Guanajuato, Gto.- Las y los diputados de Morena, junto con una legisladora del Partido del Trabajo, presentaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una acción de inconstitucionalidad contra la autorización de deuda pública por hasta 4 mil millones de pesos aprobada por el Congreso de Guanajuato al Gobierno de Guanajuato para financiar proyectos municipales.

La impugnación se dirige específicamente contra disposiciones de los decretos 164 y 165 al considerar que permiten endeudamiento sin claridad sobre el destino de los recursos.

Según los promoventes, la solicitud estatal solo incluyó rubros generales como educación, salud, seguridad, movilidad y desarrollo social sin detallar obras concretas, metas medibles ni proyectos ejecutivos, lo que impediría verificar el uso real del dinero público. Además, señalaron que se autorizó realizar “movimientos compensados” entre partidas, mecanismo que, afirman, equivale a un cheque en blanco y debilita el control legislativo sobre el manejo del crédito.

Mientras el máximo tribunal resuelve el caso, las normas impugnadas siguen vigentes y el estado ya lanzó una licitación para contratar tres créditos que podrían pagarse en plazos de hasta 20 años, comprometiendo participaciones federales futuras.

Morena y PT sostienen que, si la Corte les da la razón, se establecerá un precedente para obligar a que cualquier deuda pública se apruebe con reglas claras, destino definido y mecanismos efectivos de transparencia y rendición de cuentas.

Guanajuato, Gto.- Tras el fin de semana de vacunación en contra del sarampión en cuatro macrocentros ubicados en Celaya, león, Silao e Irapuato, se reporta un total de 522 mil 748 dosis aplicadas en el estado desde abril del 2025 hasta la fecha.

Gabriel Cortés Alcalá anunció que esta estrategia ha tendido un buen recibimiento por parte de la ciudadanía guanajuatense para protegerse en contra del sarampión. Agregó, además, que el estado cuenta con 300 mil dosis y que estas yacen en centros de salud estratégicos para su correcta distribución.

El secretario de salud explicó que la dosis cero se aplica a niños y niñas de 6 a 11 años de edad cumplidos esta dosis no cuenta como parte del esquema básico.  La vacunación se centra en menores de 1 a 9 años de edad de la siguiente manera: La primera se debe aplicar a los 12 meses de edad cumplidos y un refuerzo a los 18 meses y 6 años de edad (si nació antes de julio de 2020).

Es importante revisar la Cartilla de Vacunación en caso de no contar con el esquema completo es importante aplicar una dosis de refuerzo.

La vacuna contra el sarampión se debe aplicar a personas de 10 a 49 años de edad en caso de no haber recibido ninguna dosis durante la infancia o si el esquema está incompleto. Mayores de 50 años es importante que sepan que antes de los años 70s había una alta circulación del virus por lo que es muy probable que quienes pertenecen a este grupo etario se hayan enfermado o ya hayan sido vacunados, generando que porten inmunidad.

Advertisement

El grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano en el Congreso local presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de Guanajuato con el objetivo de eliminar la penalización del aborto voluntario y ajustar la normativa estatal a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Durante la exposición de motivos, la diputada Sandra Alicia Pedroza Orozco señaló que a lo largo de la LXVI Legislatura se han promovido distintas propuestas encaminadas a retirar las sanciones penales al aborto voluntario y a establecer un marco legal que garantice una política integral en materia de educación y salud sexual y reproductiva en la entidad.

La legisladora sostuvo que, pese a los avances en contenidos de educación sexual en el nivel básico, persisten prácticas de criminalización, persecución y estigmatización hacia quienes deciden no ejercer la maternidad, por lo que consideró que la agenda de derechos reproductivos y de acceso a la salud para niñas, adolescentes y mujeres en Guanajuato sigue pendiente.

Recordó que el 16 de diciembre de 2025 el Congreso del Estado fue notificado de la admisión a trámite de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad 16/2025, así como de la resolución dictada por la SCJN en el Amparo en Revisión 525/2024, mediante la cual se invalidaron diversos artículos del Código Penal estatal relacionados con el delito de aborto voluntario.

En este contexto, Pedroza Orozco argumentó que resulta necesario presentar una nueva iniciativa alineada con el parámetro de regularidad constitucional definido por el máximo tribunal, a fin de superar los obstáculos advertidos en intentos anteriores y armonizar el marco jurídico local con los estándares constitucionales vigentes en materia de derechos sexuales y reproductivos.

Advertisement

La diputada enfatizó que la propuesta no plantea la creación de un nuevo esquema penal ni excede lo ordenado por la Corte, sino que elimina del ordenamiento estatal las disposiciones declaradas inválidas. Asimismo, puntualizó que la despenalización no impone a ninguna persona la práctica del aborto ni contraviene convicciones individuales, sino que busca reconocer una realidad social y evitar la criminalización de niñas, adolescentes, mujeres y personas gestantes.