Guanajuato, Gto.- El túnel Porfirio Díaz es uno de los primeros túneles, sino es que el primero, de la ciudad de Guanajuato. Su construcción empezó en 1883 durante el mandato de Porfirio Díaz y su propósito inicial era solucionar la problemática de las inundaciones que afectaban reiteradamente la ciudad, ya que el río de Guanajuato se desbordaba en épocas de lluvias.

Se diseñó de tal forma que la estructura lograra canalizar el agua del río a la subterránea y así evitar que las calles se inundaran y era una gran obre de ingeniería de la época. Sin embargo, debido a la falta de recursos y varios problemas técnicos, su construcción fue suspendida en 1885, pero se retomó en 1906 y finalmente se terminó en 1908.

Este túnel recorre desde el Cerro de San Miguel hasta lo que hoy se le conoce como el Mercado de Embajadoras, atraviesa la ciudad debajo calles importantes de la ciudad, conectando con varias zonas que históricamente se veían afectadas por las inundaciones.

El túnel es uno de los más largos de la ciudad y durante muchos años cumplió su función de drenaje, pero con el paso del tiempo, esta construcción comenzó a deteriorarse debido a la falta de mantenimiento y su utilidad disminuyó.

Actualmente se mantiene cerrado para evitar accidentes y es considerado como parte del patrimonio histórico de la ciudad, pero debido a su estado, ya no cumple con su función original.

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Con un costo de 2 millones de pesos, el gobierno municipal anunció la instalación de un nuevo “Mercado Temporal” en la zona de Las Lamas, en el Cerro del Cuarto. La propuesta, presentada como una herramienta de desarrollo económico para la comunidad, despertó más dudas que entusiasmo entre los habitantes.

La promesa oficial es clara: crear un espacio comercial que detone la economía local y mejore la calidad de vida de los vecinos. Sin embargo, el anuncio fue recibido con escepticismo, debido a experiencias previas que no solo fracasaron, sino que dejaron desconfianza en la comunidad.

Una de las principales críticas recae sobre el trasfondo político del proyecto. Quien lo impulsa es la alcaldesa Samantha Smith, figura pública que ha sido señalada en otras ocasiones por aplicar políticas públicas con tintes clientelares. A esta percepción contribuyen los antecedentes: en administraciones anteriores, obras con propósitos similares quedaron en el abandono o resultaron económicamente inviables.

La presentación del proyecto corrió a cargo de la regidora Myriam de Jesús Balderas Figueroa y el regidor José Carlos Domínguez López Velarde, ambos integrantes del PAN. La narrativa oficial gira en torno al impulso económico, pero la experiencia genera una lectura distinta: la de una población que ha sido objeto de promesas cíclicas que rara vez se concretan en beneficios duraderos.

El ejemplo más cercano y que pesa como antecedente, es el del llamado “Mercadito de la Ex Estación del Ferrocarril”, inaugurado durante el gobierno de Alejandro Navarro, esposo de la actual presidenta municipal. Aquel proyecto implicó una inversión cercana a los 7 millones de pesos, y aunque se presentó como una obra de infraestructura de calidad, hoy permanece con locales vacíos, baja actividad comercial y escaso mantenimiento, convertido en símbolo de abandono institucional.

La similitud estructural y narrativa entre ambos mercados llamó ya la atención de observadores y habitantes por igual. Las preguntas sin responder son muchas:

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¿Se corrigieron los errores cometidos en la Ex Estación? ¿El mercado responde a una necesidad auténtica o a una estrategia clientelar anticipada? ¿Se garantizará acceso equitativo a los comerciantes o habrá condiciones que dificulten su participación? ¿Existe un plan de sostenibilidad real que justifique la inversión pública? ¿Por qué no se han hecho públicos estudios técnicos o diagnósticos previos?

Asimismo, se suma un dato revelador: durante las primeras reuniones informativas, se anunció a las comerciantes que debían adquirir una sombrilla con un costo de 600 pesos, lo cual alimenta la percepción de que el proyecto tiene una motivación comercial inmediata, antes que una vocación de servicio público.

Además, no se presentaron estudios de factibilidad técnica, diagnósticos económicos ni análisis sociales previos que sustenten la viabilidad del mercado. Esta ausencia de documentos públicos levanta sospechas de opacidad y no descarta la posibilidad de un desvío de recursos públicos, bajo el argumento de una obra social cuya ejecución, hasta el momento, carece de sustento riguroso.

Guanajuato, Gto. – Movimiento Ciudadano alzó la voz contra el proyecto de semaforización en la capital del estado promovido por la presidenta municipal Samantha Smith, al considerar innecesaria y sospechosa la inversión pública de más de 58 millones de pesos. Desde una postura firme como fuerza opositora, se anunció que el partido buscará alternativas para frenar esta decisión, al tiempo que exigirá transparencia en todo el proceso de licitación.

La delegada nacional de Movimiento Ciudadano en Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar, fue clara al señalar que no existe ningún estudio técnico o de impacto que respalde una inversión de esa magnitud, lo cual enciende las sospechas sobre un posible negocio disfrazado de obra pública.

Yulma Rocha detalló que se hizo una modificación presupuestaria apresurada, retirando recursos de áreas sensibles como seguridad pública y protección a la niñez, para reunir el monto necesario destinado a semáforos. Para Movimiento Ciudadano, esta maniobra refleja una decisión que carece de sentido social y utilidad pública, y podría estar motivada por intereses particulares ligados al poder.

La preocupación también gira en torno a la licitación del contrato: Movimiento Ciudadano anticipó que vigilará con lupa al beneficiario y que investigará posibles conexiones entre empresas filiales, como ha ocurrido en otros casos donde se triangulaban contratos mediante empresas vinculadas para evadir controles legales.

Mientras la licitación del proyecto de semaforización sigue su curso, Movimiento Ciudadano se declara en alerta, comprometido a transparentar cada paso del proceso y a impedir que se repita un patrón de corrupción institucionalizada que, según la dirigencia del partido, ya se ha normalizado en varios municipios de Guanajuato.

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