El Observatorio Ciudadano de Guanajuato ha emprendido una denuncia pública contra el municipio al señalar que, a casi un año del compromiso de construir un nuevo sitio de disposición final para los residuos, no se ha cumplido con la normativa ni con los plazos prometidos. Para esta agrupación, esto evidencia que el primer informe de gobierno de Samantha Smith, que se presenta hoy, no corresponderá con los resultados reales que la administración ha anunciado, particularmente en materia ambiental y de gestión de residuos.

Según los críticos, el municipio asumió un plazo de 12 meses para dejar de utilizar el tiradero actual y establecer un sitio adecuado conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM‑083‑SEMARNAT‑2003, que regula el diseño, operación y clausura de sitios de disposición final de residuos. Sin embargo, hasta ahora no hay obras sustanciales ni avances verificables que indiquen que se ha iniciado el cumplimiento de ese compromiso, lo que pone en duda la veracidad de los logros que se plasmarán en el informe.

El Observatorio advierte que en el informe oficial podría incluirse una exposición de metas cumplidas en infraestructura, medio ambiente o urbanismo, pero esas cifras estarían infladas o desconectadas de la realidad del basurero municipal. A su juicio, presentar esos datos como “éxitos” sin que existan acciones concretas —como clausura parcial del viejo tiradero, construcción de nuevas celdas o control de lixiviados— convierte al informe en un ejercicio propagandístico más que en una rendición de cuentas legítima.

Mientras tanto, el basurero municipal sigue siendo objeto de denuncias vecinales por malos olores, riesgos sanitarios y acumulación de residuos en condiciones al aire libre, lo cual refuerza la crítica de que el gobierno no ha atendido el problema de fondo. En ese contexto, la presentación hoy del informe marca un momento decisivo: ¿será un documento respaldado por hechos o simplemente una maqueta mediática para cubrir promesas incumplidas?

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Durante las celebraciones del Grito de Independencia, el 15 de septiembre, Alejandro Navarro, ex presidente municipal y esposo de la actual alcaldesa Samantha Smith, intentó desviar la atención culpando a los diputados de Morena Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo de financiar al “grupo de choque” que agredió a manifestantes el pasado sábado 13 de septiembre en el centro de la ciudad. Sin embargo, sus propias palabras lo hundieron: admitió tener conocimiento de la existencia de un tercer grupo de encapuchados organizados para reventar la manifestación.

Esa afirmación abre una nueva grieta en el discurso oficial. Si sabía de la operación de ese grupo, ¿por qué no denunció ante las autoridades competentes? ¿Por qué la policía municipal, bajo la administración de su esposa, no actuó para detenerlos?

Ahora, Navarro tendrá que ser llamado a declarar ante la justicia, pues su confesión lo coloca no solo como testigo privilegiado, sino como parte de un engranaje de protección política a la violencia.

Guanajuato capital arde de indignación. Lo que debía ser una manifestación pacífica el 13 de septiembre terminó convertido en un episodio de brutalidad. Un grupo de choque, señalado como organizado y tolerado por el exalcalde Alejandro Navarro Saldaña, atacó sin piedad a ciudadanas y ciudadanos que ejercían su derecho a la libre expresión.

De manera extraoficial trascendió que a los golpeadores les habrían pagado apenas 500 pesos por “reventar” la protesta. Muchos actuaron encapuchados, lo que confirma que no se trató de un acto espontáneo, sino de un operativo bien armado.

Lo más grave fue la actitud de la policía municipal. Aunque los agentes estuvieron presentes en el lugar, no movieron un dedo para detener las agresiones. Testigos afirman que recibieron órdenes expresas de no intervenir, lo que dejó vía libre para que la violencia se desatara con total impunidad.

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Mientras los manifestantes eran golpeados, los agresores coreaban consignas en favor de Samantha Smith, actual presidenta municipal y esposa de Navarro. Una escena grotesca: violencia disfrazada de respaldo político, una muestra de cómo el poder se aferra a sí mismo mediante la represión y la fuerza bruta.

Las declaraciones de Navarro lo ponen en la mira. Él mismo reconoció que hubo un “tercer grupo de encapuchados” que actuó como fuerza de choque. Al señalar que tuvo conocimiento de ello, quedó en evidencia que sabía de la operación y no lo denunció.

En sus propias palabras, culpó directamente a los diputados de Morena Ernesto Millán Soberanes y Hades Aguilar Castillo de financiar a esos grupos, pero al mismo tiempo aceptó que tuvo información directa de cómo se organizó la violencia.

Si sabía, ¿por qué calló? Si denunció públicamente, ¿por qué no lo hizo de manera legal, formal y en tiempo? Sus dichos lo convierten en actor corresponsable y no en un simple observador.

•Lo que esperan los ciudadanos es que esas piezas originales vuelvan a ocupar su sitio, y no sean sustituidas por materiales que rompan con la armonía del entorno.

Entre la Ex Estación del Ferrocarril, Banqueta Alta, Los Pastitos y el emblemático Jardín del Cantador, se esconde un rincón que ha sobrevivido al paso del tiempo: Las Terrazas. Un espacio arbolado que no solo forma parte del paisaje urbano, sino que también es memoria viva de generaciones enteras que crecieron bajo su sombra.

Durante décadas, este jardín fue punto de encuentro para familias, estudiantes y viajeros que transitaban la ciudad. Su cercanía con la estación del ferrocarril le otorgaba un carácter único: el bullicio de quienes llegaban se mezclaba con el sosiego de quienes encontraban ahí un respiro de la vida cotidiana.

Pero la historia de Guanajuato capital también está marcada por el abandono de sus áreas verdes y la transformación de su esencia. Ejemplo de ello es el Jardín Florencio Antillón, recordado por su piso de cantera y los bordes de piedra bola extraída de cerros y ríos guanajuatenses. Material que incluso fue reconocido en crónicas históricas. ¿Quién no recuerda cuando la ciudad era reconocida por sus calles empedradas y edificaciones de cantera? Las bancas coloniales de hierro forjado y madera daban un toque rústico único a ese parque en la Presa de la Olla.

Esa imagen, sin embargo, se ha ido diluyendo. Las calles empedradas han sido sustituidas por pórfido rojo, arrebatando poco a poco la identidad que llevó a la capital a obtener el nombramiento de Ciudad Patrimonio Cultural de la Humanidad en 1988.

Gobiernos vienen y gobiernos van. Y con ellos, obras públicas que se presentan como justificación del gasto del presupuesto. Pero tampoco es un secreto que detrás de esas licitaciones existen los llamados “moches”. El costo, más allá del dinero, es la destrucción de la ciudad, de su esencia, de su legado y de su arquitectura tradicional.

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Bajo este contexto, la supuesta rehabilitación de Las Terrazas ha generado críticas. Lo que debía ser un proyecto de recuperación del patrimonio, se ha convertido en un tema de inconformidad ciudadana. Las nuevas bancas, más parecidas a bloques de cemento que a mobiliario urbano, no invitan al descanso. Sin respaldo y con un diseño incómodo, excluyen a adultos mayores y personas con discapacidad. ¿No que Guanajuato se presumía como una ciudad incluyente? No creooo!

Las piedras y cantera original del jardín permanecen amontonadas. En su lugar, se ha comenzado a instalar cantera gris en los bordes de las jardineras. El temor de los guanajuatenses es claro: que se pierda el atractivo visual de Las Terrazas, que desaparezca su estilo rústico. Lo que esperan los ciudadanos es que esas piezas originales vuelvan a ocupar su sitio, y no sean sustituidas por materiales que rompan con la armonía del entorno.

La opacidad también está presente. En el lugar no se pudo apreciar ninguna información en el pizarrón de presupuesto, herramienta obligada para detallar cómo se invierten los recursos públicos. Esa información permite a la ciudadanía saber cuánto se ha gastado y en qué. Sin transparencia no hay confianza, y el gobierno municipal de Guanajuato, en este caso, no está cumpliendo.

En una ciudad como Guanajuato capital, los proyectos de intervención deben estar acompañados por especialistas en conservación del patrimonio histórico y cultural. No se pueden permitir obras improvisadas que ponen en riesgo lo que durante siglos ha dado identidad y orgullo a los guanajuatenses.

Porque Las Terrazas no son solo un jardín. Son un testigo silencioso del pasado que ahora corre el riesgo de ser borrado por decisiones apresuradas y visiones modernas que poco entienden de historia.

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