El presidente de Argentina, Javier Milei, firmó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que permitirá negar el ingreso o expulsar del país a extranjeros que promuevan mensajes de odio, inciten a la violencia o discriminen a ciudadanos argentinos por su nacionalidad. La medida ya entró en vigor, aunque posteriormente deberá ser revisada por el Congreso argentino.

El decreto también contempla sanciones para quienes realicen actos considerados como agravios contra los símbolos nacionales. Sin embargo, el Gobierno argentino aseguró que las críticas políticas, académicas o ideológicas seguirán protegidas por la libertad de expresión, por lo que no serán motivo de expulsión.

Milei justificó la decisión al señalar que existe una campaña de hostilidad contra Argentina y sostuvo que el Estado debe contar con herramientas para proteger a sus ciudadanos y su soberanía. La medida forma parte de una política migratoria más estricta impulsada por su administración.

El decreto ha generado un intenso debate dentro y fuera de Argentina. Mientras el Gobierno lo presenta como una medida de protección nacional, especialistas y organizaciones civiles advierten que algunos conceptos podrían prestarse a interpretaciones amplias y abrir la puerta a controversias sobre su aplicación.

A unas semanas de que inicie el ciclo escolar 2026-2027, la Secretaría de Educación Pública (SEP) lanzó una advertencia contundente: ninguna institución privada o pública podrá operar bajo las denominaciones “Militarizada”, “Militar”, “Castrense” o similares.

El titular de la SEP, Mario Delgado Carrillo, envió un comunicado a las autoridades educativas de los estados y la Ciudad de México para exigir una revisión exhaustiva de todos los permisos y Reconocimientos de Validez Oficial de Estudios (RVOE). La instrucción es clara: si detectan planteles funcionando bajo este esquema para el próximo 31 de agosto, deberán proceder con la suspensión inmediata y el inicio del trámite de clausura definitiva.

Para proteger a la comunidad estudiantil de los planteles que sean sancionados, las autoridades ordenaron la entrega inmediata de toda la documentación escolar (como certificados e historiales) para que puedan incorporarse a otra escuela sin perder el año. Además, las instituciones obligadas a cerrar tendrán que reembolsar al 100% los pagos de reinscripciones, útiles, uniformes y demás conceptos no devengados.

De acuerdo con el titular de la SEP y la visión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dentro de la Nueva Escuela Mexicana, estas modalidades son incompatibles con el Sistema Educativo Nacional, el cual busca promover la cultura de paz y la no v10lenc14. Las autoridades recordaron que la educación militar es exclusiva de la Secretaría de la Defensa Nacional para la formación de las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional.

El 27 de mayo de 2015 quedó marcado como el día en que el futbol mundial vivió uno de los episodios más polémicos de su historia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) destapó una red de corrupción que expuso cómo, durante más de dos décadas, altos dirigentes del futbol internacional y sus colaboradores participaron en un esquema de presuntos actos ilícitos que, de acuerdo con las investigaciones, se remontaba a 1991.

Todo comenzó en el lujoso hotel Baur au Lac, en Zúrich, Suiza. Ahí, la policía detuvo a siete altos directivos de la FIFA, acusados de recibir más de 150 millones de dólares en sobornos por parte de empresas de marketing a cambio de la concesión de derechos comerciales y de transmisión. Entre los detenidos figuraban los entonces vicepresidentes Jeffrey Webb y Eugenio Figueredo.

La ola de detenciones no terminó ahí. Jack Warner, expresidente de la CONCACAF, se entregó a las autoridades en Trinidad y Tobago, mientras que otros directivos y empresarios hicieron lo propio en Italia. Para diciembre de ese mismo año, una segunda acusación formal incluyó a otros 16 dirigentes de la CONMEBOL y la CONCACAF, entre ellos dos vicepresidentes más. Aunque ya existían antecedentes, como la detención del hijo de Warner en 2013, este caso reveló por primera vez la magnitud del esquema de corrupción dentro del organismo.

El negocio era multimillonario. Con activos por 2,932 millones de dólares y reservas por 1,523 millones, la FIFA administraba enormes recursos económicos. El 43 % de sus ingresos provenía de los derechos de televisión de la Copa del Mundo y el 29 % del marketing. Además, al estar registrada en Suiza como una organización sin fines de lucro, su carga fiscal era reducida. Tan solo en 2014 obtuvo ingresos récord por 2,096 millones de dólares y, entre 2011 y 2014, pagó alrededor de 75 millones de dólares en impuestos.

El escándalo también alcanzó la designación de las Copas del Mundo de Rusia 2018 y Qatar 2022. Una investigación de dos años, encabezada por el exfiscal estadounidense Michael García, dio origen a un informe de 350 páginas que describía una cultura marcada por la opacidad y los conflictos de interés. Incluso se reportó que un proveedor energético ruso pagó 80 millones de dólares para convertirse en socio comercial del Mundial de 2018. Sin embargo, la FIFA publicó únicamente un resumen de 42 páginas del informe, decisión que provocó la renuncia de García al considerar que su trabajo había sido tergiversado.

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A pesar del terremoto judicial, Joseph Blatter —quien no figuraba entre los primeros 14 acusados— fue reelegido para un quinto mandato apenas dos días después de los arrestos. No obstante, la presión internacional terminó por llevarlo a presentar su renuncia tres días más tarde, aunque permaneció en el cargo hasta la elección de su sucesor. Blatter rechazó asumir responsabilidad por los hechos y sostuvo que los dirigentes involucrados habían actuado por cuenta propia.