Guanajuato. 04 junio 2025.– La elección judicial celebrada el pasado 1 de junio de 2025, promovida como un evento histórico por ser la primera de su tipo en México, terminó dejando más preguntas que certezas. Lejos de marcar un parteaguas democrático, la jornada evidenció una baja participación ciudadana y una preocupante falta de información entre el electorado.

Apenas concluidas las votaciones, comenzaron a circular denuncias y evidencias de una posible estrategia de infiltración política. Como dice el viejo refrán: “Si no puedes con el enemigo, únete a él.”

En al menos 10 casos, candidatos a distintos cargos judiciales aparecieron simultáneamente en listas de apoyo promovidas tanto por el partido Morena como por el PAN. Esto ha levantado sospechas sobre una operación política cuidadosamente orquestada, una suerte de infiltración “quirúrgica” que desdibuja las líneas partidistas tradicionales.

Los indicios más concretos surgieron a través de grupos de WhatsApp, donde circularon “acordeones” —listados con recomendaciones de voto— que mostraban coincidencias entre las propuestas de ambos partidos. Esta situación ha despertado preocupación en algunos sectores, que no descartan un posible intento de manipulación o fraude electoral.

Entre los casos destacados en Guanajuato figura Benito Javier Sánchez Aldana, propuesto como magistrado de circuito del poder federal, quien recibió respaldo de ambos partidos. En los juzgados de distrito también se detectaron coincidencias con las candidatas Casandra Mendoza Carvajal, Cristina Guzmán Ornelas y Paola Patricia Ugalde Aldama.

Advertisement

En cuanto al Tribunal de Disciplina Judicial, los nombres promovidos por panistas y morenistas fueron Rufino León Tovar, Cecilia Maya García, Indira Isabel García Pérez y Eva Verónica de Gyves Zarate

En total, al menos siete aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuentan con un fuerte respaldo de ambos partidos, lo que ha llevado a algunos analistas a describirlos como “pintados de guinda hasta los huesos”.

No todo fue coincidencia. Algunos perfiles, como los de Lenia Batres Guadarrama e Irving Espinoza Betanzo, fueron impulsados exclusivamente por Morena, sin apoyo visible del PAN.

De acuerdo con el análisis realizado, PAN y Morena promovieron en conjunto a 17 aspirantes en Guanajuato, lo que refuerza la percepción de una estrategia política compartida, más allá de las líneas ideológicas tradicionales.

El Congreso del Estado de Guanajuato celebrará el próximo jueves 5 de junio dos sesiones ordinarias consecutivas a partir de las 10:00 de la mañana. La primera estará enfocada exclusivamente en la discusión de dos dictámenes emitidos por la Comisión de Justicia relacionados con la despenalización del aborto. Al concluir, se cerrará esta sesión y se abrirá una segunda para abordar otros puntos de la agenda legislativa.

Dado el antecedente de la sesión pasada, en la que se registraron múltiples intervenciones del público asistente, tanto de grupos provida, como de colectivos a favor de la despenalización, el Congreso implementará medidas para mejorar el control del acceso y la permanencia de personas en el recinto. Durante la sesión anterior, a pesar de reiterados llamados al orden, se produjeron consignas dirigidas tanto a legisladores como entre los propios asistentes, lo que generó un ambiente de tensión en el desarrollo del debate.

Integrantes de la Junta de Gobierno expresaron que, aunque no es la primera vez que se presentan interpelaciones del público en el pleno, se busca garantizar un ambiente de respeto. Destacaron el trabajo realizado por la Mesa Directiva en la conducción de la sesión anterior, la cual fue calificada como adecuada ante la diversidad de posturas presentes.

La presidenta del Congreso señaló que, si bien se realizaron múltiples llamados al orden, en ciertos momentos fue inevitable que se produjeran gritos entre los grupos presentes. Explicó que su función no es imponer silencio absoluto, sino procurar que se mantenga la atención en el orador, dado el contenido relevante de las discusiones que se llevan a cabo en tribuna. Indicó también que no se tiene registro de incidentes físicos ni dentro ni fuera del pleno.

Uno de los temas abordados fue la aparición de pancartas y carteles con mensajes dirigidos específicamente a legisladores, lo cual generó cuestionamientos sobre si debería implementarse algún tipo de revisión previa al ingreso de los asistentes. Aunque algunos consideraron que revisar mochilas o pertenencias personales podría ser inapropiado para el Poder Legislativo, se propuso mantener mayor vigilancia durante la sesión para detectar en el momento posibles manifestaciones ofensivas.

Se observó también que en ocasiones los mensajes son elaborados dentro del recinto durante la sesión, lo que limita el control previo. Por esta razón, se pidió al personal estar atentos a cualquier acción que altere el orden y, en su caso, solicitar de forma respetuosa que se retiren las pancartas.

Advertisement

Al respecto, la diputada Miriam Reyes Carmona, en su calidad de legisladora, expresó que para ella los gritos no fueron molestos, debido a la forma en que el sonido se dispersa dentro del recinto. No obstante, reconoció que otros diputados manifestaron incomodidad y consideró que debe mantenerse el apoyo del personal de seguridad para controlar este tipo de situaciones tanto al interior como en el exterior del Congreso.

Finalmente, se abordó el procedimiento que se seguiría en caso de que los dictámenes vuelvan a quedar empatados. Conforme a lo establecido por la ley, si esto ocurre nuevamente, deberán discutirse por tercera ocasión en el siguiente periodo ordinario de sesiones.

Guanajuato, Gto. 03 junio 2025. — A un año del inicio de la administración de Samantha Smith Gutiérrez como presidenta municipal de Guanajuato capital, el sistema de transporte público sigue enfrentando retos estructurales sin cambios visibles para los usuarios.

A pesar de los anuncios sobre proyectos ambiciosos, como la creación de un sistema unificado inspirado en el modelo de León y la implementación de unidades eléctricas sustentables, hasta el momento estas propuestas permanecen como planes a futuro, sin avances palpables en la ciudad.

Uno de los principales obstáculos ha sido el incumplimiento de los concesionarios en aspectos clave como la renovación de unidades, el respeto a las rutas y la puntualidad en los horarios. No obstante, los propios transportistas han señalado que las limitantes para cumplir con estas obligaciones son múltiples. Entre ellas, destacan los elevados costos de mantenimiento especializado que requieren las unidades más modernas, así como la falta de recursos para adquirir nuevos modelos.

Además, la diversidad de marcas de autobuses en operación complica la planeación del mantenimiento, lo cual incrementa los costos operativos. A esto se suma la escasa participación del gobierno municipal en la adquisición o subsidio de nuevas unidades, lo que frena una posible modernización del parque vehicular.

El mal estado de las vialidades también representa un desafío. Baches, caminos irregulares y la falta de mantenimiento en zonas periféricas afectan la operatividad de las rutas. En algunos casos, la baja afluencia de pasajeros en ciertas zonas vuelve insostenible la prestación del servicio.

Advertisement

Frente a este panorama, la alcaldesa Samantha Smith ha señalado que se evalúa lanzar una nueva convocatoria para otorgar concesiones a empresas con mayor solvencia económica, con el objetivo de mejorar la calidad del servicio y avanzar hacia un modelo de movilidad más justo e incluyente.

Sin embargo, el proceso de renovación de concesiones se ha visto retrasado debido a la falta de estudios técnicos y a la transición administrativa de Fondos Guanajuato a la nueva dependencia estatal “Tú Puedes Guanajuato”, lo que ha generado incertidumbre tanto entre concesionarios como entre la ciudadanía.

Aunque se han realizado foros ciudadanos y se trabaja en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), lo cierto es que, a un año de gobierno, los cambios prometidos no se han materializado, y el transporte público continúa siendo una fuente de quejas constantes para la población.

Mientras tanto, el costo del transporte sigue en aumento, sin que se refleje una mejora en el servicio, lo que alimenta la percepción de un sistema cada vez más ineficiente y alejado de las necesidades reales de los usuarios.