Villagrán, Gto. – El robo de hidrocarburos, mejor conocido como huachicoleo, sigue siendo uno de los delitos de mayor impacto económico y social en Guanajuato. De acuerdo con datos de Petróleos Mexicanos (Pemex), la entidad se mantiene entre las de mayor número de tomas clandestinas detectadas a nivel nacional, lo que convierte este tipo de aseguramientos en un golpe relevante contra las finanzas del crimen organizado.

El día de hoy, 25 de agosto hubo un operativo por parte Coordinación Operativa de la Nueva Fuerza de Inteligencia Anticrimen (CONFIA), elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado (FSPE) aseguraron un tractocamión tipo pipa cargado con 22 mil litros de combustible, el cual contaba con reporte de robo vigente.

El hallazgo ocurrió en la comunidad de San Salvador Torrecillas, donde personal operativo detectó un Kenworth modelo 2018, color blanco, aparentemente abandonado sobre la calle José María Morelos. Tras verificar en el sistema C5i estatal, se confirmó que la unidad estaba reportada como robada y transportaba hidrocarburo presuntamente ilícito.

Tanto el vehículo como el combustible fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Celaya, para el inicio de las investigaciones correspondientes en materia de delitos relacionados con hidrocarburos.

La Secretaría de Seguridad y Paz del Estado señaló que este decomiso forma parte de la estrategia CONFIA, un esquema de coordinación entre autoridades federales, estatales y municipales para inhibir el robo de hidrocarburos y el trasiego ilegal de combustibles.

El operativo busca también el desmantelamiento de tomas clandestinas, así como la protección de la seguridad energética y de las comunidades afectadas por la operación de grupos criminales dedicados al huachicol.

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Guanajuato, Gto.- El Ayuntamiento de Guanajuato, encabezado por la alcaldesa Samantha Smith, aprobó destinar 305 mil pesos a un guion museográfico para el Museo de las Momias, en Santa Paula. Aunque se presenta como un paso histórico y bajo la asesoría del INAH, la medida revive viejas prácticas: destinar recursos sin que exista claridad sobre los proyectos, mientras los cuerpos momificados han sido víctimas de daños documentados desde mayo de 2024 durante la administración municipal.

Hoy, la promesa es “cuidarlas” y “revalorizar su exhibición”, pero la historia reciente demuestra lo contrario.

El guion museográfico contempla un diagnóstico, propuestas de conservación, mobiliario y diseño gráfico, pero surge una pregunta clave: ¿por qué hasta ahora se plantea un plan integral, cuando desde 2023 con Alejandro Navarro al frente del municipio ya se había anunciado un proyecto similar para transformar el museo? Donde se invertirían 800 mil pesos, en aquel entonces se habló de modernizar la museografía y mejorar la experiencia turística, pero lo que siguió fueron improvisaciones que, según la Secretaría de Cultura y el INAH, dañaron a los cuerpos momificados.

La narrativa oficial intenta vender esta aprobación como un “avance”, pero en realidad parece otro episodio de la misma telenovela política: reciclaje de proyectos, contratos a modo y promesas incumplidas. Mientras se inyectan recursos en diagnósticos y guiones, la ciudad sigue sin respuestas sobre la responsabilidad de quienes permitieron la manipulación indebida de las momias y su deterioro. En vez de rendir cuentas, se construye un nuevo discurso, ahora bajo la figura de Samantha Smith, pero con la misma lógica que en la gestión de Navarro.

El verdadero problema no es la falta de guion museográfico, sino la falta de visión y respeto patrimonial. Convertir a las momias en “atracción de temporada” y justificar cada gasto como un “pasito más” muestra que el interés no es proteger el legado histórico, sino explotarlo turísticamente. Mientras tanto, los guanajuatenses ven cómo se repiten los vicios: recursos públicos destinados a proyectos que nunca terminan de cuajar y cuerpos momificados que siguen siendo tratados como mercancía cultural.

Con este nuevo anuncio, el gobierno municipal busca legitimarse ante la polémica, pero la contranarrativa es clara: la memoria de las momias se sigue gestionando a golpe de ocurrencias políticas y contratos millonarios, sin que haya una verdadera política de preservación. La pregunta que queda en el aire es incómoda: ¿quién se hace responsable de los daños ya causados, mientras se gasta más dinero público en promesas que parecen no tener fin?

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En el Congreso del Estado de Guanajuato se presentó una iniciativa de reforma al Código Penal local con el propósito de incrementar las sanciones contra el delito de cobranza extrajudicial ilícita, incluyendo la agravante cuando en estos hechos participen servidores públicos. La propuesta fue impulsada por el diputado local del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Arias Ávila.

La iniciativa plantea modificar el artículo 176 a del Código Penal estatal con el objetivo de elevar las penas de prisión de tres a seis años, así como multas que irían de veinte a sesenta días.

De manera particular, se propone que las sanciones se endurezcan cuando los cobros violentos o intimidatorios sean cometidos con la intervención de policías u otros servidores públicos, quienes en algunos casos han sido señalados de colaborar con las redes delictivas dedicadas a este tipo de extorsiones.

La modalidad de extorsión conocida como “gota a gota” mantiene en jaque a los pequeños comerciantes de Guanajuato capital, especialmente a tianguistas y a quienes tienen puestos fijos y semifijos en los mercados.

Bajo este esquema, los deudores adquieren préstamos con intereses diarios o semanales prácticamente impagables y, al no poder cubrirlos, enfrentan hostigamiento, amenazas e incluso agresiones físicas.

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Las autoridades han detectado que grupos de colombianos son los responsable de este delito en Guanajuato capital, lo que ha generado un clima de temor entre los locatarios y ha colocado a la ciudad en el centro de un fenómeno que ya no se limita al estado.

En su exposición de motivos, Alejandro Arias Ávila subrayó que estos préstamos usureros aparentemente accesibles son en realidad un mecanismo de sometimiento que atrapa a comerciantes y familias de bajos recursos en una espiral de deuda y violencia.

El legislador recordó que en 2024 su grupo parlamentario presentó una iniciativa similar, archivada este año tras observaciones del Poder Judicial, pero advirtió que el problema ha escalado y que es indispensable reforzar el marco jurídico para enfrentar esta forma de extorsión.

El proyecto no sólo contempla penas de prisión más severas, sino también la imposibilidad de que los responsables se beneficien de salidas alternas como la suspensión condicional del proceso.

Además, se busca sancionar con mayor rigor cuando se acredite la participación de servidores públicos, ya que su colusión con los grupos delictivos profundiza el daño social y mina la confianza en las instituciones.

Con esta iniciativa, el diputado Alejandro Arias Ávila pretende que el Congreso del Estado actúe con firmeza frente a una problemática que golpea con especial crudeza a los comerciantes de Guanajuato capital, pero que ya se extiende por el estado y el país como una amenaza creciente. La propuesta será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictamen.

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