Concesionarios del transporte público urbano de Guanajuato capital solicitaron formalmente al Ayuntamiento y a la presidenta municipal una reunión urgente para revisar el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), así como la reciente declaratoria de necesidad aprobada por el Cabildo.

A través de dos escritos entregados en marzo y septiembre de este año, han pedido una mesa de trabajo que hasta la fecha no ha sido atendida.

Los transportistas aseguran que existen inconsistencias y contradicciones entre los documentos técnicos que han servido de base para tomar decisiones recientes en materia de movilidad: el PIMUS, el diagnóstico de transporte público y el dictamen técnico de necesidad. Estas diferencias, afirman, podrían poner en riesgo la viabilidad operativa del sistema de transporte y generar impactos económicos negativos tanto para concesionarios como para los usuarios.

Uno de los principales puntos de preocupación es que se plantea una supuesta sobreoferta de unidades y rutas sin que se hayan realizado estudios actualizados que reflejen la realidad de la demanda. Temen que una mala interpretación de los datos conlleve a una convocatoria mal planteada para nuevas concesiones, lo cual podría afectar la calidad del servicio, elevar los costos de operación y, en consecuencia, las tarifas para la ciudadanía.

Además, señalaron que muchos de los concesionarios actuales no cuentan con la capacidad financiera para renovar sus unidades sin apoyos institucionales, lo que agravaría el problema si se exigieran nuevas inversiones sin una estrategia clara. También se mostraron preocupados por la posibilidad de que actores externos al sistema actual sean incluidos en futuras licitaciones sin condiciones equitativas.

Los representantes del transporte reiteraron su disposición al diálogo y al trabajo conjunto con las autoridades, pero insistieron en la necesidad de transparencia, participación y una planeación basada en datos reales y criterios técnicos confiables. “Queremos colaborar en la mejora del servicio, pero necesitamos que se escuche nuestra voz y que las decisiones se tomen con fundamento y responsabilidad social”, indicaron.

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El Congreso del Estado de Guanajuato aprobó por unanimidad reformas a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, con el objetivo de robustecer el funcionamiento del Consejo Estatal encargado de garantizar la seguridad y libertad de estos grupos.

Una de las modificaciones clave es la incorporación de los titulares de la Secretaría de Derechos Humanos y la Secretaría de la Honestidad como integrantes permanentes del Consejo, lo que se prevé fortalecerá la coordinación interinstitucional para la atención de riesgos y agresiones.

Entre las nuevas disposiciones, se establece que el Consejo sesionará ordinariamente cada dos meses y de manera extraordinaria cuando lo convoque su presidencia o lo solicite la mayoría de sus integrantes. Además, cada miembro podrá designar un suplente con conocimiento en la materia, y se requerirá que los titulares de las dependencias acudan al menos al 50% de las sesiones.

Otro punto relevante es que el Consejo deberá convocar obligatoriamente a autoridades estatales y municipales involucradas en la aplicación de medidas, quienes tendrán derecho a voz en las sesiones.

Las reformas también amplían las atribuciones del Consejo Estatal, al facultarlo para emitir pronunciamientos y exhortos en casos donde existan riesgos para la libertad de expresión o amenazas contra la integridad de periodistas y defensores. Asimismo, deberá dar seguimiento a denuncias ante el Ministerio Público y a quejas presentadas ante organismos de derechos humanos relacionadas con agresiones vinculadas al ejercicio de estas labores. Se contempla como agresión incluso el uso de recursos públicos por parte de funcionarios para intimidar o dañar a estos actores sociales.

Durante la discusión legislativa, diputadas de distintos partidos coincidieron en que la reforma responde a una realidad preocupante en la entidad. La priista Ruth Noemí Tiscareño reconoció que en Guanajuato el periodismo y la defensa de los derechos humanos se ejercen bajo condiciones de alto riesgo, por lo que esta modificación es un paso hacia el acceso a la justicia y la protección efectiva.

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Por su parte, la panista Ana María Esquivel subrayó la valentía que implica ejercer estas profesiones en el país, y respaldó la incorporación de nuevos actores como la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas, para atender integralmente situaciones de riesgo y violencia.

Los Ángeles, California. – Guanajuato participa en la feria internacional del libro “Leer es pertenecer: Guanajuato en Los Ángeles 2025”, con una amplia muestra literaria y artística encabezada por el sello Editorial La Rana.

La secretaria de Cultura, Lizeth Galván Cortés, acompaña a escritoras, escritores, ilustradores y músicos en las distintas actividades de la feria. El evento abrió sus puertas este 25 de septiembre, consolidando la presencia del estado en un foro internacional que conecta identidad, memoria y derechos de los guanajuatenses en el exterior.

Entre las presentaciones editoriales destaca No fue un sueño, de Marla Estrada, obra dirigida a familias que promueve la empatía, la solidaridad y los valores humanos. Asimismo, se llevarán a cabo lecturas de autor y recitales poéticos con voces como Edurne Villanueva, Macaria España, Sara Muñoz, Minerva Reynosa, Aideed Medina y Héctor son of hector, junto con talentos guanajuatenses como David Uriel Martínez Varela y poetas residentes en Los Ángeles.

La programación se complementa con espectáculos musicales y escénicos, entre ellos ChimalmAnimales, que combina composiciones de artistas locales con poesía ilustrada en un montaje participativo para niñas y niños.

En el área editorial, el público encontrará títulos de Ediciones La Rana, el Fondo Editorial Guanajuato y casas independientes, lo que amplía el acceso a la literatura guanajuatense más allá de fronteras.

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