Guanajuato, Gto., 10 septiembre 2025. – El fraccionamiento La Cucursola, impulsado por la empresa Loma de Irapuato S.A. de C.V. en la Sierra de Santa Rosa, enfrenta un nuevo capítulo legal luego de que la promotora interpusiera tres juicios de amparo para intentar revertir el aseguramiento del predio ordenado por la Fiscalía General de la República (FGR).

El operativo se realizó el pasado 30 de julio en el terreno conocido como La Rosita. Agentes de la FGR, con apoyo de fuerzas estatales, aseguraron el fraccionamiento al identificar delitos contra el ambiente y la gestión ambiental. De acuerdo con la denuncia presentada en febrero de 2023, la obra carece de la autorización de impacto ambiental y del estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal, documentos obligatorios de acuerdo con la Ley General de Equilibrio Ecológico y la Ley de Desarrollo Forestal Sustentable.

En respuesta a la medida, la empresa presentó los expedientes 1315/2025-I y 1115/2025 ante el Juzgado Primero de Distrito en Guanajuato, así como el 1149/2025 en el Juzgado Segundo de Distrito. De acuerdo con organizaciones ambientalistas, estos recursos representan una estrategia para retrasar el proceso de justicia ambiental, práctica que ya se había utilizado anteriormente en este mismo caso.

La historia se remonta a 2020, cuando la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró parcialmente las obras por tala ilegal de árboles y la ausencia de permisos. En aquel entonces, la empresa consiguió el amparo 145/2020, lo que le permitió continuar con la construcción y la venta de predios, pese a la orden de suspensión. Aunque la resolución judicial aclaraba que Profepa podía realizar nuevas inspecciones y volver a imponer medidas de seguridad, estas nunca se llevaron a cabo.

El caso involucra a personajes de la política local. Entre los señalados se encuentran el exdiputado federal del PAN, Sergio Fernando Asencio Barba, propietario del fraccionamiento; el exalcalde de Guanajuato, Mario Alejandro Navarro Saldaña, esposo de la actual presidenta municipal Samantha Smith; y Juan Carlos Delgado Zárate, exdirector de Medio Ambiente. A ellos se les atribuye haber facilitado autorizaciones municipales de forma irregular para permitir el avance del proyecto.

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La Sierra de Santa Rosa, donde se ubica el desarrollo, es reconocida por su riqueza ecológica y por albergar especies protegidas. Ambientalistas han denunciado que la urbanización ha interrumpido rutas migratorias de fauna silvestre, además de generar un deterioro en uno de los principales pulmones naturales de la capital del estado.

Ante la intervención de la FGR, colectivos como Acción Colectiva y el Movimiento Colibríes de Guanajuato calificaron la medida como un avance en la defensa del patrimonio natural de la ciudad. Sin embargo, advirtieron que el recurso al amparo, en este y otros casos, ha funcionado como un mecanismo para legitimar la impunidad ambiental.

Actualmente, el proceso se encuentra en manos del Poder Judicial de la Federación, que deberá determinar si los amparos proceden o si se mantiene el aseguramiento del predio. Organizaciones ciudadanas han hecho un llamado a que los jueces actúen con independencia, rigor técnico y perspectiva ambiental, subrayando que el derecho humano a un medio ambiente sano debe prevalecer frente a los intereses privados.

Ciudad de México. – El Gobierno de México, a través de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, anunció que se estudia una reforma constitucional para atender los casos de pensiones millonarias otorgadas a exfuncionarios de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la extinta Luz y Fuerza del Centro en Liquidación (LyFCL), cuyos montos superan incluso el salario neto de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria calificó estas pensiones como “ofensivas” y subrayó que representan una carga injustificada para el erario. Invitó a los beneficiarios a acercarse a la Secretaría Anticorrupción para llegar a un acuerdo voluntario que permita reducir dichas percepciones a niveles más modestos.

“Estamos analizando cambios constitucionales porque hay pensiones de hasta un millón de pesos mensuales. Mientras miles de trabajadores quedaron en el abandono tras la liquidación de Luz y Fuerza, algunos exfuncionarios gozan de privilegios heredados del periodo neoliberal”, expresó en conferencia matutina.

La titular de la dependencia, Raquel Buenrostro Sánchez, detalló que en Luz y Fuerza del Centro se eroga anualmente 28 mil 074 millones de pesos para 14 mil 73 extrabajadores, de los cuales 9 mil 457 (67%) reciben entre 100 mil y un millón de pesos. Entre ellos, 3 mil 504 jubilados superan el ingreso neto de la presidenta de la República.

En Pemex, el gasto anual asciende a 24 mil 844 millones de pesos destinados a 22 mil 316 jubilados. De este total, 544 perciben más que la jefa del Ejecutivo, lo que representa 1,827 millones de pesos, mientras que 618 jubilados reciben más que el propio director general de la empresa.

El Gobierno instaló mesas de trabajo con el IMSS, ISSSTE, SHCP, Pemex, CFE, Renapo, el INDEP y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal para revisar la legalidad de estos pagos y actualizar padrones. También se implementarán medidas como:

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• actualización de expedientes y requisitos de pase de supervivencia,
• convenios con registros civiles para depurar los padrones,
• y una revisión constitucional para fortalecer la coordinación con autoridades estatales.

La Comisión Estatal de Atención a Víctimas (CEAV) vive una crisis de credibilidad: en solo dos meses acumuló 23 recomendaciones de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato (PDHEG). La mayor cifra registrada contra una sola institución en tan corto plazo.

Detrás de estos números hay 160 víctimas —familiares de desaparecidos, dolientes de hechos violentos y ciudadanos que claman ayuda— que enfrentaron omisiones, retrasos y puertas cerradas.

El organismo creado para proteger y reparar el daño hoy aparece como el más señalado por vulnerar derechos. Mientras tanto, su funcionamiento es cuestionado incluso por la propia Prodheg, que reveló un patrón preocupante: la CEAV se ha convertido en terreno fértil para gestores y terceros que “bombardean” con quejas para forzar la entrega de recursos, lo que evidencia un esquema donde la necesidad de las víctimas se mezcla con el oportunismo y la ineficacia institucional.

La paradoja es brutal: en 2025, el Fondo de Atención a Víctimas recibirá 80 millones de pesos, el doble que el año pasado, pero los testimonios siguen denunciando trabas burocráticas y apoyos limitados. El dinero aumenta, pero no la confianza.

La CEAV no solo enfrenta un problema administrativo, sino un descrédito público que la coloca en el ojo del huracán. En lugar de ser refugio para quienes cargan con la violencia, se ha convertido en un símbolo de la incapacidad estatal para atender a las víctimas con dignidad, justicia y eficacia.

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