumo de agua: 254.95 pesos
• Drenaje: 50 pesos (aun cuando no tienen drenaje público)
• Tratamiento: 45.89 pesos
• IVA: 15.50 pesos
• Aportaciones (Cruz Roja, SIMUB, Bomberos voluntarios): 15 pesos

Este desglose pone en evidencia una posible práctica abusiva por parte del organismo SIMAPAG, al aplicar tarifas más altas en comunidades rurales que, paradójicamente, no cuentan con infraestructura adecuada. Se cobra por conceptos como tratamiento y drenaje, aunque en muchos casos estos servicios simplemente no existen o no están funcionando.

Don Felipe Arreguín Galván tiene 91 años. Ha visto cambiar el mundo desde la misma puerta de su casa, esa que ha resguardado su familia por más de un siglo. Esa misma casa donde su hijo Alberto —hoy de 70 años— dio sus primeros pasos, donde compartieron comidas, silencios, dolores y risas. Esa casa, su casa, estuvo a punto de serles arrebatada esta mañana.

No es la primera vez. Todo comenzó con lo que parecía un gesto sencillo entre vecinos: uno de ellos pidió a Alberto permiso para atravesar una tubería de drenaje por su propiedad. A cambio —dijo— les construiría un baño. Son gente de palabra, don Felipe y su hijo. Confiaron. Firmaron un documento que supuestamente registraba ese acuerdo.

Lo que no sabían es que, detrás de esa hoja, se escondía una trampa legal: su firma fue utilizada para otro propósito. Con engaños y aprovechando su confianza y condición vulnerable, los hicieron parecer como si hubieran cedido su terreno. El papel no era lo que parecía. Y con él, comenzaron los intentos por despojarlos de su casa.

Este 7 de mayo se había girado una nueva orden de desalojo. Se esperaba que la diligencia ocurriera a las 10 de la mañana. Pero algo no sucedió como planeaban quienes quieren despojarlos: la actuaria nunca recibió el expediente, debido a un recurso de revocación que permanece vigente en el juzgado. La ley, aunque lenta, esta vez les dio respiro.

Una noche más en casa. Y eso es mucho. En el lugar, no estaban solos. Vecinas y vecinos que han acompañado su lucha se hicieron presentes. Peritos también estuvieron ahí. Uno de ellos aportó un dato clave: parte del predio que ahora se disputa no pertenece siquiera al supuesto denunciante, sino a la señora San Juana, vecina del lugar, quien siempre dio su consentimiento para que don Felipe y su hijo lo habitaran.

Esto significa que no puede haber desalojo sin una pericial completa, que determine la extensión real del terreno. Y mientras eso no ocurra, los Arreguín pueden seguir llamando “hogar” al lugar donde han vivido toda su vida.

La herida, sin embargo, no cierra. El abogado que debió protegerlos entregó el terreno sin pelear. Un acto que muchos llaman traición. Y aunque la historia está lejos de resolverse, al menos esta vez la dignidad resistió. Y venció.

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Don Alberto, con voz quebrada y mirada firme, agradeció a quienes se han solidarizado con su causa, por no dejarlos solos…

Esta historia es de ellos, pero también es nuestra. Porque en un país donde los papeles a veces valen más que la memoria, y donde la ley puede ser una espada o un escudo, la historia de los Arreguín es un recordatorio de que la justicia también vive en la calle, en la solidaridad y en la resistencia de los justos. Mañana será otro día. Pero esta noche, dormirán en casa. Y eso, ya es una victoria.

En una conmovedora nota compartida por nuestro sistema de noticias de TV Guanajuato, Ximena y su familia, unos turistas originarios de Tlaxcala, comparten su desgarradora experiencia durante su visita a la ciudad de Guanajuato. Su denuncia pone al descubierto la poca empatía y los abusos de autoridad que podrían estar afectando a muchos ciudadanos y turistas.

Ximena y su familia narran cómo fueron víctimas de lo que parece ser una práctica común entre los agentes de tránsito: la imposición de multas injustas con el objetivo de cumplir con una cuota diaria. Esta práctica no solo es deshonesta, sino que también puede ser devastadora para aquellos que no tienen los recursos para pagar las multas.

Los abusos de autoridad pueden tener un impacto profundo en la vida de los ciudadanos. La desconfianza en las instituciones puede crecer, y la calidad de vida de las personas puede verse afectada negativamente. Para prevenir estos abusos, es fundamental que las autoridades garanticen la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación de los agentes de tránsito.

La denuncia de Ximena y su familia es un llamado para todos los ciudadanos. Es importante que se denuncie cualquier irregularidad o abuso de autoridad que se observe, y que las autoridades tomen medidas para prevenir la corrupción y garantizar la transparencia en la actuación de los agentes de tránsito.